ELN
PRONTO SERÁ UNA GUERRILLA MUY PODEROSA
14/02/2018
Una vez culminada la dejación de armas y la transición
política de las FARC a la vida civil, casi de inmediato, el Ejército de
Liberación Nacional – ELN, ha iniciado un profundo proceso de reorganización
político militar.
Tres factores cuentan a favor de los elenos.
Primero, el desencanto de importantes sectores de base de las FARC, desmotivados ante el descarado incumplimiento del gobierno y del Estado colombiano. Ex-milicianos de barriadas y campos observan cómo las elites se burlan o modifican a su antojo los acuerdos de paz con las FARC, mientras los exguerrilleros convertidos hoy en políticos civiles cumplen su palabra, y honran los acuerdos con un aguante y una tenacidad insuperable. Entretanto, los asesinos financiados por los enemigos de la paz merodean como fieras, al acecho de los guerrilleros desarmados y sus familias.
Es inocultable, que importantes sectores de base de las antiguas FARC, por protección o desencanto, han migrado paulatinamente hacia el ELN, lo que está fortaleciendo de una manera inesperada la estructura y el poderío militar de los elenos.
Segundo, el temor y frustración que genera el asesinato continuo y sistemático de líderes sociales y defensores de derechos humanos a manos de estructuras paramilitares intactas, que, sumado al abuso de las autoridades, pone en entredicho las promesas del gobierno de desmantelar el aparato represivo, y su obligación de proteger a la población y su derecho a la protesta social.
A enero de 2018, desde la firma del acuerdo de paz ente las FARC y el gobierno, han sido asesinados 186 líderes sociales, gente humilde y desarmada, cuyo único delito es propender por justicia social y derechos humanos en muchas de las áreas donde estaba la insurgencia.
Eran líderes sociales que proponían la sustitución de cultivos de uso ilícito por cultivos de producción alimentaria ligados a la economía campesina. Otras de las víctimas habían denunciado hechos de corrupción, o habían reclamado tierras para trabajar. En general eran líderes comunitarios que no necesariamente simpatizaban con las FARC, pero sí con la idea de un país en paz, con opciones de trabajo y vida digna, en donde haya iniciativas democráticas distintas. Eso les costó la vida.
El tercer factor que mantiene viva la llama insurgente del ELN, es la obcecada intransigencia de los ricos poderosos por ceder democráticamente tan solo un pedacito de poder y un poquito de riqueza.
Se trata de un sector emergente de la burguesía de centroderecha, fuertemente divisivo y corrupto, enriquecido al amparo de la violencia, en el que hay representantes a todo nivel: algunos periodistas, algunos empresarios, algunos lobistas de poderosas corporaciones mineras, un sector de militares y fuerzas de seguridad, asesores de seguridad y lobistas de la producción y el comercio de armas, un nutrido grupo de congresistas en su mayoría terratenientes, y un par de expresidentes que dilapidaron 17,000 millones de dólares en guerra contra las FARC sin resultados, más allá de la muerte de un par de comandantes y el fiasco de los falsos positivos (secuestro y asesinato de unos 4,000 jóvenes de barrios humildes, para ser presentados como guerrilleros y reclamar recompensas, bonos y vacaciones, y para justificar reportes del Plan Colombia). Este sector es el que se niega a conceder una oportunidad de paz y reconciliación entre los colombianos.
¿Qué hacer?
En mi opinión insistir en la paz, porque se trata del más bello compromiso con la vida, la sociedad y la naturaleza, no solo en Colombia, pero en todo el planeta. En el escenario de la guerra los corruptos, los populistas y violentos llevan ventaja. Por eso prometieron hacer trizas el proceso de paz. Mientras que en el escenario de la paz y la justicia social al menos existe una luz al final del túnel, por donde puedan pasar los bienaventurados que sueñan y comprometen su vida por un mundo mejor.
