07-07-2018
Sin duda, se vive un momento histórico
del México contemporáneo, porque por primera vez en muchas décadas se respetó
la voluntad popular expresada en las urnas; no se impuso un fraude de Estado,
ni la caída del sistema, ni el cínico “haiga sido como haiga sido” de Felipe
Calderón; esta es una conquista trascendente del pueblo mexicano que, sin
disminuir ni subestimar, es necesario analizar desde el pensamiento crítico y
la lucha de los pueblos originarios en defensa de los territorios, la madre
tierra y la vida.
Esta
transición no se debe a una súbita vocación democrática del régimen priísta,
sino a tres factores interrelacionados que impidieron la imposición del
tradicional fraude de Estado: 1) La extraordinaria participación ciudadana de
más de 60 por ciento del padrón electoral. 2) La fractura de la clase política
de los principales partidos, el PRI y el PAN, que fueron a la elección
separados, y con conflictos internos que se profundizaron durante la campaña.
3) El voto de castigo de millones de electores que se pronunciaron por un
cambio.
No
obstante, destaca la capacidad del Estado para reconstituirse: el triunfo de la
masiva intervención de la ciudadanía, se trastocó rápidamente en una “victoria
de las instituciones” y el “sistema democrático”. Atrás quedó la violencia
desplegada a lo largo y durante el proceso electoral, y muy pronto fueron
olvidados los 132 candidatos asesinados.
El
reconocimiento del candidato oficialista la noche de la elección, y la tersa
secuencia de eventos que culmina con el mensaje de Enrique Peña Nieto y el
discurso conciliador del candidato ganador, hace pensar en una concertación a
partir de la cual no habrá castigo por los crímenes de Estado y lesa humanidad
del gobierno saliente, ni litigio penal sobre el visible saqueo del erario y la
evidente complicidad de los tres niveles de gobierno con el crimen organizado.
Asimismo,
es significativo que en su primer discurso como candidato ganador, López
Obrador mande un mensaje a las corporaciones capitalistas para tranquilizarlas
de que no tomará medidas “radicales”, “se respetarán los contratos”, “no habrá
expropiaciones” y, en ese contexto, hay que entender su lema preferido: “Por el
bien de todos, primero los pobres”, sobre el que cabe preguntar: ¿Quiénes son
“todos”?
También,
se reiteró la idea rectora-casi-única de toda la campaña de que la corrupción
es la matriz de todos los males del país, negando AMLO que ésta sea inherente
al capitalismo, cuya piedra angular es la expropiación del trabajo de la clase
trabajadora y la desposesión de territorios-recursos-naturales-estratégicos por
sus corporaciones. El presidente electo niega que la ley del
valor-explotación-plusvalía-lucha-de-clases aplique para México, insistiendo en
el factor de la corrupción. (https://www.facebook.com/morena.socialista /videos/632778547067850/.)
Esta
peculiar perspectiva de López Obrador, que corrige a los “clásicos” del
marxismo, es muy importante para el rumbo que siga la resistencia de los
pueblos originarios frente al proceso de recolonización de los territorios por
las trasnacionales capitalistas, la cual es visibilizada por el Concejo
Indígena de Gobierno (CIG) y su vocera, Marichuy, durante toda la campaña.
Mineras, corredor transístmico, refinerías, proyectos carreteros, trenes balas
y una luna de miel con el empresariado, son malas señales para los pueblos
originarios.
Por
su parte, dirigentes de organizaciones indígenas en torno a AMLO presentaron un
documento programático que, con la fraseología del zapatismo, incluso con el
uso del “mandar obedeciendo”, propone, en suma, y como principal propuesta, un
retorno al indigenismo ya superado desde el diálogo de San Andrés, ahora bajo
la conducción de una burocracia indígena que conformaría una nueva secretaría
de Estado.
Marichuy
declaró que lo realmente significativo vendrá ahora y que lo trascendente es
organizarse si se desea llevar al país hacia un cambio verdadero; se trata de
resistir a las corporaciones capitalistas y a los gobiernos que las protejan,
actuando desde donde se esté, en barrios, colonias, ciudades o pueblos
indígenas.
El
límite de la democracia representativa es que la participación ciudadana se
concentra en un sólo día, a partir del cual, los asuntos públicos son monopolio
de una clase de políticos profesionales que se desentiende del electorado. El
EZLN y el CIG, en cambio, proponen una democracia de nuevo tipo, la democracia
autonomista que se fundamenta en una construcción de poder y ciudadanía desde
abajo; como forma de vida cotidiana, de control y ejercicio del poder desde el
deber ser, esto es, con base en términos éticos. No es un medio o procedimiento
de reproducción de estamentos burocráticos, sino un pacto social y político, un
constituyente de todos los días que opera unitariamente en todas las esferas y
órdenes de la vida.
Por
esta democracia, la lucha seguirá, hombro con hombro con los pueblos, abajo y a
la izquierda.
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