Jesús
Romero relata su lucha hasta lograr la primera condena a un sacerdote en
ejercicio en Ciudad de México por violarlo durante cinco años cuando era menor
México 13 MAR 2018 - 19:10 CET
Jesús
Romero Colín
El
lunes en Ciudad de México ALICIA FERNÁNDEZ EL PAÍS
Jesús
Romero llegó exhausto a la sentencia del jueves. Reconoce que es histórica pero
también que fueron tan duros los abusos sexuales como los últimos 10 años
litigando. De los 35 años que tiene ha pasado una década peleando para exigir
justicia y recordando una y otra vez a aquel sacerdote que le sobó hasta el
asco y le obligó a hacerle sexo oral decenas de fines de semana en su casa de
Cuernavaca.
Por
primera vez en la Ciudad de México, el jueves pasado, un sacerdote en activo,
Carlos López Valdez, fue condenado por la violación de un menor. Un juzgado
condenó a 63 años de cárcel al religioso, de 70 años. La sentencia es también
la primera que involucra directamente a dos obispos en activo, señalados por
conocer y no denunciar las aberraciones.
Es
casi un patrón en México que muchas víctimas tienen que denunciar, investigar,
reunir las pruebas y hasta localizar a los culpables antes de obtener justicia.
Si además los involucrados tienen que ver con la
Iglesia, la tarea es titánica.
“Cuando
conocí la sentencia rompí a llorar. Ni siquiera pensaba en todo lo que me hizo
Carlos, sino en el martirio que he pasado después por denunciar. El Ministerio
Público hizo desaparecer pruebas, me trató mal, me humilló, me citó en
vacaciones o intentaba convencerme de que el caso había prescrito”.
Jesús
Romero Colín durante la entrevista el lunes en Ciudad de México
ALICIA FERNÁNDEZ EL PAÍS
Cuando
Jesús presentó como prueba las fotos del religioso vestido solo con un tanga o
desnudo con el pene del niño en la boca, tuvo que escuchar a los voceros del
episcopado decir que “solo buscaba dinerito”. “Se dice fácil pero han sido 10
años durísimos en los que he salido abatido tantas veces de la PGR”, recuerda
en entrevista con EL PAÍS.
La
sentencia del 8 de marzo es también una suma de reproches al Ministerio Público
por obstaculizar deliberadamente un caso repleto de pruebas y reabre el debate
sobre el derecho canónico y
su acomodo en el derecho civil. ¿Es suficiente con esconder a los culpables en
clínicas espirituales? ¿Por qué permitieron que el sacerdote siguiera en
contacto con niños y oficiando misa una vez conocidas las pruebas?
En
1994 Jesús quería ser misionero. En las iglesias de San Agustín de las Cuevas y
de San Judas Tadeo en el centro de la capital conoció al padre Carlos, con
quien empezó a oficiar misa como acólito y a quien quería como un padre.
“Un
día le pidió permiso a mis papás para que me dejaran pasar un fin de semana con
él. Al anochecer me pidió que me acostara con él a pesar de que había dos
recámaras más. Sentí algo muy raro el que yo fuera a dormir con un sacerdote en
la misma cama, era como si yo no pudiera compartir ese lugar, que a pesar de
estar fuera de la parroquia estaba, al menos para mí, impregnado de algo
sagrado. Yo me puse mi pijama para dormir pero él me dijo que eso era
antihigiénico, que me la quitara. Obedecí con mucha pena, ya que nunca había
estado desnudo delante de alguien que no fuera mi mamá”.
“En la
madrugada comencé a sentir que me tocaban mis partes íntimas. Desperté asustado
y me di cuenta de que era él. No supe cómo reaccionar, simplemente no lo podía
creer. A lo único que me pude aferrar fue a pensar que él estaba dormido”, recuerda sobre aquellos días. Jesús tenía en 11 años.
Jesús
Romero Colín(D) y su abogado Luis Ángel Salas el lunes en Ciudad de México
ALICIA FERNÁNDEZ EL PAÍS
Los
abusos continuaron hasta que un día descubrieron en una caja decenas de fotos y
correspondencia postal del religioso con otras personas, “supongo que
pederastas también, que le pedían más fotos mías. Entonces, él las
intercambiaba”.
Todos
los detalles del caso los contó la periodista Sanjuana Martínez en su
libro Manto Púrpura (Mondadori) y después Alejandra Sánchez en
el documental Agnus Dei: Cordero de Dios. La
cinta es la infatigable búsqueda de Jesús por todas las parroquias de la ciudad
hasta encontrar y confrontar al “hombre que me jodió la vida”.
Durante
esos años (1994-1999) al menos dos obispos en activo estaban enterados de la
existencia de un sacerdote que se rodeaba de niños, con los que pasaba los
fines de semana en la alberca de Cuernavaca y al que le gustaba fotografiarse
con ropa interior femenina.
El
obispo de Sinaloa, Jonás Guerrero, y de Colima, Marcelino Hernández, vieron
aquellas imágenes y se limitaron a enviar una carta al religioso sugiriéndole
su ingreso en Casa Damasco “para atender su problemática”. Casa Damasco es una
de las tres enigmáticas viviendas con las que cuenta la Iglesia mexicana para
atender aquellos casos de sacerdotes con algún trastorno sexual.
“Todo
este tiempo la principal dificultad ha sido romper los vínculos políticos con
los religiosos y legales. Impidieron que avanzara la investigación”, señalan
Luis Ángel Sala y Jesús Romero abogados de la organización de Derechos Humanos
Grupo de acción para la justicia social, que se ha encargado del caso. La ONG
anuncia que interpondrá dos denuncias contra los obispos ante la fiscalía para
delitos sexuales.
“Lo que
me hizo ese hombre lo he logrado superar después de muchos años de trabajo en
terapia. Pero no lo que sucedió después. Yo pensaba que era la víctima, que
había sufrido abuso y violación y que todos se pondrían de mi lado para meter a
un delincuente en la cárcel y alejarlo de cualquier niño. Pero no, todo se
convirtió en un calvario”.
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