Joaquim Bosch,
portavoz de Jueces para la Democracia participa en un acto del Frente
Cívico-Valencia, donde se presenta el Manifiesto Jurídico de la organización
“Los
poderes financieros han roto el contrato social y el poder político lo ha
consentido”
16-01-2014
Es
un magistrado que habla de política. Y habla claro. Forma parte de un estamento
–el de las Togas- esencialmente conservador, corporativista y con poca
querencia por la igualdad económica y social. Sin embargo, Joaquim Bosch,
portavoz de Jueces para la Democracia, pergeña razonamientos como éste: “Los
poderes financieros han roto el consenso, el contrato social, y lo han hecho
con el consentimiento del poder político; el poder financiero ya no admite la
igualdad de partida de todos los ciudadanos; éste es el modelo del Tea Party:
el que no tenga recursos, que viva en la calle, en una tienda de campaña”.
El
jurista ha participado en un acto del Frente Cívico-Somos Mayoría de Valencia,
titulado “El desmantelamiento del estado de derecho”, en el Paraninfo de la
Universitat de Valéncia.
En
el acto se ha presentado la propuesta de actuación jurídica del Frente Cívico
(“Justicia, derechos y rebeldía”). En la misma se plantea -además de la
necesidad de la desobediencia civil, el deber de rebeldía y el ejercicio de los
derechos y libertades ciudadanas (entre otros, el voto consciente)- la
apelación a jueces concretos exigiendo el cumplimiento de las leyes. Se
propone, para cumplir con este último punto, la creación de un Frente Jurídico,
que coordine los esfuerzos que diariamente realizan numerosos abogados, jueces
y fiscales en el conjunto del estado; también, el diseño de un “banco” de
recursos y herramientas jurídicas; Por último, se avanza la posibilidad de
personarse en casos penales abiertos y la interposición de querellas y acciones
judiciales.
Además,
el miembro del Frente Cívico de Valencia, Héctor Illueca, ha procedido a la
lectura del Manifiesto Jurídico de la organización, en el que se afirma que la
situación que atraviesa el país “no es conforme con el espíritu y la letra de
la Constitución de 1978”. Es el momento, se afirma, de “hacer pedagogía y
sentirnos muy unidos a los ciudadanos” y de “poner a su servicio todas las
herramientas jurídicas a nuestro alcance: abogados, procuradores, jueces,
fiscales, colegios y también desde el ámbito académico”. Se incluye en el
manifiesto esta paladina declaración de principios: “La ley no puede ser
aplicada con todo su rigor a la mayoría y pisoteada cuando sus destinatarios
están situados en las más altas instancias”.
La
reforma del Código Penal anunciada por el gobierno prevé supuestos que
anteriormente no existían. Por ejemplo, la posibilidad de prisión por la
ocupación pacífica de una sede bancaria (imagínese una acción de los yayoflautas);
lo que realmente se está haciendo, a juicio de Joaquim Bosch, “es criminalizar
la libertad de expresión”. También se establece la posibilidad de pena de
prisión para los casos en que se comparta en las redes
sociales la convocatoria de manifestaciones que pudieran “alterar el orden
público”. “Estas reformas no tienen nada de inocentes”, afirma
el magistrado. “Todo ello responde a que el desgaste del gobierno y del poder
financiero viene por obra de los ciudadanos y de los activistas, no de la
oposición parlamentaria; y son muy conscientes de ello”, apunta el jurista. Es
decir, en el punto de mira se encuentran el 15-M, la PAH o las “mareas”, a las
que se trata de sofrenar.
