GUSTAVO
ESPINOZA M.
Diario
UNO / Miércoles 2 de octubre
Si, finalmente, la demanda ciudadana se abrió paso. El Presidente Martín Vizcarra, acorralado por la mafia fuji-aprista, resolvió el lunes 30, disolver el Congreso de la República y convocar a nuevos comicios parlamentarios para el próximo 26 de enero.
Esta
acción, considerada enteramente legítima y racional en España, Inglaterra, o
Francia es objetada en estos lares por los núcleos más reaccionarios, y
calificada como “chavista”. Y por eso, en lugar de admitirla, sus pares de
aquí, resolvieron imitar a la contra venezolana y proclamaron una versión
peruana de Guaidó, ungiendo como “Mandataria” a Mercedes Araoz, una personalidad
de antecedentes repudiables. “Mis Bagua” le dicen.
Es
bueno decir que esta crisis se veía venir. La obsesiva voluntad de la mafia por
apoderarse, a cualquier precio, de todos los resortes del Poder doblegando a la
mala toda resistencia, debía tener un límite. Y así lo entendió el pueblo. Por
eso, desde un inicio, en calles y plazas de toda la República, vino demandando
el fin del ciclo, y el cierre del Parlamento Nacional.
En
las últimas semanas, la crisis tomó mayores proporciones. El Congreso se propuso
liberar a Keiko Fujimori destinada a permanecer en prisión preventiva hasta el
juicio que habrá de condenarla próximamente, y copar definitivamente el
Tribunal Constitucional mediante un procedimiento considerado “exprés” y que se
tramitó en apenas 30 minutos. Y cuando se creía que ya tenía humedecida la
pólvora y agotadas sus municiones, resolvió simplemente archivar al proyecto de
adelanto de elecciones planteado por el Ejecutivo.
Esta
última acción resultó decisiva por el fondo y por la forma. El fondo, incluía
el rechazo a una salida sensata y constitucional a la crisis planteada. Y la
forma, dejaba al desnudo el descaro de parlamentarios ensoberbecidos y
asustados que, en lugar de emitir un dictamen y ponerlo razonablemente a
disposición del Pleno del Congreso para que lo debata, optaron por “archivar”
la iniciativa con el voto de 13 de los 130 congresistas. Esta decisión por sí
sola bastaría para ilegalizar dicho acuerdo. No obstante, buscaron
implementarlo a contra mano de la realidad.
La
decisión del Presidente Vizcarra responde, por eso, a una necesidad planteada
en la lucha contra la corrupción, pero también a la demanda masiva de la
población. Por eso fue saludada por casi un millón de peruanos que virtualmente
en todas las ciudades del país se lanzaron a la calle al inicio para exigir la
medida, y luego a aplaudirla con entusiasmo creciente.
La
medida es buena. Y merece activo respaldo ciudadano. Pero no cabe hacerse
ilusiones con ella. Es un paso indispensable en la lucha contra una mafia
envilecida y en derrota que hoy cuenta apenas con el respaldo de la CONFIEP
-los empresarios agrupados y puesto siempre al servicio de sus propios
intereses- pero no es la solución a los problemas que hoy agobian al país.
Ellos, por cierto, son infinitamente más graves; y sólo podrán encararse cuando
seamos realmente capaces de transformar radicalmente la estructura de
dominación vigente.
Tres
retos están planteados en la perspectiva más o menos inmediata: la vigencia de
la írrita Constitución de la Dictadura, que nos fuera impuesta por el fraude y
las armas; la adhesión incondicional al “modelo” neoliberal que hace crisis por
todos los costados; y el cumplimiento de una política exterior dictada desde
Washington y que presupone la renuncia a nuestra independencia y soberanía.
Las
demandas populares que se orientaron a la lucha por el cierre del Congreso
están preñadas de estas exigencias. Y ellas habrán de hacer luz por la
maduración del movimiento. Implicarán, entonces, la preservación de nuestra estructura
productiva, la defensa de nuestros recursos energéticos y el uso de las
potencialidades de nuestro país en beneficio del desarrollo y el progreso
nacional. Todo ello habrá de pasar, necesariamente, por una Asamblea
Constituyente que elabore una nueva Carta Magna acorde a las exigencias de
nuestra realidad.
Aún
la mafia piensa que puede aletear. No está dispuesta a darse por vencida.
Buscará no sólo recuperar las posiciones perdidas, sino también anhelará
vengarse de quienes la derrotaron. Por lo pronto, ahora llamará a la OEA.
Espera que el señor Almagro venga a darle la razón. Y que desde otras
latitudes, gobiernos despistados -o de su mismo signo- “reconozcan” a la señora
Araoz como “Presidenta de la República”.
El
telón aún no ha caído. La función no ha terminado. La lucha de nuestro pueblo
seguirá un derrotero abierto con coraje y sacrificio.
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