20/06/2018
Hace algunos
días, un programa dominical de la televisión peruana, nos mostró cómo un
coronel retirado de las Fuerzas Armadas que tiene a su cargo la “Seguridad” del
Congreso de la República, programaba –en sus “ratos libres”- la formación
ideológica y política de centenares de jóvenes agrupados en Fuerza Popular.
La versión
nos mostraba la integración de destacamentos operativos destinados a librar
–como lo dijera el mismo caudillo- la “lucha callejera” en defensa de las
posiciones supuestamente amagadas por los enemigos del fujimorismo. Era, por
cierto, lo más parecido a los destacamentos punitivos que en distintos
escenarios, han asomado en la historia. Su antecedente más remoto –quizá-
fueron los tristemente célebres “fasci di combatimento” que actuaron en Italia
en las primeras décadas del siglo XX, al amparo del fascismo.
Más
recientemente, fue posible saber que estos escuadrones paramilitares, creados
con recursos del Estado, no respondían a la creatividad de un sólo funcionario.
Poseen ya una estructura mucho más sólida, compuesta por no menos de cinco ex
altos oficiales de las Fuerzas Armadas unidos por un solo cordón umbilical:
integraron el grupo de resguardo de Alberto Fujimori durante la Década
Dantesca, entre 1990 y el año 2000.
Walter Jibaja
Alcalde, responsable del Área de Seguridad del Congreso de la República es el
más encumbrado, por cierto. En esta nomenclatura, a él lo acompañan el Capitán
de Navío Pedro Cabrera Ferreyros –quien acaba de renunciar a su puesto en el
Congreso para postular por el Keikismo a la Alcaldía de La Molina- y los
coroneles Luis Maldonado Gonzales, Carlos Cuadros Villa, Pedro Calvo Jara y
José Toledo Valdivia, quizá el más publicitado.
Todos ellos,
trabajan en lo mismo: en la preparación física y psicológica de “combatientes
de calle” por la causa de Fuerza Popular, con recursos del Tesoro Público,
asignados al Parlamento Nacional
Con empeño,
han reclutado a varios otros efectivos de la Armada, el Ejército y la Policía
Nacional para que “laboren” bajo su mando, exigiendo no propiamente lealtad,
sino más bien sumisión a los designios de quienes los comandan. Poco a poco se
irá revelando la estructura, funcionamiento y tareas de estos grupos de acción.
Por lo
pronto, lo que está claro, es que usan recintos del Estado, oficinas públicas y
recursos del erario nacional porque “se sienten” parte del Poder. Y lo son,
dado que tienen el monopolio absoluto del Congreso de la República, a partir
del cual accionan una política de agresión y chantaje, destinada a doblegar la
precaria resistencia de sus adversarios.
Las
actividades puestas sobre los hombros de estos “activistas” son múltiples:
captan jóvenes, organizan “cursillos”, adoctrinan militantes, juegan un papel
activo en las redes sociales, insultan y denigran a los adversarios del
fujimorismo, desacreditan a políticos contestatarios; y, sobre todo, preparan
huestes para “los combates callejeros que se avecinan”, según lo aseguraron sus
autores.
Hay en
nuestro país, por cierto, antecedentes en la tarea de formación de grupos de
esta naturaleza, Para hablar de tiempos más o menos recientes, podríamos
recordar la experiencia alanista que alumbró la creación del Comando Rodrigo
Franco; pero más precisamente traer a la memoria al hoy desacreditado “Grupo
Colina”, que hizo de las suyas en los años de Fujimori; y que bien podría
haberse reencarnado en los núcleos creados por el coronel Jibaja. Después de
todo, el tiempo pasa, y la vida enseña.
En todos los
casos, estos grupos realizaron las mismas tareas: ejecuciones extra judiciales,
privaciones ilegales de la libertad, desaparición forzada de personas, tortura
institucionalizada y hasta la habilitación de Centros Clandestinos de
Reclusión. Precisamente en recuerdo de uno de ellos se estrenó recientemente en
las salas de cine limeñas el film “La Casa Rosada”, una prisión secreta en la
que se mantuvo en secuestro, y sometidos a bestiales torturas, a diversas
personas en Huamanga, la martirizada capital de Ayacucho, en los años de la
barbarie.
Ínfulas
grandes tienen estas gentes. El coronel Jibaja, por ejemplo, alardeó ante los
imberbes que lo escuchaban cuasi embelesados que ellos eran “el principal
partido político del Perú”; el “Real Madrid” de la política peruana, como si
César Hildebrandt no hubiera tenido el acierto –y las agallas- de considerarlo
apenas como la más grande banda delictiva que opera en el país; y como si el
prestigiado equipo de futbol español, fuera apenas una gavilla de maleantes.
¿Será una
suerte de “ejército clandestino” el que busca construir Keiko Fujimori para
imponer al país por la fuerza lo que no pudo alcanzar antes por los votos en
las ánforas, o será simplemente una pantomima ideada por coroneles desocupados
que quieren matar al tiempo asustando incautos? Eso, lo veremos más adelante,
quizá antes que sea demasiado tarde.
Sin embargo,
estas siniestras estructuras neonazis no pueden, ni deben ser subestimadas.
Constituyen un peligro para todo el cuerpo social. No sólo por los crímenes que
preparan, sino también por los métodos de los que se valen, para consumarlos.
Si hoy en el Perú la tasa delictiva ha crecido hasta alcanzar niveles
extremadamente altos; eso quedará en pequeño cuando los comandos que ahora se
incuban, entren en acción plena.
La Guerra
Sucia, no es una frase. Es una política concreta que se expresa en la
consumación de actos de barbarie y salvajismo, en los que prima el odio, que se
convierte en acicate para acciones extremadamente crueles. Eso, hay que
advertirlo.
Gustavo
Espinoza M.
Colectivo de
Dirección de Nuestra Bandera
https://www.alainet.org/es/articulo/193601
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