El notorio fortalecimiento del ELN, en cambio de estimular la guerra, debería constituir un mensaje al alto gobierno, inicialmente para redoblar esfuerzos para cumplir con las FARC, que genuinamente entregaron sus armas y sus bienes apostándole a la reconciliación, y a una nueva forma de hacer política. Y también, para que el gobierno abra, de verdad, las puertas a un proceso de paz sin trampas con el ELN.
Tanto los elenos como las disidencias de las FARC que se les han unido, requieren un proceso efectivo de diálogos, que castigue las provocaciones y los crímenes contra la paz, y así encaminarse junto a sociedad civil en una salida política, que conduzca a una construcción colectiva de la paz. La nueva Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – FARC ha situado este proceso de construcción de paz y reconciliación en un escenario de mínimo una década, que se habrá de profundizar y ampliar en un eventual acuerdo con el ELN.
Que el Sistema de Justicia Transicional y su Jurisdicción Especial de Paz acordado con las FARC funcione, para que Colombia y el mundo sepan la verdad de lo acontecido. No para la venganza, pero sí para cerrar filas en torno a que jamás vuelva a ocurrir. A mi entender, la verdad es una dosis democrática contra la impunidad.
Pero no solo generales y soldados de las dos partes deben confesar violaciones al DIH y los DDHH; lo propio sería que gamonales, latifundistas, y sempiternos controladores del sistema político de Colombia también confiesen ante la JEP sus crímenes. Lo contradictorio y curioso, es que muchos de estos personajes son los que esgrimen tesis contra JEP argumentando impunidad; su sueño era ver a las guerrillas exterminadas o en la cárcel, o sus líderes extraditados, como hicieron con algunos narcotraficantes díscolos, jefes de las bandas paramilitares. Argucias para evitar que se sepa la verdad de lo acontecido.
Finalmente, si se repitiera el modelo de referéndum para aprobar los resultados de un proceso de diálogos, este no puede ser improvisado e impuesto por el gobierno como sucedió en octubre de 2016. En Europa y el planeta se ha demostrado que los referéndums son manipulados con estrategias de miedo y seguridad, y con mentiras que predicen falsas catástrofes de la economía y la estabilidad.
Y a todas estas ¿dónde está la llamada izquierda democrática? En vez de estar eludiendo coaliciones con la FARC, debería estar consensuando junto con sectores democráticos, y con la FARC y el ELN, pasos hacia una asamblea nacional constituyente que permita y organice un proceso de tránsito del actual régimen excluyente y divisivo, a un régimen democrático y moderno.
Luis Alberto Matta
Historiador del genocidio contra la Unión Patriótica
Autor del libro Colombia y las FARC-EP, editado por Txalaparta en 1997
Blog: PAÍS PRESTADO / LEND COUNTRY
http://luismatta.blogspot.ca
Tres factores cuentan a favor de los elenos.
Primero, el desencanto de importantes sectores de base de las FARC, desmotivados ante el descarado incumplimiento del gobierno y del Estado colombiano. Ex-milicianos de barriadas y campos observan cómo las elites se burlan o modifican a su antojo los acuerdos de paz con las FARC, mientras los exguerrilleros convertidos hoy en políticos civiles cumplen su palabra, y honran los acuerdos con un aguante y una tenacidad insuperable. Entretanto, los asesinos financiados por los enemigos de la paz merodean como fieras, al acecho de los guerrilleros desarmados y sus familias.
Es inocultable, que importantes sectores de base de las antiguas FARC, por protección o desencanto, han migrado paulatinamente hacia el ELN, lo que está fortaleciendo de una manera inesperada la estructura y el poderío militar de los elenos.
Segundo, el temor y frustración que genera el asesinato continuo y sistemático de líderes sociales y defensores de derechos humanos a manos de estructuras paramilitares intactas, que, sumado al abuso de las autoridades, pone en entredicho las promesas del gobierno de desmantelar el aparato represivo, y su obligación de proteger a la población y su derecho a la protesta social.
A enero de 2018, desde la firma del acuerdo de paz ente las FARC y el gobierno, han sido asesinados 186 líderes sociales, gente humilde y desarmada, cuyo único delito es propender por justicia social y derechos humanos en muchas de las áreas donde estaba la insurgencia.