“Es
una manera de blindarse de las críticas y del desgaste por parte de los movimientos
sociales”, insiste el portavoz de Jueces para la Democracia. Es el sentido que
tienen, en la Ley de Seguridad Ciudadana, las multas de hasta 600.000 euros por
manifestarse pacíficamente frente a edificios públicos como el Congreso de los
Diputados. Jueces como Santiago Pedraz resolvieron en su día que la
convocatoria del 25-S “Rodea el Congreso” no constituía un delito si se hacía
de modo pacífico; ni tampoco lo eran las acciones de protesta contra las
desahucios organizadas por la PAH. Ha ocurrido entonces que el gobierno, “ante
el fracaso de castigar estas acciones por la vía penal, las ha llevado a la vía
administrativa, buscando exclusivamente un efecto intimidatorio”, explica el
jurista. En un contexto de aguda crisis, se adicionan varios factores disuasorios:
el incremento de las cuantía de las multas (y la posibilidad de embargo de los
bienes si no se abonan) y el aumento de las tasas judiciales. Un aviso para la
ciudadanía crítica.
Lo
mismo ocurre con la grabación y difusión de imágenes de agentes de la policía
que se extralimiten en el curso de una manifestación, lo que se sanciona con
una multa de hasta 600.000 euros en la nueva legislación. “Esto es claramente
inconstitucional –afirma Bosch-, porque vulnera el derecho a la información; se
graba a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones en la vía
pública”. Por ello, explica el magistrado, “han sido muy cuidadosos y ambiguos
en la redacción”, al añadir esta coda: “si se atenta contra el honor y se pone
en riesgo la seguridad de los agentes”. Además, por desobediencia o resistencia
a la autoridad (a un policía en el ejercicio de sus funciones), el Anteproyecto
de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana promueve sanciones de
hasta 30.000 euros (actualmente, la cantidad oscila entre los 100 y 300 euros
después de que tenga lugar un juicio de faltas).
El
goteo de recortes en materia de derechos y libertades daría para horas de
análisis y sesudas disquisiciones entre juristas. Pero Joaquim Bosch da una
visión general que contribuye a aquilatar los efectos de la ofensiva. “Todo lo
que está ocurriendo desde finales de 2007 tiene mucho que ver con la dignidad
humana”, afirma. Esto se pierde de vista dada la familiaridad con que todos los
viernes los ciudadanos asisten, inermes, a un nuevo tajo en sus derechos. Sin
embargo, recuerda el magistrado, “hay un núcleo esencial de cada persona, del
que emanan sus derechos fundamentales, y que recoge de manera positiva la
Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948”.
Parecía
que en Europa, tras la segunda guerra mundial, se había llegado en cierto modo
a lo que el sociólogo danés Esping-Andersen denominaba “desmercantilización”
del ser humano. Un cierto freno al capitalismo salvaje y a la idea de que la
persona es una mera “cosa” al albur del mercado. Se entendía, por tanto, que el
ser humano requiere unos recursos básicos para desarrollarse. De ahí se deriva
el principio de igualdad y el de dignidad de la persona, que se incluye en el
Convenio Europeo de Derechos Humanos y en constituciones como la española que,
en el artículo 10.2, establece que la dignidad personal y los derechos
inviolables que le son inherentes, constituyen fundamento del orden político y
de la paz social. La “Teoría de la justicia” de John Rawls y su idea de la “justicia
distributiva” en la que se maximice lo básico, con la lógica secuencia de un
estado intervencionista, aportaba argamasa teórica al llamado “estado del
bienestar”. “Hasta hace unos pocos años, todo esto no era discutido”, apunta
Joaquim Bosch.
Pero
con el triunfo del neoliberalismo se dinamitó, se reventó, se estragaron las
costuras del andamiaje. Señala el jurista que, “con la caída del bloque
soviético, se refuerza la embestida neoliberal contra el estado social, que
llega a uno de sus puntos culminantes con la desregulación financiera en
Estados Unidos”. La falta de controles, el desdén hacia toda intervención
estatal y la jungla financiera son factores sin los que no se explica la crisis
actual. Que también afecta al estado español. Según Bosch, “el desastre
económico no ha sido inocente; banqueros, intermediarios financieros y gestores
de las entidades, que se han enriquecido, actuaron de manera negligente”. Sin
embargo, no se miró en esa dirección a la hora de pechar con las
responsabilidades. Se eligió otra opción: “Toda la sociedad ha de poner el
dinero para equilibrar los balances de la banca”. ¿Había alternativas, más o
menos moderadas? “En Islandia se dejó caer a los bancos y se persiguió a los
responsables”, apunta el portavoz de Jueces para la Democracia.
