En estos
meses cercanos, hemos visto sin aspavientos ni sorpresas, como el país sigue
siendo manejado por el conservadorismo en compañía de los dogmáticos
neoliberales, haciendo ruidos por la serie de problemas relacionados no sólo
aspectos de menor importancia en la conducción de gobierno, sino también de la
corrupción. Estos temas sirven tanto al gobierno, como a la oposición de
cortinas, para no ocuparse de las reformas públicas y a nivel país que reclaman
los pagos de sus pensiones retrasadas que sean vuelto devengados,
llegando a formar parte de la deuda social interna.
Lo dicho es
consecuencia de cómo el Estado no llega a todos los peruanos. Sus gobiernos
siguen sometidos a los grupos conservadores que no sólo representan las fuerzas
del no cambio, sino también son tan bicentenarios en su operatividad
ideológica, porque nacieron con el inicio de la República; nuestros liberales
se esforzaron en el siglo XIX por tomar la delantera, ello se demuestra que en
casi todas las constituciones de dicho siglo tenían tinte liberal.
Sin embargo,
los liberales del siglo mencionado no pudieron asumir el poder, los conservadores
tuvieron el gobierno utilizaron al militarismo, valga la palabra, para
conservar sus patrimonios, ellos dormían tranquilos y cuando algún general
cometía un desmán, inmediatamente era reemplazado por otro.
Es decir, la
autocracia militar no era estable, pero nunca perdieron el gobierno, como ya se
ha dicho los grupos de poder políticos y económicos eran el soporte de esos
inestables autoritarismos, que por muchos años incluido el siglo XX nos han
gobernado imponiendo sus discriminaciones, y atropellando, principalmente
contra los derechos de la persona humana. Las autocracias de
Leguía/Benavides/Odría/Fujimori llegaron a ser las duraderas.
El proceso
productivo, hasta mediados del siglo XX fue el encabezado por el sistema de la
hacienda, tanto en la costa como en la sierra, y en esta última, el gamonal, el
dueño de la tierra, ejercía su propiedad y sus ingresos era producto de la
explotación del indio y del cholo barato; en cambio en la costa fue de más a
menos explotación del campesino, allí se cultivaba productos como la caña y sus
derivados, el más importante la azúcar e igualmente el algodón fueron productos
de primera línea para la exportación, con dirección a los mercados de Europa y
Estados Unidos.
El trabajo
del campesino de la costa fue menos duro, en gran parte de debió a la
sindicalización, las huelgas obligaron por los años 20 y 30 que los gobiernos
(de Leguía y Benavides) llamaran a la conciliación entre los dueños de la
tierra (nacionales y extranjeros) y al campesinado. Ello permitió la elevación
de salarios y la consolidación sindical.
La reforma
agraria, se inicia con el primer gobierno de Fernando Belaunde, su compromiso
renovador, lo hizo cumplir con presentar el Proyecto de Ley de Reforma Agraria,
que fue mediatizada por la coalición APRA/Odriismo en el Congreso de la
República, como consecuencia hubo pocos avances. Se volvió revolucionaria la
ley de reforma agraria con la presencia del gobierno de los militares,
encabezado por el General E.P. Juan Velasco, esta reforma sí tuvo sabor de
cambio revolucionario, con paso ligero frente al paso de camino de la reforma
belaúndista; empero, la reforma revolucionaria de los militares fracaso por
falta de dirección, planificación, capacitación de los agricultores y los
nuevos administradores de las cooperativas agroindustriales y las SAIS.
Lo que
estamos narrando es válido, si no pedimos que nos corrijan. La nueva presencia
de la democracia representativa en 1980 fue distinta a la política de
1968/1980. El Perú en crisis se hizo más y más dependiente de la inversión; el
segundo gobierno de Belaunde y su ministro de economía Manuel Ulloa,
pretendieron por todos los medios que la inversión sea nacional, y extranjera
estuviera presente, se expidieron muchos dispositivos, como durante la segunda
fase del gobierno militar.
Sin embargo,
la inversión no llegó y el Estado siguió asumiendo la inversión pública, con el
consiguiente mayor gasto en relación a los ingresos, se produjeron los
sucesivos déficits fiscales y la paridad con el intercambio del dólar agudizó
también los deficits de las balanzas: comercial y de pagos.
