Los comuneros de Mollebamba y el público apurimeños residentes en
Lima, deseosos de escuchar las propuestas del Estado, Empresa Minera y
Comunidad, sobre el Proyecto Trapiche, realizado el día de ayer en el Auditorio
Alberto Andrade Carmona, sito en Av. Abancay esquina con Jirón Ancash, Lima,
(Edificio Juan Santos Atahualpa) organizado por el congresista por Apurímac
Ing. Richard Arce Cáceres, hemos concurrido al Foro en gran número. En efecto
estuvo el Gerente de la Empresa Minera Buenaventura SAC Ing. Raúl Benavides
Ganoza, no asistió el Ing. Guillermo Shinno Huamaní, Vice Ministro de
Minas del Ministerio de Energía y Minas, programado en representación del
Estado, tampoco estuvo el Presidente de la Comunidad Campesina de Mollebamba.
El Foro se ha realizado luego del cierre de las conversaciones
Empresa-Comunidad en Mollebamba. Y del acuerdo de la Comunidad de fecha
04 de diciembre último, en la que disponen “no recibir más el depósito por el
alquiler de tierras ni por el convenio social, y dar un plazo de 15 días
calendario a la empresa para que abandone las tierras de la comunidad y
retire sus maquinarias. Por lo que las ponencias tenían que haberse centrado en
plantear las alternativas de solución del conflicto. El evento no concretó
ninguna propuesta, para después del 19 de diciembre en que se cumple el plazo
concedido para el retiro de la empresa de las tierras de la comunidad.
Intervinieron primero el asesor legal de la Comunidad Alberto
Paniura y luego como tercer ponente el Alcalde de la Municipalidad Distrital de
Juan Espinoza Medrano, Roberto Huamaní Meneses. Quienes no han planteado
ninguna alternativa al actual conflicto. En el caso del asesor, indicó que su
esperanza estaba centrada en la sensibilidad y compresión del Ing. Raúl
Benavides Ganoza, en su condición de Gerente de la Empresa Buenaventura SAC.,
por cuanto sus representantes en Mollebamba no garantizaban ninguna
credibilidad y ocultaban información. Con lo que demostraba que no tenía
ninguna propuesta que represente los intereses de la Comunidad para un posible
acuerdo con la empresa.
A su turno el Ing. Raúl Benavides Ganoza, en claro desmentido
indicó que sus representantes hablan lo mismo que él dice. Y manifestó claramente
que los convenios del 31 de mayo de 2011 no son modificables. Que la suspensión
de la exploración es por la baja de los precios internacionales de los metales.
Y que en seis años iniciarán la producción. Para lo que necesitan préstamos
bancarios. Y para contar con esos préstamos lo firmado no debe cambiar y debe
respetarse.
El deslinde con los planteamientos del Ing. Raúl Benavides Ganoza,
vino con la intervención de la sra. Julia Cuadros Falla, quien manifestó
que la contaminación se da desde la exploración. Que las empresas mineras
invierten pensando sólo en ganar. Que los Alcaldes no se preocupan por
resolver los problemas del pueblo, sólo se dedican a la gestión de
obras que no están relacionados con el progreso. Y que la minería ha generado
algunos incondicionales con el empresario.
Por su parte el Econ. Hugo Cabieses, fue enfático al señalar que
el Perú no es un país minero. Por la extensión territorial y el porcentaje de
población beneficiaria, el país es primero marítimo, forestal, agropecuario,
fluvial y lacustre. Que existen cinco proyectos sobre Ordenamiento Territorial,
que debe ser la alternativa previa para la actividad minera y que hasta ahora
no ha sido promulgada esta ley. Los primeros en oponerse son los empresarios
mineros, que están constantemente merodeando los pasillos del congreso, para
influir a los congresistas con el argumento de que el ordenamiento territorial
les limitaría más espacio territorial para las actividades mineras.
El Congresista Richard Arce, planteó claramente que el presente
foro, programó con la intensión de contar con la intervención de los
representantes del Estado-Empresa y Comunidad. Con el fin de llegar a un
acuerdo tripartito. Causando extrañeza la ausencia del Estado. Se requiere de
la responsabilidad tripartita para evitar conflictos posteriores. Y que hará
las coordinaciones para promover la promulgación de la Ley del Ordenamiento
Territorial.
Creo que el público que asistió ha recogido valiosa información y
argumentos necesarios para elaborar las alternativas que representen los
intereses de las Comunidades Campesinas. Como el de nulidad de los convenios
del 2011, en el caso de Mollebamba. Siendo de urgente necesidad que las
asociaciones de comuneros emigrantes de diferentes pueblos de Apurímac,
organicen otros foros tanto para tratar conflictos específicos de cada pueblo y
para debatir la política minera en Apurímac.
Domingo Suárez
10.12.2016
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