Escribe: Milcíades Ruiz
Todas las voces de izquierda y derecha se aprestan
a celebrar un año más de la independencia del virreinato del Perú y abogan por
el boato celebratorio de su bicentenario. Lo hacen de buena fe sin pensar en la
enorme injusticia de este acontecimiento. Independencia del virreinato no es lo
mismo que emancipación del Tahuantinsuyo, menos de la población nativa. Todo se
ha tergiversado y ha hecho perder de vista el derecho de la población autóctona
de recuperar su territorio arrebatado por la dominación colonialista. La
población nativa ancestral perdió su patria siendo suplantada por los invasores
y sus descendientes que se apoderaron de ella.
Es otra la historia y este es otro asunto pendiente
de recuperar velando por su autenticidad y reivindicando la lucha heroica por
la independencia desde la perspectiva de la población nativa. Esto tiene que
ver con nuestra consciencia y honestidad. Reconocemos o no, los derechos de la
población ancestral, estamos dispuestos o no, a reparar el daño histórico.
Disculpen que insista. Estamos indignados por la delincuencia en el poder
judicial pero el fraude también estuvo presente desde el inicio de la
república. Todo fue arreglado a espaldas de los herederos de la patria nativa.
Muchos prefieren no tocar esta temática que resulta
molestosa para quienes no llevan sangre autóctona. Mucho menos en “Fiestas
Patrias” donde unos reciben gratificación y aguinaldos mientras muchos peruanos
ancestrales de las alturas andinas pasan hambre y sufren las inclemencias de la
estación invernal. Otros países de Asia, África y Europa también fueron
invadidos y colonizados pero recuperaron su territorio, su autonomía y su
derecho de gobernarse a sí mismos. Vietnam, China, Rusia, países árabes,
africanos y hasta la misma España son gobernados por descendientes autóctonos.
En Sudamérica sucede todo lo contrario.
Revisar la cara oculta de la historia desde una
perspectiva diferente quizá nos haga reflexionar y actuar de otra manera. La
Revolución Francesa de 1879, cambió la historia y su radicalismo generó espanto
en todas las monarquías que tuvieron que aceptar nerviosamente la necesidad de
reformar su modelo de gobierno para sobrevivir antes que el contagio
revolucionario las arrase. Una nueva Constitución republicana como en Francia,
era una consigna que recorría toda Europa. Carlos IV era del rey de España, de
la misma dinastía del derrocado rey francés Luis XV y Luis XVI guillotinado por
la revolución.
La monarquía española trató de recuperar la corona
francesa aliándose con su enemiga Gran Bretaña pero fue derrotada
desastrosamente y las tropas francesas ocuparon gran parte del territorio
español, teniendo que ceder la colonia de Santo Domingo a cambio de la paz. No
obstante, en 1796, España hizo alianza con el gobierno francés, desatando la ira
de Gran Bretaña que le declaró la guerra. Las guerras causaron la ruina de
España haciéndola insostenible. En estas condiciones surgen las ideas
independentistas de los virreinatos.
El rey enfermo y desalentado fue tentado a
refugiarse en sus colonias de Sudamérica pero optó por abdicar en favor de su
hijo Fernando VII en 1808. Esta medida fue desactivada por Napoleón Bonaparte
para entonces ya emperador francés. Carlos IV se exilió en Francia y cedió
todos sus derechos a Napoleón, que nombró emperador a su hermano José. El
pueblo español, no aceptó lo dispuesto por Carlos IV y emprendió la lucha por
la independencia de España.
Mientras este desastre sucedía en España, las
colonias en Sudamérica quedaron al abandono sostenidas solo por la lealtad de
los virreyes que enviaban dinero para socorrer al imperio sumido en el
desastre. Ante la incertidumbre, los españoles instalaron Juntas de Gobierno y
lo mismo se hizo en las colonias aunque tropezaron con la oposición del virrey
pues amenazaba su autoridad. En este intento fracasaron y fueron ejecutados los
hermanos Angulo, Pumacahua, Melgar y otros.