Eran líderes sociales que proponían la sustitución de cultivos de uso ilícito por cultivos de producción alimentaria ligados a la economía campesina. Otras de las víctimas habían denunciado hechos de corrupción, o habían reclamado tierras para trabajar. En general eran líderes comunitarios que no necesariamente simpatizaban con las FARC, pero sí con la idea de un país en paz, con opciones de trabajo y vida digna, en donde haya iniciativas democráticas distintas. Eso les costó la vida.
El tercer factor que mantiene viva la llama insurgente del ELN, es la obcecada intransigencia de los ricos poderosos por ceder democráticamente tan solo un pedacito de poder y un poquito de riqueza.
Se trata de un sector emergente de la burguesía de centroderecha, fuertemente divisivo y corrupto, enriquecido al amparo de la violencia, en el que hay representantes a todo nivel: algunos periodistas, algunos empresarios, algunos lobistas de poderosas corporaciones mineras, un sector de militares y fuerzas de seguridad, asesores de seguridad y lobistas de la producción y el comercio de armas, un nutrido grupo de congresistas en su mayoría terratenientes, y un par de expresidentes que dilapidaron 17,000 millones de dólares en guerra contra las FARC sin resultados, más allá de la muerte de un par de comandantes y el fiasco de los falsos positivos (secuestro y asesinato de unos 4,000 jóvenes de barrios humildes, para ser presentados como guerrilleros y reclamar recompensas, bonos y vacaciones, y para justificar reportes del Plan Colombia). Este sector es el que se niega a conceder una oportunidad de paz y reconciliación entre los colombianos.
¿Qué hacer?
En mi opinión insistir en la paz, porque se trata del más bello compromiso con la vida, la sociedad y la naturaleza, no solo en Colombia, pero en todo el planeta. En el escenario de la guerra los corruptos, los populistas y violentos llevan ventaja. Por eso prometieron hacer trizas el proceso de paz. Mientras que en el escenario de la paz y la justicia social al menos existe una luz al final del túnel, por donde puedan pasar los bienaventurados que sueñan y comprometen su vida por un mundo mejor.
El notorio fortalecimiento del ELN, en cambio de estimular la guerra, debería constituir un mensaje al alto gobierno, inicialmente para redoblar esfuerzos para cumplir con las FARC, que genuinamente entregaron sus armas y sus bienes apostándole a la reconciliación, y a una nueva forma de hacer política. Y también, para que el gobierno abra, de verdad, las puertas a un proceso de paz sin trampas con el ELN.
Tanto los elenos como las disidencias de las FARC que se les han unido, requieren un proceso efectivo de diálogos, que castigue las provocaciones y los crímenes contra la paz, y así encaminarse junto a sociedad civil en una salida política, que conduzca a una construcción colectiva de la paz. La nueva Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – FARC ha situado este proceso de construcción de paz y reconciliación en un escenario de mínimo una década, que se habrá de profundizar y ampliar en un eventual acuerdo con el ELN.
Que el Sistema de Justicia Transicional y su Jurisdicción Especial de Paz acordado con las FARC funcione, para que Colombia y el mundo sepan la verdad de lo acontecido. No para la venganza, pero sí para cerrar filas en torno a que jamás vuelva a ocurrir. A mi entender, la verdad es una dosis democrática contra la impunidad.
Pero no solo generales y soldados de las dos partes deben confesar violaciones al DIH y los DDHH; lo propio sería que gamonales, latifundistas, y sempiternos controladores del sistema político de Colombia también confiesen ante la JEP sus crímenes. Lo contradictorio y curioso, es que muchos de estos personajes son los que esgrimen tesis contra JEP argumentando impunidad; su sueño era ver a las guerrillas exterminadas o en la cárcel, o sus líderes extraditados, como hicieron con algunos narcotraficantes díscolos, jefes de las bandas paramilitares. Argucias para evitar que se sepa la verdad de lo acontecido.