Joaquim
Bosch sigue hablando claro: “Se ha aprobado una reforma laboral que dispara las
tasas de paro, precariza notablemente el empleo y, al final, también feminiza
la pobreza”. Matiza asimismo el magistrado la idea generalizada, consensuada y
universalmente asumida de crisis económica: “Las empresas del IBEX-35 baten
récords de beneficios, nunca se han matriculado tantos coches de lujo como
ahora y continúa el trasvase de rentas de la clase media y trabajadora, a las
clases altas y grandes empresas”.
Todos
estos procesos tienen lugar sin que el estado disponga de mecanismos de
intervención (para regular) ni fiscales (para equilibrar): “El sistema
tributario del estado español, el implantado en la transición, lleva a que un
trabajador pague los mismos impuestos que en los países escandinavos, mientras
que las empresas pagan bastante menos que en Suecia”. Ataques a la dependencia,
sanidad, educación, servicios públicos de justicia… “Los neoliberales están
aprovechando la crisis para ir cada vez más a un estado mínimo”. Uno de los
presentes en el auditorio formula entonces la pregunta más pertinente: “¿Por
qué un gobierno ha de gestionar un estado cuando realmente pretende que éste
desaparezca?” O, en otras palabras, ejerce de “enterrador”.
Si
la crisis económica en el estado español es devastadora, y ha disparado las
tasas de pobreza, paro y exclusión (también la de millonarios), no menos
decisiva es la crisis de régimen (político). Joaquim Bosch sitúa en el
frontispicio de su argumentación una idea del jurista y politólogo Norberto
Bobbio: “La crisis de la mediación representativa”. ¿Cómo se aplica esta idea
en el contexto de la política española? “Contamos con un sistema de partidos
donde todo lo controlan las cúpulas; ejemplo de este déficit democrático es
cómo dos personas se reunieron y decidieron modificar la inviolable constitución,
el artículo 135, sin consultar a nadie; se trata, además, de fuerzas políticas
muchas veces cómplices de los agentes económicos, cuyos beneficios se anteponen
al interés general; tampoco se convocan referendos ni consultas populares, todo
se reduce a votar cada cuatro años”, explica el magistrado. Toda esta opacidad
y política de corte oscurantista (se ha visto en el “caso Bárcenas”: sólo
cuatro o cinco personas de la dirección del PP conocen las cuentas del partido)
“es el perfecto caldo de cultivo para la corrupción”.
Tampoco
el funcionamiento del aparato judicial permite abrigar demasiadas esperanzas.
La imputación de la infanta ha aireado muchas de las vergüenzas del sistema.
Recuerda Joaquim Bosch que antes de que el juez Castro dictase el auto de
imputación, el fiscal –“que se alinea descaradamente con las tesis de la
defensa”- ya afirmaba estar en contra de que la imputación se produjera. Otra
cuestión en la que el gobierno de Rajoy ha dado un “salto” cualitativo es el de
los indultos, señala el magistrado. Políticos corruptos, policías que torturan,
banqueros… “A una persona con poder, dinero e influencia es difícil que la
condenen (por los medios de defensa de que disponen), pero sí la condena se
produce, después puede recurrirse a la vía del indulto”. El portavoz de Jueces
para la Democracia recuerda cómo en una reunión, el ministro Ruiz Gallardón le
dijo que el indulto debía ser “discrecional”, es decir, no debía explicarse ni
razonarse. España.
Rebelión
ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de
Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras
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http://www.rebelion.org/noticia.php?id=179538
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