Dr.
Hugo SALINAS
Después de un largo combate de
la población, tanto en las calles como en las redes sociales, el Presidente del
Perú, Martín Vizcarra, decide cerrar el Congreso, un antro de corrupción. Al
mismo tiempo, decide convocar a nuevas elecciones. Pero, nos preguntamos, ¿para
un mejor destino de una población sumida en la pobreza, desempleo y salarios
bajísimos, es la solución correcta?
Una vez más, serán los partidos
políticos quienes propondrán a los nuevos congresistas. Y por la experiencia
Odebrecht sabemos perfectamente que los partidos que logran ganar escaños en el
Congreso son ampliamente financiados por empresas, que luego realizarán las
obras públicas con cifras totalmente fuera de todo control.
Por otro lado, los candidatos
al Congreso venden su alma al diablo para tener la oportunidad de su vida de
convertirse en millonarios. Su trabajo no será el de servir al pueblo, sino el
de servir a la empresa que financió su campaña electoral, además de “mejorar”
su situación personal y de grupo.
En este panorama podemos observar
tres comportamientos. Y ellos tienen un denominador común. Tanto las empresas
como los partidos políticos y sus candidatos al Congreso, piensan solamente en
maximizar sus ganancias en el tiempo lo más corto posible, y sin tener ninguna
vergüenza de servirse del dinero que, en principio, está destinado a mejorar el
estándar de vida de la población.
Este comportamiento de las
empresas como el de los partidos políticos y congresistas, viene desde el
inicio de la República. Desde aquella época, solo ha cambiado el nombre de las
empresas, de los partidos políticos y de los congresistas. En su forma de
servirse del erario nacional, de dictar leyes con nombre propio, no ha cambiado
en lo absoluto.
Este comportamiento es fruto
del modelo socio-económico impuesto por la invasión española de 1532. Quien es
el dueño de la empresa se convierte en el propietario de la totalidad del
resultado de la actividad económica. Quien maneja el acto económico es el que
se apropia de todo. Abreviando, este comportamiento es fruto de la Repartición
Individualista del resultado de la actividad económica. Sobre esta base nacen
la República, el Congreso y sus congresistas.
Los escándalos de la empresa
brasileña Odebrecht ha hecho mucho más evidente lo que antes ocultaban los
poderes públicos y sus medios de comunicación. Los recursos naturales como el
salitre, guano, caucho, oro, cobre, anchoveta… han servido solamente a ciertos
empresarios y los políticos instalados en el Gobierno. El país ha sido saqueado
y, últimamente, vendido a pedazos al mejor postor. No existe otro
comportamiento que el enriquecimiento, lícito e ilícito. El bienestar del ser
humano no entra en línea de cuentas de nuestros políticos. Todo lo contrario.
¿Qué es lo que podemos esperar
de los nuevos congresistas a elegirse próximamente? ¿Qué es lo que podemos
esperar de un Congreso, institución de la Democracia Representativa?
Saquemos la venda de nuestros
ojos, dejemos a un lado nuestra mentalidad servil, y volvamos a ser seres
humanos con personalidad propia, autonomía e independencia de criterio.
Volvamos a ser y estar orgullosos de nuestra sociedad, de nuestro país y de
nosotros mismos.
Para lograr este objetivo,
debemos volver a la raíz de la noción de Democracia, una institución animada
por el pueblo y, por consiguiente, al servicio del pueblo. Es la Democracia
Directa. Y para ello no tenemos otro camino que cambiar el modelo
socio-económico actualmente imperante, por otro modelo que haga viable el
comportamiento democrático que todos anhelamos.
Entonces, el nuevo modelo
socio-económico debe facilitar que la totalidad del resultado de la actividad
económica vuelva a las manos de todos los habitantes del país, en partes más o
menos iguales. Esto, por una simpleza evidente: quienes han creado las riquezas
de ahora son los pueblos de ayer y el de ahora.
Y para que esta Repartición más
o menos igualitaria perdure en el tiempo es indispensable que lo esencial de la
actividad económica sea gestionado directamente por el pueblo, a través de sus
propias empresas, las empresas-país. Es decir, gestionado por empresas
que pertenezcan al pueblo, a todos los habitantes del país en igualdad de
condiciones. Y esto no es nada nuevo en la historia de la Humanidad, menos aún
en la historia de los pueblos originarios del Tawantinsuyo.
Las empresas-país crearán el
zócalo de la propiedad comunitaria y, con ello facilitarán la puesta en obra
del financiamiento ilimitado y gratuito para crear y desarrollar las
obras que el país requiere. Con ello se logrará la eliminación del desempleo,
el incremento acelerado del salario mínimo hasta alcanzar el estándar de los
salarios mínimos a nivel internacional (4 mil soles mensuales), y la
eliminación de la pobreza al interior del país.
Para lograr esta Gran
Transformación, el pueblo cuenta con una herramienta que le permitirá realizar
las Grandes Obras, descomunales obras, como las 60 ciudades del Sol y la Luna,
que permitirán en el más corto plazo, eliminar el desempleo masivo imperante en
el país.
Esta herramienta está en manos
del pueblo porque es ella quien la genera con su “aceptación general”. Con su
aval se podrá financiar todas las obras, cualquiera sea su tamaño. Se trata de
la emisión monetaria. Un mecanismo que actualmente las grandes empresas y los
“países ricos” lo vienen utilizando en su propio beneficio.
Sólo la ignorancia de una
mentalidad sometida al amo, al patrón, a la fuerza imperante del dinero y de
las armas, nos tiene en un aparente callejón sin salida. Es decir, sólo el
sometimiento mental a los efectos perversos del modelo socio-económico
imperante, nos impide ver y alcanzar el futuro al cual todos tenemos derecho.
Nunca es tarde ni para
nosotros, ni para nuestros hijos, ni para las generaciones venideras. Nuestro
objetivo inmediato debe ser cambiar el modelo socio-económico imperante.
Coraje y lucidez, que el futuro nos pertenece.
Saint-Nazaire, Francia, 17 de
octubre del 2016
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