Finalmente, si se repitiera el modelo de referéndum para aprobar los resultados de un proceso de diálogos, este no puede ser improvisado e impuesto por el gobierno como sucedió en octubre de 2016. En Europa y el planeta se ha demostrado que los referéndums son manipulados con estrategias de miedo y seguridad, y con mentiras que predicen falsas catástrofes de la economía y la estabilidad.
Y a todas estas ¿dónde está la llamada izquierda democrática? En vez de estar eludiendo coaliciones con la FARC, debería estar consensuando junto con sectores democráticos, y con la FARC y el ELN, pasos hacia una asamblea nacional constituyente que permita y organice un proceso de tránsito del actual régimen excluyente y divisivo, a un régimen democrático y moderno.
Luis Alberto Matta
Historiador del genocidio contra la Unión Patriótica
Autor del libro Colombia y las FARC-EP, editado por Txalaparta en 1997
Blog: PAÍS PRESTADO / LEND COUNTRY
http://luismatta.blogspot.ca
COHERENCIA
AL ELN MIENTRAS LAS ELITES PROFUNDIZAN EL GENOCIDIO CONTRA EL PUEBLO COLOMBIANO
14/02/2018
El proceso de negociación entre el Gobierno y el
Ejército de Liberación Nacional está en su mayor crisis. Las violaciones al
protocolo de cese bilateral denunciadas por la guerrilla sin que fueran
atendidos por el gobierno, la reanudación de la confrontación -de ambas partes-
después del 9 de enero de 2018; los anuncios reiterados del Ministro de Defensa
sobre el inicio de una gran ofensiva contra la guerrilla, y el reciente paro
armado del Eln, permiten concluir que un verdadero proceso de paz es mucho más
complejo que el simple silenciamiento de las armas de los insurgentes.
Es común que lo medios de información tradicionales acudan a los pazólogos y elenólogos de siempre, y a uno que otro investigador experto en el conflicto colombiano, quienes en su mayoría concuerdan en exigir a la guerrilla “coherencia”; haciendo eco del mismo término usado por el presidente Santos para al referirse a la supuesta contradicción entre el discurso de Paz del Eln, por un lado y por otro lado su accionar militar en varias regiones de Colombia.
El llamado a la coherencia del gobierno nacional, políticos y algunos sectores de izquierda, al Eln, es en realidad una exigencia de gestos unilaterales de “voluntad de paz”, que lleva consigo una recriminación velada o abierta a las acciones militares desplegadas con posterioridad a la terminación del cese al fuego pactado y que conforme al DIH son legítimas en la guerra.
Las exigencias no surgen con la misma contundencia hacia el gobierno nacional, pese a que la situación de derechos humanos y el recrudecimiento de la acción militar y paramilitar continuaron durante y luego del cese al fuego. La persecución y exterminio contra líderes(as) sociales, defensores de derechos humanos y del territorio es una política que ha continuado su curso. La situación carcelaria general y en particular, las condiciones de las y los presos políticos se mantienen intactas. Esto, sólo por mencionar algunos de los compromisos a medias asumidos por el ejecutivo al realizar el acuerdo con el Eln, de humanizar las condiciones de la población colombiana. Y sin contar con que las muestras de paz frente a quienes han decidido transitar hacia otros métodos de lucha política -como las FARC- no han sido justamente las más fehacientes.
Las discusiones que pueden surgir alrededor del cese y su continuidad o no, son de vieja data. Una mirada estrictamente desde el Derecho Internacional Humanitario – DIH, en el que las operaciones contra el adversario armado (léase Ejército y Policía[1]) son legítimas; así como también las acciones de sabotaje contra la infraestructura, no admitiría tacha alguna de incoherencia hacia el Ejército de Liberación Nacional, así como tampoco del gobierno por el hecho de haber entrado en contacto militar contra esta organización rebelde dando de baja a sus combatientes o deteniéndolos para someterlos a la jurisdicción estatal.
