Publicado
por Francisco Umpiérrez Sánchez
La ideología siempre
contiene falsedades, pero la ideología de los independentistas catalanes está
repleta de engaños y tretas. Algunos plantean que existe una contradicción
entre el gran nacionalismo español y el pequeño nacionalismo catalán, y,
siguiendo supuestamente a Lenin, plantean que la izquierda radical debería
apoyar al “pequeño nacionalismo catalán”. En primer lugar, no existe el gran
nacionalismo español, puesto que España está constituida por 17 Comunidades
Autónomas donde cada una de ellas tiene una identidad específica. Existen en
concreto tres Comunidades Autónomas, además de la catalana, a las que hay que
reconocerle el carácter de nacionalidad: Euskadi, Galicia y Valencia. Todas
pueden esgrimir el tener una lengua propia, uno de los rasgos decisivos
nacionales en el mundo actual. Hay además otras Comunidades, como pueden ser
Andalucía y Canarias, que también poseen un grado de identidad
nacional-regional importante. Por lo tanto, eso de que por una parte está
el pequeño nacionalismo catalán y por el otro el gran nacionalismo español es
una tesis falsa.
No existe el sentimiento
nacional español o existe en muy pequeña escala. No obstante, sí existe el
sentimiento nacional catalán. Y es cierto que el proceso independentista
catalán ha desarrollado el sentimiento nacional español, provocando que en
muchos balcones de España se luzca la bandera nacional. Lo que resulta
incomprensible por parte de la izquierda radical es que considere legítimo el
sentimiento nacional catalán y sus expresiones simbólicas y se rechace el
sentimiento nacional español y sus expresiones simbólicas. La causa está en que
muchos líderes de la izquierda radical todavía están en este terreno en los
años setenta del siglo pasado, y siguen vinculando la bandera española con el
franquismo. Carece además de rigor histórico comparar la Rusia semifeudal y
semicapitalista del periodo 1900-1917 con la España de 2017 en la etapa de la
regionalización de la economía de los Estados nacionales y en la
época de la globalización. Si la teoría se llena de pura ideología política, la
falsedad de los conceptos nos cegará.
Resulta además que
Cataluña es una de las regiones más rica de España, en los ámbitos industrial,
comercial, financiero y cultural. Su renta per cápita es una de las más grandes
de España. ¿A quien le cabe en la cabeza presentar a los canarios, andaluces y
extremeños, por ejemplo, en calidad de opresores del pueblo catalán? Solo a
quienes no analizan la realidad en su concreción. Y no vale la treta de
sustituir el pueblo español por el Estado español, como si el Estado fuera un
ente independiente de la sociedad civil y no como lo que es: la objetivación de
su vida colectiva y general. No tiene tampoco sentido que estando la izquierda
radical en contra de la independencia de Cataluña, defienda, no obstante, el
derecho a la autodeterminación para esa nacionalidad. Se está cayendo en los
conceptos de la democracia abstracta. Se habla de que el pueblo catalán quiere
votar para decidir su independencia o no. Las cosas no pueden enfocarse así. No
se pueden dejar de lado los conceptos de clase. Es un sector de la burguesía
catalana aliada a un sector amplio de la clase media quien quiere la
independencia de Cataluña. Y han logrado que una parte importante del pueblo
catalán los siga. La base social de un movimiento no determina su naturaleza de
clase, sino los intereses que se defienden. Y lo que mueve a los
independentistas catalanes no son otros que los intereses egoístas de la
burguesía. “España nos roba” es una de sus consignas fundamentales. Y que los
catalanes serán más ricos es una de sus consignas fundamentales para legitimar
una Cataluña independiente.
Surge una pregunta: ¿La
defensa del derecho a la autodeterminación es un derecho que solo se le
reconocerá a Cataluña o también hay que reconocérselo a otros pueblos de
España? Es obvio que ese derecho por principio democrático debe
reconocerse a todos los pueblos de España y no solo a Cataluña. Luego ese
derecho a la independencia también querrán ejercerlo de forma legítima
Euskadi, Galicia y Valencia. Pero también podrían ejercerlo Canarias,
Andalucía y cualquier otra Comunidad Autónoma. Volveríamos entonces a la época
precapitalista. Daríamos marcha atrás a la historia. No se puede sustentar en
un concepto abstracto de democracia la defensa al derecho a la
autodeterminación. Es un error estratégico muy grave. Los postulados
principales de la izquierda radical quedarían fuera de juego. No se puede
sucumbir como se está haciendo a los intereses nacionales de la burguesía
catalana independentista.
Surge además otro asunto.
¿Por qué el derecho a decidir el futuro solo tiene que afectar al derecho a la
independencia del pueblo catalán? ¿Por qué ese derecho no puede afectar a
asuntos más decisivos y trascendentales de la vida de los pueblos de Europa? No
estaría de más que se celebrara un referéndum para decidir que el salario
mínimo fuera de 1000 euros, que nadie tuviera un ingreso superior a los 20.000
euros mensuales, que nadie tuviera un patrimonio superior a los 30 millones de
euros, que los partidos de fútbol fueran todos en abierto, que todas las
grandes empresa estuvieran intervenidas en su accionariado por el Estado, que
el número de televisiones privadas fueran menos, y así un gran número de
cosas. Pero ¿cuál ha sido la causa que ha hecho a la izquierda radical
ponerse del lado de los independentistas catalanes? Una razón sencilla: su
objetivo central es derribar al PP del gobierno de la nación. Pero un objetivo
central no puede significar que tenga carácter absoluto. No siempre un objetivo
central tiene que ser el objetivo principal. Y el objetivo principal actual
para la izquierda radical, por mucho que en aspectos de esa lucha se coincida
con el PP, debería ser luchar con firmeza contra el nacionalismo
independentista catalán. Si no se hiciera así, el conflicto catalán puede
polarizar, como lo está haciendo ahora, la vida política española durante más
de una década. Y esto perjudicaría gravemente los intereses del socialismo: los
intereses de la propiedad pública y los intereses de los trabajadores.
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