Mientras tanto, las ideas de la independencia de
las colonias habían calado en los españoles sudamericanos resentidos por la
discriminación que sufrían ante los españoles peninsulares que ocupaban los
mejores cargos y privilegios en los negocios. Los subversivos independentistas
siguiendo las ideas de la Revolución francesa y el ejemplo de las colonias de
Norteamérica independizadas de Gran Bretaña, ya se habían organizado y estaban
operando con el apoyo británico a condición de romper el monopolio español del
comercio con las colonias.
Los grupos revolucionarios independentistas se
organizaron militarmente, retornaron a las colonias y entraron en acción
primeramente en los virreinatos de Granada y Buenos Aires. En este proceso,
Chile juró su independencia el 12 de febrero de 1,818 pero quedaba el riesgo de
perderla si no se aseguraba la caída del gobierno realista del Perú, donde no
había líderes luchando por la independencia del virreinato.
Con tal fin, haciendo gran esfuerzo económico Chile
organizó y financió, una Expedición Libertadora que tenía la misión liberar el
virreinato del Perú. Esta expedición estaba conformada fundamentalmente por
argentinos, al mando del general José de San Martín y se contrató los servicios
mercenarios del Almirante inglés Tomás Cochrane al mando de la armada en las
operaciones marítimas.
Fue así como, los subversivos extranjeros llegaron
al Perú y el 15 de Julio de 1821 se firmó el Acta de
independencia. Firmaron esta acta: El Conde San Isidro, el Conde de la Vega del
Ren, el Conde de Las lagunas, el Marqués de Villafuerte, el Marqués de Monte
Alegre, el Conde de Torreblanca, el Conde de Vista Florida, el Conde de San
Juan de Lurigancho, el Marqués de Corpa, el Marqués de Casa Dávila.
Y también, otros miembros del entorno aristocrático
y terratenientes tales como: Xavier de Luna Pizarro, José de la Riva Agüero,
Manuel Agustín de la Torre, Tomás e Ignacio Ortiz de Cevallos, Antonio Boza,
Hipólito Unanue, José y Miguel de la Puente, Manuel A. Colmenares, Luis A.
Naranjo, Mateo de Pro, Lorenzo Zárate, Francisco Moreyra y Matute, Manuel y
José Ferreyros, Francisco Xavier Mariátegui, Antonio de Bedoya, José Pezet,
Pedro Olaechea, Manuel Tudela, Agustín de Vivanco, Toribio de Alarco y otros
cuyos apellidos que aún hoy resuenan en nuestros oídos, porque siempre
estuvieron en el gobierno republicano. Aun hoy se conservan muchos de
esos nombres en los terrenos urbanizados del conde de San Isidro, San Juan de
Lurigancho, Zárate, Pro, Matute, Monte Alegre, etc.
La representación de la población nativa,
verdaderos dueños del territorio fue omitida totalmente, a pesar de haber
derramado su sangre en la lucha por la independencia de su patria durante todo
el coloniaje. El primer Congreso Constituyente de la República de 1822 estuvo
conformado inicialmente por 53 representantes, llegando hasta 91 diputados en
1825, de los cuales 78 eran nacidos en el Perú y todos económicamente
pudientes, conforme a las normas eleccionarias. 28 diputados eran abogados
aristócratas y 26 sacerdotes del alto clero. Presidente de la Junta Gubernativa
fue designado el ex general realista José La Mar, que tampoco era peruano.
Es así que, declarada la independencia se comisionó
la búsqueda de un rey para el Perú para traerlo de Europa y se estableció la
nobleza para la corte del emperador con el nombre de la “Orden del Sol”. Como
miembros de esta nobleza fueron considerados: Bernardo O`Higgins, Juan García
del Río, Bernardo Monteagudo, Hipólito Unanue, Tomás Guido, Gran Mariscal
Gregorio de las Heras, Gran Mariscal Juan Antonio Alvarez de Arenales, Toribio
de Luzuriaga, el Marqués de Torre Tagle, el Conde del Valle Oselle y algunos
militares más de alta graduación.
