Salvador González Briceño
ALAI AMLATINA,
29/06/2016.- ¿De qué “orden y tranquilidad social” habla el presidente
Enrique Peña Nieto, para justificar “que el Estado tenga que recurrir al uso de
la fuerza”, en referencia a los acontecimientos de Nochixtlán, en Oaxaca el
domingo 19 de junio?
¿Qué no el gobierno debe
respetar los derechos humanos, establecidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos? ¿Acaso México es un país moderno y por ello
suscribe todo tipo de acuerdos y tratados con otros países, respetándolos? Se
supone que por el control de convencionalidad, los compromisos son
deudas y se cumplen, porque así lo determinan las leyes internacionales además.
Es por eso que, por
ejemplo, el país vecino del norte, los Estados Unidos de América (EUA o
EE.UU.), exigen el cumplimiento de los acuerdos suscritos en el TLCAN con todas
sus adversidades y México obedece. Los acuerdos pactados no se quedan en el
papel. En este sentido el cumplimiento es de los sucesivos gobiernos, desde su
entrada en vigor en 1994, pese a la oposición de muchos sectores que se ven
afectados en términos de la economía real.
¿Por qué entonces cargarle
siempre la mano al desprotegido, como si careciera de derechos? ¿Para qué es el
Estado de derecho si no es para reconocer los derechos de la población? ¿Los
tiene, o sólo obligaciones? ¿Qué no con la misma lógica de pagar impuestos se
gana el derecho de recibir servicios por parte de los gobernantes a cambio?
¿Entiende este gobierno
cuál es su responsabilidad en materia de derechos humanos —así como otros
derechos— con la sociedad? ¿Acaso el pueblo no puede opinar, expresarse,
manifestarse sobre aquellos asuntos que, convertidos en política pública le
afectan, sólo porque se han convertido en leyes?
¿Qué no —hablando en
positivo— las leyes son y tienen por origen el servir a las mayorías en
términos de bienestar y no para su retroceso? ¿No se entiende —hablando en
negativo— que en este país las leyes se elaboran sin el aval de la
representación legislativa de las mayorías? ¿Acaso las imposiciones legales no
existen? ¿Por qué entonces las críticas a los mayoriteos, a la
aplanadora, al cochupo, para obtener mayorías calificadas y ganar en
votos?
¿Qué el actual gobierno no
entiende, o ha comprendido el sentido la existencia de las minorías opositoras?
Ciertamente las minorías legislativas terminan siendo orgánicas para el
funcionamiento de los partidos mayoritarios, pero muchas veces y con dignidad
son la expresión de los sectores no atendidos dentro de la propia producción de
las leyes.
¿De cuándo acá la sociedad,
o una parte de ella, no puede expresar su inconformidad por una —o incluso la
totalidad— de las leyes cuando no se tiene en cuenta el interés general, como
el de la educación, la salud, las pensiones, los salarios, por citar algunos?
¿Desde cuándo un Estado que
se declara constitucionalmente democrático abandona la negociación, el diálogo,
la interlocución, la concertación, el respeto a la opinión del otro y recurre
“al uso de la fuerza”; con qué legitimidad utiliza la imposición, la
cerrazón, cuando un sector importante se resiste a las reformas en materia
educativa si los fines no están claros tanto para los involucrados (profesores)
como para los afectados (alumnos)?
¿Cuál es la parte que el
gobierno no entiende, cuando el sector magisterial organizado en torno a la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), sólo pide revisar
el fondo de dicha reforma que son los propios fines de la educación de
los niveles de primaria y secundaria?
¿Sólo porque se trata de
los críticos dentro del propio Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE)? ¿Es que en el fondo no les asiste la razón y contra ellos se
puede y debe aplicar el Estado de derecho, entendiendo por esto el uso de la
fuerza pública?
Es verdad que México es un
país “abierto al escrutinio de organismos internacionales que velan por los
derechos humanos y que se han creado instituciones, así como andamiaje legal
mucho más robusto para fortalecer la defensa de las garantías individuales”,
señor Presidente según sus declaraciones desde Quebec, en Canadá al asistir con
motivo de la Cumbre de líderes de América del Norte a efectuarse en ese país.
Pero a su gobierno ni
siquiera los escrutadores le han dado la razón en materia de derechos humanos,
todo lo contrario. Y con esa misma tónica se intenta imponer que ¡ni la reforma
educativa ni ninguna otra ley están sujeta a negociación! ¡De verdad no se
entiende el fondo del asunto! Puras preguntas, ¿y las respuestas cuándo?
¿Por qué se minimiza
el tema educativo, y se desdeña a la CNTE, cuando ya devino en violencia? ¿Para
tapar otros asuntos mal tratados como la desaparición de los estudiantes
de Ayotzinapa? ¿Para cubrir al presidenciable titular del área, Aurelio
Nuño Mayer, que parece ser el favorito de Carlos Salinas? ¿No vale más un
proyecto de país que un candidato presidencial? ¿Por qué el secretario de
Gobernación, Miguel Osorio Chong, le da tantas vueltas al tema?
28 junio 2016
- Salvador González
Briceño – Reporte Global
URL de este artículo: http://www.alainet.org/es/articulo/178454
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