Sin embargo, el brusco giro jurídico y político que a nivel mundial se dio con ocasión de los atentados a las Torres Gemelas en el año 2011, ha marcado un hito en el tratamiento al adversario armado, sobre todo, cuando se trata de sujetos rebeldes. El impacto de las medidas integrales (políticas, jurídicas, ideológicas, mediáticas, etc) adoptadas por la comunidad de Estados a nivel mundial, ha permeado también las opiniones incluso de sectores de izquierda y en el campo ideológico ha producido la más feroz victoria de las clases dominantes del mundo: la derechización del pensamiento de amplios sectores populares.
Ello dio al traste con aquel DIH que pretendía fuera aceptado por todos los actores en conflicto armado del planeta, y lo convirtió en una imposición legal dentro de la lógica de los vencedores y vencidos. El sujeto rebelde de entrada fue considerado terrorista y la acción militar de los estados a su vez fue revestida de legitimidad y legalidad, aún cuando se trate de invasiones a otros pueblos con fines esencialmente económicos; o de ataques a poblaciones enteras bajo el esquema de “quitarle el agua al pez”. La llamada lucha contra el terrorismo en últimas sustrajo del campo de los conflictos armados y sus regulaciones, aquellas confrontaciones con quienes unilateralmente han sido considerados por algunos Estados como “terroristas”; a los que despoja de todo tipo de derecho (haciéndolo de paso con la “población civil”). Estas y no otras fueron las principales razones por las que personajes como Álvaro Uribe Vélez se empecinaron en negar la existencia de un conflicto armado en Colombia y que siguen siendo reproducidas en el país. Es exactamente la misma lógica que hoy se traslada a los análisis sobre el cese y las recriminaciones que con absurda contundencia recaen de forma casi exclusiva contra el ELN por sus acciones militares posteriores al mismo. Su derecho a hacer la guerra y el derecho en la guerra para esta organización insurgente desaparece según tales razonamientos, primero por vía de la criminalización del levantamiento armado en sí mismo (permitido por el DIH) y luego mediante la deslegitimación política de su acción. Posición que es un mal presagio para la organización insurgente, en tanto significa la cuota inicial del derecho de enemigo que en caso de arribar a un acuerdo de terminación del conflicto, le sería aplicado; el mismo que le administraron a las Farc, aunque al parecer aún no lo dimensionan del todo.
En este sentido, lo que no resulta coherente es la pretensión del gobierno y sectores de derecha e izquierda, de aplicar una lógica política, jurídica y militar desigual hacia el ELN para medir su “voluntad de paz”, y obligarle a aceptar el rostro desdibujado del rebelde al que se le criminaliza y deslegitima su levantamiento armado, que –recuérdese- en Colombia tiene origen en las profundas desigualdades sociales y la nula democratización de las estructuras de poder, promovida por pequeñas élites que han ostentado el poderío económico y político en el país y el mundo.
La reciente gira a varios países de Latinoamérica -entre esos Colombia- del secretario de Estado de EE.UU., Rex Tillerson, cuya agenda central fue Venezuela; sumado a las declaraciones públicas del comandante de la fuerza militares general Alberto José Mejía en relación con la supuesta presencia de la comandancia estratégica del Eln en ese país, es indicativo que la guerra de agresión contra los países que difieren de las políticas de Washington es un hecho contundente dentro la geoestrategia regional. Una guerra que como acostumbran los imperialistas se hará bajo la bandera de la lucha contra el terrorismo, por la democracia y los derechos humanos; revistiendo así su acción criminal de legitimidad y legalidad. Aún así, las clases dominantes en el país hablan de paz y exigen coherencia a los rebeldes.
Así pues, desde sectores populares y de izquierda, no es al Eln a quien se debe exigir coherencia por acudir a acciones de guerra y sabotaje en el marco del ejercicio del derecho a rebelarse por el que optaron; no es al Eln (que permanece en la Mesa) a quien se debe exigir gestos unilaterales de paz, o presionarle a suscribir un pacto con celeridad bajo el presupuesto de que ya lo hizo las Farc-Ep. Coherencia se debe exigir a las élites gobernantes que reprimen sistemáticamente al pueblo colombiano mientras sirven de trampolín a la política internacional del gobierno de los EE.UU para una intervención militar en suelo venezolano desde nuestras fronteras; para lo cual requiere neutralizar al Eln, bien sea mediante un proceso de pacificación o por la vía militar.