De la aristocrática “Orden del Sol” salieron los
primeros gobernantes de la nueva república. El predilecto de virreyes, Dr.
Hipólito Unanue, terrateniente de Cañete y fundador de la Orden del Sol, que había
estado en el campo enemigo pasó a ser Ministro de Hacienda llegando a ser
presidente del Consejo de Gobierno. Otros miembros de la aristocracia colonial
también pasaron a dirigir la naciente república y han pasado a la historia como
próceres de la independencia.
El hijo del Conde de San Juan de Lurigancho, Diego
Aliaga, quien fuera teniente del regimiento de la nobleza colonial, capitán de
la Guardia del Virrey Abascal y del virrey Joaquín de la Pezuela, regidor del
cabildo de Lima, pasó a ser Consejero de Estado y en 1823 Vicepresidente de la
República. El Dr. Manuel Pérez de Tudela, regidor realista, pasó a ser
congresista constituyente en 1922 y, ministro vocal de la Corte Suprema. El
Conde de Torre Velarde, que había sido regidor del Cabildo realista en 1813,
gobernador del Cercado en 1821, pasó a ser Vocal de la Corte Suprema de
Justicia. El Conde de la Vega del Ren, José M. Vásquez de Acuña, pasó a ser
Consejero de Estado.
Así también, la oficialidad de la fuerza armada
realista ligada a la aristocracia colonial copó los altos mandos de la nueva
fuerza armada de la naciente república. De ser militares realistas, defensores
del régimen virreinal y enemigos de la causa libertadora, se convirtieron de
pronto en militares “patriotas”. El Mariscal de Campo, Marqués de Montemira,
que al proclamarse la independencia ejercía el cargo de gobernador, designado
por La Serna, pasó con el grado de teniente General, siendo más tarde
Vicepresidente del Consejo de Estado.
Sobre esta base social se fue erigiendo el nuevo
poder dominante de la República del Perú. Ellos coparon el Poder Legislativo,
Poder Ejecutivo, Poder judicial y la nueva Fuerza Armada Republicana. El
virreinato del Perú tenía 8 intendencias y 56 partidos (zonas). Cada ciudad
tenía un Cabildo o Ayuntamiento con sus alcaldes y regidores. La finalidad de
este ordenamiento territorial era controlar mejor el régimen de expoliación y
recaudación de los tributos impuestos a la población nativa.
Al crearse la República del Perú, las intendencias
tomaron el nombre de Departamentos geográficos y el intendente pasó a llamarse
Prefecto. El intendente había sido el representante del virrey en cada
intendencia pero continuaron como prefectos representando al presidente de la
república en cada departamento. En las provincias era el sub prefecto y en los
distritos eran los gobernadores. Los ayuntamientos tomaron el nombre de
municipalidades pero mantuvieron los cargos de Alcalde y regidores, que eran
ejercidos por los “notables” de cada ciudad, que en la práctica eran los mismos
colonialistas aristócratas del virreinato.
Como es fácil deducir, el mismo ordenamiento
territorial del virreinato, cuya finalidad era el sometimiento de la población
colonizada, siguió rigiendo en la República. Y los mismos colonialistas y sus descendientes
siguieron manejando este sistema administrativo. Sin embargo, el proceso de
alienación nos ha hecho perder de vista esta situación y tenemos otro concepto
de lo que ha venido sucediendo en nuestro país.
Ahora que la cloaca del régimen vigente nos muestra
la podredumbre generalizada de la república que fundaron los descendientes de
conquistadores y colonialistas, quizá sea buen momento para meditar sobre esta
temática y al vez los peruanos ancestrales luchen por recuperar la conducción
de su heredad. Lo que viene sucediendo con gran escándalo en la administración
de justicia y en la administración política no es pasajero. Es un producto
social estructural. Actuar sobre el producto terminado no resolverá el problema
estructural. Mucho más que las simples reformas institucionales lo que se
necesita es remover los cimientos para construir una nueva república, libre de
virus sociales, con una nueva democracia equitativa.
Salvo mejor parecer.
Julio 2018
Otra información en https://republicaequitativa.wordpress.com/
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