Una
consecuencia dura de la crisis económica fue la inflación de dos dígitos, ya
desde la época de los militares, la inflación se inicia con la corrosión en la
calidad de vida de todos los peruanos; el manejo de las finanzas públicas no
buscó la austeridad y la crisis mundial se hizo imparable por el exceso de
préstamos externos concedidos en la década del 70, y se completo la crisis
económica con la aparición perversa del terrorismo sangriento, siendo los más
afectados como siempre los quechuas hablantes de la sierra y a los pobladores
de la selva alta.
Por último,
en el primer gobierno de Alan García, su heterodoxia económica a nivel país y
en el manejo en la economía fiscal, tampoco dio resultados, y desde 1987 se
empezó a derrumbarse la organización estatal y la inflación de desbocó, como
cuando Alemania, después de la primera guerra mundial, se vio obligada a
pagar los gastos de guerra. Increíblemente, los ingresos públicos llegaron a
menos del 7%, tuvimos una bajísima presión tributaria.
En la década
del 90, ante el fracaso del 70 y el 80, había urgencia no sólo de volver a los
caminos de la economía liberal, que tuvo su máxima expresión a fines del 50,
con el ministro de Hacienda, don Pedro Beltrán. La crisis generada por el
primer gobierno de García Pérez, hacia necesario que en que la década del 90
tuviéramos vida, pero, respiramos autocracia de los neo conservadores, al que
se sumó el llamado neoliberalismo fundamentalista, con el ministro de economía
Carlos Boloña Beer a la cabeza. Resultó el ministro de economía que más ha
durado en el cargo, actúo con el visto bueno y siguiendo los dictados del FMI y
el Banco Mundial respectivamente.
Giramos en
180 grados y se comenzó la más dura política fiscal en el gasto público que,
obligó al gobierno central y las empresas públicas a despedir a cientos de
servidores públicos; paralelamente la empresa privada hizo lo tanto para no
quebrar. Pero, no serían no sólo los servidores y trabajadores los únicos
castigados, sino también las empresas en general cerraron sus puertas,
lamentablemente, no se vendieron las empresas públicas, esto ocurrió después,
motivando que los compradores privados continuaran sus administraciones con muy
aliviadas y costosas planillas.
En los 90
los pobres eran casi la mitad de los ciudadanos, las medidas de austeridad y
las posibilidades de inversión se hicieron presentes por las bajas tasas de
intereses. La República se recuperó al no darse los déficits fiscales, se
incrementó el PBI, fue una recuperación que subsanó las perdidas del gobierno
85/90; sin embargo al año 2000, paradójicamente los pobres aumentaron, eran del
54.4%, de la población total, el chorreo era a cuenta gotas y no llegaba. El
modelo económico daba muestras que no era consistente y solidario, para un país
como el Perú.
A pesar de
acabar con el terrorismo, con la prisión en 1992 de los principales cabecillas
de estas perversas organizaciones, por parte de un grupo de policías de elite.
A partir de 1993 el gobierno de entonces se asentaba en una autocracia y con su
propia constitución que, hizo posible los contratos de inversión, para la
explotación de los recursos mineros y pesqueros.
Sin embargo,
estos aparentes avances se fueron al diablo, cuando no se respetó a la persona
humana en la lucha entre terroristas y los militares, el saldo fue negativo,
muriendo y desapareciendo, principalmente los quechua hablantes y los
pobladores de la selva alta, amen de las tropelías que cometieron contra ellos
terroristas y las fuerzas del orden. Hubo insensatos y actos de lesa
humanidad que los servicios de inteligencia cometieron en las ciudades como
Lima contra estudiantes y trabajadores.
Sin embargo,
no solo fue la parte humana la que sufrió por los desmanes de los entes
paramilitares y de sus jefes militares en actividad, sino se completó con la
corrupción desde a dentro de los gobiernos fujimoristas, bajo la cúpula de la
presidencia de la república (Fujimori Fujimori), la mayor asesoría del gobierno
(Montesinos Torres) y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (General
Hermoza Ríos).
