Autor:
Humberto Campodónico
La
semana pasada el gobierno anunció su intención de no
modificar la cláusula anticorrupción del contrato del Gasoducto Sur Peruano
(GSP), que actualmente construyen Odebrecht (55%), Enagás de España (25%) y
Graña y Montero (20%). Como se sabe, Odebrecht está vendiendo su participación
del 55% y los interesados son Sempra de EEUU y Techint (Argentina/Italia).
Si
esta cláusula se mantiene, cualquier acto ilícito para ganar la licitación de
junio del 2014 desemboca en su inmediata terminación. Sempra y Techint dicen
que ellos no pueden asumir el riesgo por lo que no les corresponde. Por tanto,
ya no comprarían las acciones de Odebrecht.
Si
esto es así, entonces el GSP está en peligro porque a) los bancos no le quieren
prestar a Odebrecht (por la corrupción en Brasil) el dinero para la inversión y
b) la fecha para que el Consorcio GSP consiga el “cierre financiero” (es decir,
garantice que tiene los préstamos) vence en enero del 2017. Si no hay “cierre
financiero”, entonces el gobierno puede terminar la concesión. A la fecha, se
han invertido US$ 1.500 millones en el GSP y el avance llega al 31%.
¿Cuáles
son las consecuencias para los pueblos del sur y para todo el Perú? Muchas y
muy preocupantes, motivo por el cual ya están sonando todas las alarmas.
Pero
antes veamos la oferta de gas. Dicen los críticos que el GSP no es viable
porque no existen reservas suficientes, lo que lo convertiría en un “elefante blanco”.
Pues bien, el presidente de China, Xi Jinping, en su visita a Lima por APEC,
anunció que la estatal CNPC, propietaria del Lote 58 en Camisea, tiene 3,9
billones de pies cúbicos (TCF, en inglés) de reservas probadas de gas, la mitad
de las reservas del Lote 88 del Consorcio Camisea, que abastece Lima. Gas hay,
entonces, y mucho. ¡Qué bien!
Esto
ya se sabía. El Libro de Reservas de la DGH dice que en el Lote 58 había 3,5
TCF de reservas probables y posibles, producto de los US$ 610 millones
invertidos desde el 2008 (a fines del 2014, CNPC compró ese lote a Petrobras).
En el 2015 y 2016, CNPC actualizó los estudios sísmicos y concluyó en los 3,9
TCF de reservas probadas. Así, el Lote 58 va a pasar de la fase de exploración
a la de explotación comercial.
Volvamos
a la cláusula anticorrupción. Si se cae la compra de Techint y Sempra y no hay
cierre financiero, los ministros Tamayo y Thorne ya han manifestado su
intención de terminar la concesión (artículo 6.6 del contrato) y proceder a una
nueva licitación. De nuestro lado, apoyamos que no se elimine la cláusula
anticorrupción.
Pero
la nueva licitación no se hará en un “dos por tres”. La cláusula 20 del
contrato establece numerosos trámites determinados secuencialmente (por ejemplo
la valorización de la inversión de US$ 1.500 millones), con plazos que se
tienen que cumplir.
Según
algunos expertos, la nueva licitación difícilmente podrá realizarse antes de 18
meses después de enero del 2017. Esto va a traer frustraciones muy grandes en
el sur. Por eso, el gobierno debe explicar claramente los plazos de la nueva
licitación y las medidas para acelerarla, cosa que demandan millones de
peruanos.
El
gobierno también ha dicho que quiere modificar la forma de pago de la inversión
porque actualmente hay “un recargo muy grande en las tarifas eléctricas que
pagan todos los consumidores”. Esto nos dice que el gobierno se ha puesto del
lado del argumento de los “lobbies eléctricos”, pues la incidencia en las
tarifas solo sería grande si no hay demanda en el sur. Los “lobbies” quieren
asustarnos y gastan millones para convencer al público. Pero sus argumentos son
falsos: esa demanda existe: de saque, el 80% del gasoducto estaría lleno con la
demanda de las generadoras del Nodo Energético del Sur, como lo hemos
demostrado antes (1).
En
verdad, la cosa es al revés. Dice el COES (organismo privado que “maneja” la
electricidad) que si el GSP no llega al sur para el 2020, entonces no habrá
“generación eficiente de energía” y los precios de las tarifas eléctricas se
elevarán, puesto que el Nodo del Sur tendrá que generar con diesel (caro) y ya
no con gas natural (más barato). Los ganadores son aquellos que producen
energía barata (hídrica y/o a gas natural) y la venden al precio caro. O sea,
los “lobbies”. Ajá. Aquí también habrá debate.
Hasta
aquí hemos visto problemas. Lo positivo es que el gobierno dice que la nueva
licitación incluirá la industria petroquímica. Muy bien. Pero, ojo, para eso el
Estado tiene que poner en marcha la Comisión Multisectorial (desactivada por
Humala) que oriente el proyecto que, esta vez sí, debe ser un proyecto
integral: oferta, transporte por el GSP y gestión de la demanda, lo que incluye
la petroquímica. Nos esperan tiempos y debates muy difíciles, porque el sur del
Perú no se va a dejar “mecer”. El gobierno tiene la palabra.
Ah,
me olvidaba. El gobierno habla del GSP, pero poco dice de la investigación a la
re-exportación de Shell del gas del Lote 56, que nos cuesta centenas de
millones de dólares y que va a ser investigado en el Congreso. Esperamos la
misma posición en este caso.
(1)
Ver
http://larepublica.pe/impresa/opinion/810505-el-gasoducto-y-los-infladores-de-cifras
y
http://larepublica.pe/impresa/economia/812104-debate-por-el-gasoducto-sur-peruano
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