13 de febrero de 2018.
Nota
[1] Incluidas aquellas dirigidas contra la policía, que aunque posa de cuerpo civil, actúa desde las lógicas de la guerra, que no sólo comporta acciones militares. Porta y usa sin titubear sus armas contra sectores populares agudizando el conflicto social del país; infiltra y destruye el movimiento social; es actor importante en la guerra contra el pueblo a la que llaman “limpieza social”; ha sido ficha fundamental en la implementación de la estrategia paramilitar en ciudades capitales y pequeños poblados del territorio nacional y realiza acciones de inteligencia contrainsurgente. Es el cuerpo de avanzada hacia el Estado policia.
https://equipopueblos.org/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016424896644
http://twitter.com/equipojuridico
Es común que lo medios de información tradicionales acudan a los pazólogos y elenólogos de siempre, y a uno que otro investigador experto en el conflicto colombiano, quienes en su mayoría concuerdan en exigir a la guerrilla “coherencia”; haciendo eco del mismo término usado por el presidente Santos para al referirse a la supuesta contradicción entre el discurso de Paz del Eln, por un lado y por otro lado su accionar militar en varias regiones de Colombia.
El llamado a la coherencia del gobierno nacional, políticos y algunos sectores de izquierda, al Eln, es en realidad una exigencia de gestos unilaterales de “voluntad de paz”, que lleva consigo una recriminación velada o abierta a las acciones militares desplegadas con posterioridad a la terminación del cese al fuego pactado y que conforme al DIH son legítimas en la guerra.
Las exigencias no surgen con la misma contundencia hacia el gobierno nacional, pese a que la situación de derechos humanos y el recrudecimiento de la acción militar y paramilitar continuaron durante y luego del cese al fuego. La persecución y exterminio contra líderes(as) sociales, defensores de derechos humanos y del territorio es una política que ha continuado su curso. La situación carcelaria general y en particular, las condiciones de las y los presos políticos se mantienen intactas. Esto, sólo por mencionar algunos de los compromisos a medias asumidos por el ejecutivo al realizar el acuerdo con el Eln, de humanizar las condiciones de la población colombiana. Y sin contar con que las muestras de paz frente a quienes han decidido transitar hacia otros métodos de lucha política -como las FARC- no han sido justamente las más fehacientes.
Las discusiones que pueden surgir alrededor del cese y su continuidad o no, son de vieja data. Una mirada estrictamente desde el Derecho Internacional Humanitario – DIH, en el que las operaciones contra el adversario armado (léase Ejército y Policía[1]) son legítimas; así como también las acciones de sabotaje contra la infraestructura, no admitiría tacha alguna de incoherencia hacia el Ejército de Liberación Nacional, así como tampoco del gobierno por el hecho de haber entrado en contacto militar contra esta organización rebelde dando de baja a sus combatientes o deteniéndolos para someterlos a la jurisdicción estatal.
Sin embargo, el brusco giro jurídico y político que a nivel mundial se dio con ocasión de los atentados a las Torres Gemelas en el año 2011, ha marcado un hito en el tratamiento al adversario armado, sobre todo, cuando se trata de sujetos rebeldes. El impacto de las medidas integrales (políticas, jurídicas, ideológicas, mediáticas, etc) adoptadas por la comunidad de Estados a nivel mundial, ha permeado también las opiniones incluso de sectores de izquierda y en el campo ideológico ha producido la más feroz victoria de las clases dominantes del mundo: la derechización del pensamiento de amplios sectores populares.