Estos malos
hechos, derrumbó la autocracia de Fujimori y de sus amigos los conservadores,
que siempre quieren ganar más y sin límites, y que, se hacen responsable de no
avanzar económicamente, por culpa de no poner en acción la llamada
“flexibilidad laboral” impulsada por el neolibralismo, como hemos preguntado
hace poco, ¿hay flexibilidad a la ganancia alta o excesiva? Los neoliberales
dicen que la informalidad laboral existe porque se mantiene a un grupo de laboristas
privilegiados con planillas y seguros. Como consecuencia habrá de aplicar a
todo trapo la “flexibilidad laboral” con despidos y recortando derechos de los
trabajadores.
En noviembre
del año 2000 el Perú llega a soñar con el diseño de la democracia, gracias a la
renuncia por fax del tirano señor Fujimori, huyó por no asumir los robos y
crímenes de su gobierno. Surgió el gobierno de transición presidido por el
Presidente del Congreso, el respetable Valentín Paniagua, que encabezaría el
inicio de la lucha, no sólo al poner en marcha la institucionalidad
democrática, la ética y la moral en el gobierno, un manejo limpio de nuestra
economía, y convocando a las elecciones generales para el año 2001.
El gobierno
de transición duró nueve meses, y tuvo la virtud de avanzar en reunir
información muy significativa para la reforma del Estado y de algunos artículos
y capítulos de la Constitución del tirano la que debía reformarse.
Asimismo, se
le dio vida a la Procuraduría Pública en manos del jurista José Ugaz y el
ministro de Justicia Diego García Sayán. Este equipo legal, presidido por el
presidente Paniagua dio los dispositivos y tomó decisiones, para que se creara los
tribunales anticorrupción en el Poder Judicial, los mismos que actuaron
por primera vez en la historia peruana con otra dinámica, ante las denuncias de
la Procuraduría, se detuviera a cientos de delincuentes civiles y militares que
se alzaron con el patrimonio público y del país, en especial se detuvieron a
los ministros de los gobiernos del tirano Fujimori, Vladimiro Montesinos Torres
y los comandos militares, presididos por Nicolás de Vari Hermoza Ríos.
Estas
detenciones contaron con los colaboradores eficaces, casi siempre provenientes
de los abogados de la actividad privada, podríamos decir empresarios, que
aparte de haber estado de acuerdo con la autocracia, ellos y sus amigos se
habían llevado los fondos del erario público, al ganar licitaciones y compras
directas, incluidas las comisiones de soborno. Estos reos en cárcel, campearon
durante el gobierno de la década del 90, jueces y vocales del Poder Judicial y
el Ministerio Público estuvieron secuestrados por Montesinos Torres.
Los partidos
políticos de oposición trabajaron en el Congreso, principalmente contra la
dictadura civil-militar, pero, los peruanos en mayoría apoyaron en gran parte a
los gobiernos de Fujimori. Los empresarios en general aprovecharon de la
coyuntura y conjuntamente con las transnacionales, saborear los contratos
constitucionales de 20 y 30 años, para explotar los recursos naturales. Los
servicios de luz y de telefonía hicieron contratos que los favorecían; en
especial la minería tuvo empresas gananciosas, la otra parte del empresariado
carente de responsabilidad social, apoyó a la tiranía, y, el resto de
empresarios mantuvo la boca cerrada.
Los últimos
15 años de la democracia sigue siendo precaria y débil, se da paso a los altos
ingresos producto de las explotaciones de las materias primas, bajo el modelo
extrativista; al igual de anteriores períodos de gobiernos hubo lo que se ha
llamado prosperidades falaces; asimismo el ahorro nacional no se invierte en
cambiar el aparato productivo y dictar políticas de Estado en dirección a la
diversificación de la producción.
Estamos
ahora bajo la desaceleración económica, ha surgido como preámbulo a las
próximas elecciones generales, se está provocando por el hecho de la
desaceleración, el ruido político, que viene del gobierno OHT y de la oposición
que, los lleva a los enfrentamientos aparentemente
irreconciliables, donde los seudo partidos, mejor dicho los clanes que presiden
los caudillos – las conocidas momias embalsamadas – como García Pérez, PPK,
Toledo y la señora Keiko la hija del ex dictador Fujimori. Estos
enfrentamientos se hacen para aumentar votos a un electorado desinformado.
Parece
mentira que en estos días se quiere censurar por el Congreso de la República al
Consejo de Ministros, presidido por la señora Jara. La otra disyuntiva es la
negociación, en que la oposición pide retirar a los ministros cuestionados:
defensa, energía, justicia e interior.
Estarían
negociando, aun cuando la oposición no es capaz de mandar a
su casa al Ministro de Economía, por todo lo acontecido con la ley
derogada del Empleo Juvenil, la que ha sido vilipendiada; el proyecto fue
formulado por la CONFIEP con la ayudita en su revisión prestada por el Ministro
de la Producción, y de la ignorancia total del Ministro de Trabajo.
Estos tres
ministros se han debido ir a su casa, además de otros por el cruce de intereses
particulares serían: el Ministro de Energía y Minas y el de Justicia, incluido
además el acusado ante el Poder Judicial, el Ministro del Interior, que estaría
comprometido con la muerte tan feroz del periodista Bustios en Ayacucho. Estos
ministros por las faltas cometidas de orden político y ético, no tienen
vergüenza en la cara, han debido renunciar y habrían bajado el tremendo ruido
político. Eso no ocurría porque antes los Ministros de Estado eran
personas que tenían estima personal y renunciaban.
Las 5
marchas multitudinarias de los jóvenes en Lima y provincias, han tenido la
fuerza necesaria y prudente al conseguir la derogatoria de la ley del Empleo
Juvenil, ellos recibieron apoyo de algunos parlamentarios, de pocos diarios, de
las centrales de trabajadores y de las federaciones de estudiantes
universitarios. La presencia de los jóvenes muestra indignación, sino las
esperanzas para acabar con las momias de la política, exista la
renovación y ética en la política peruana.
Los pulpos, tácitamente, ya se sabe a quienes son, aparecen inexpugnables, pero
como momias embalsamadas se lanzan cada 5 años a la presidencia de la
república; en cambio, los jóvenes salen a las calles como en toda democracia y
a conquistar sus petitorios. Ellos deben volverse en pulpitos que vayan
concentrando más peruanos, no sólo jóvenes; sino también de los no jóvenes que
sufren por tantas postergaciones en sus reclamos: despidos ilegales, no pago a
los discapacitados (oficiales y soldados), salarios, pensiones, condiciones de
trabajo, y de los que tienen juicios ganados en todas las jurisdicciones
internacionales y en nuestro Poder Judicial tanto sus pagos pensionarios, como
de sus devengados.
Ni el
Ejecutivo, ni el Congreso no resuelven nada para pagar la deuda interna, no son
competentes para dictar dispositivos de solución a éste y otros hechos que se
convierten en problemas que no se resuelven nunca o se resuelven solos;
sabemos de como está el Perú, ya no se necesita de dar vueltas y esperar que el
concentrado monopólico: El Comercio S.A. y sus emprestas de diarios, de radio y
televisión den su aval a las demandas justas; pedir a éstos, sería cosa de
locos.
La protesta,
las marchas son las que el sujeto democrático considera imprescindible para
conseguir los que les pertenece. ¿Se han realizado marchas en Lima y distritos,
en los departamentos por la seguridad y nuestra policía que traja sólo 15 días
para el Estado? ¿Se ha protestado por las pensiones de ley de los militares y
soldados discapacitados, las pensiones de viudas e hijos? ¿Donde están
los fondos no gastados por años de los ministerios, gobiernos regionales y
municipios?, el MEF lo hemos dicho, debe recuperar esos fondos y
hacer una reprogramación, que en un plazo de cinco o menos años, se
cumpla con pagar la deuda interna social.
Los equipos
del MEF tan cultivados, como conocedores de la situación del país tendrán la
oportunidad deben ser prestos en ayudar a los necesitados, en recuperar
su dinero que les deben. O si no los del MEF irán a capacitarse en
derechos y deberes ciudadanos, igual de como los jóvenes novatos necesitan
capacitación para trabajar. De no hacerlo ¿pueden seguir trabajando, el
Ministro de Economía actual que se entornilla en el cargo y sus equipos
ilustrados con excelentes sueldos? Entonces, ¿los fonavistas tenían y
tienen razón de la postergación y el engaño por parte de las autoridades del
MEF?
Atentamente,
Surco, 4 de
Febrero del 2015
Fernando Arce Meza
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