Ello dio al traste con aquel DIH que pretendía fuera aceptado por todos los actores en conflicto armado del planeta, y lo convirtió en una imposición legal dentro de la lógica de los vencedores y vencidos. El sujeto rebelde de entrada fue considerado terrorista y la acción militar de los estados a su vez fue revestida de legitimidad y legalidad, aún cuando se trate de invasiones a otros pueblos con fines esencialmente económicos; o de ataques a poblaciones enteras bajo el esquema de “quitarle el agua al pez”. La llamada lucha contra el terrorismo en últimas sustrajo del campo de los conflictos armados y sus regulaciones, aquellas confrontaciones con quienes unilateralmente han sido considerados por algunos Estados como “terroristas”; a los que despoja de todo tipo de derecho (haciéndolo de paso con la “población civil”). Estas y no otras fueron las principales razones por las que personajes como Álvaro Uribe Vélez se empecinaron en negar la existencia de un conflicto armado en Colombia y que siguen siendo reproducidas en el país. Es exactamente la misma lógica que hoy se traslada a los análisis sobre el cese y las recriminaciones que con absurda contundencia recaen de forma casi exclusiva contra el ELN por sus acciones militares posteriores al mismo. Su derecho a hacer la guerra y el derecho en la guerra para esta organización insurgente desaparece según tales razonamientos, primero por vía de la criminalización del levantamiento armado en sí mismo (permitido por el DIH) y luego mediante la deslegitimación política de su acción. Posición que es un mal presagio para la organización insurgente, en tanto significa la cuota inicial del derecho de enemigo que en caso de arribar a un acuerdo de terminación del conflicto, le sería aplicado; el mismo que le administraron a las Farc, aunque al parecer aún no lo dimensionan del todo.
En este sentido, lo que no resulta coherente es la pretensión del gobierno y sectores de derecha e izquierda, de aplicar una lógica política, jurídica y militar desigual hacia el ELN para medir su “voluntad de paz”, y obligarle a aceptar el rostro desdibujado del rebelde al que se le criminaliza y deslegitima su levantamiento armado, que –recuérdese- en Colombia tiene origen en las profundas desigualdades sociales y la nula democratización de las estructuras de poder, promovida por pequeñas élites que han ostentado el poderío económico y político en el país y el mundo.
La reciente gira a varios países de Latinoamérica -entre esos Colombia- del secretario de Estado de EE.UU., Rex Tillerson, cuya agenda central fue Venezuela; sumado a las declaraciones públicas del comandante de la fuerza militares general Alberto José Mejía en relación con la supuesta presencia de la comandancia estratégica del Eln en ese país, es indicativo que la guerra de agresión contra los países que difieren de las políticas de Washington es un hecho contundente dentro la geoestrategia regional. Una guerra que como acostumbran los imperialistas se hará bajo la bandera de la lucha contra el terrorismo, por la democracia y los derechos humanos; revistiendo así su acción criminal de legitimidad y legalidad. Aún así, las clases dominantes en el país hablan de paz y exigen coherencia a los rebeldes.
Así pues, desde sectores populares y de izquierda, no es al Eln a quien se debe exigir coherencia por acudir a acciones de guerra y sabotaje en el marco del ejercicio del derecho a rebelarse por el que optaron; no es al Eln (que permanece en la Mesa) a quien se debe exigir gestos unilaterales de paz, o presionarle a suscribir un pacto con celeridad bajo el presupuesto de que ya lo hizo las Farc-Ep. Coherencia se debe exigir a las élites gobernantes que reprimen sistemáticamente al pueblo colombiano mientras sirven de trampolín a la política internacional del gobierno de los EE.UU para una intervención militar en suelo venezolano desde nuestras fronteras; para lo cual requiere neutralizar al Eln, bien sea mediante un proceso de pacificación o por la vía militar.
13 de febrero de 2018.
Nota
[1] Incluidas aquellas dirigidas contra la policía, que aunque posa de cuerpo civil, actúa desde las lógicas de la guerra, que no sólo comporta acciones militares. Porta y usa sin titubear sus armas contra sectores populares agudizando el conflicto social del país; infiltra y destruye el movimiento social; es actor importante en la guerra contra el pueblo a la que llaman “limpieza social”; ha sido ficha fundamental en la implementación de la estrategia paramilitar en ciudades capitales y pequeños poblados del territorio nacional y realiza acciones de inteligencia contrainsurgente. Es el cuerpo de avanzada hacia el Estado policia.
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