Nota Breve:
Sentimos contradecir al autor de ésta nota. Pero, la única garantía de una prensa libre es que ésta no este en manos de la empresa privada. Los empresarios como buenos creyentes del mercado, actúan y dirigen los medios de comunicación en función de sus intereses privados (su bolsillo y la preservación del status socio-económico). Los intereses públicos sólo serán destacados en las primeras páginas sino perjudican el interés privado del gremio de empresarial. El conflicto entre el interés público y el interés privado siempre se resolverá, cuando la prensa esta en manos privadas, a favor de estos últimos. ¡Pruebas al canto!, dirá el lector. Qué mejor prueba que el caso de Julian Assange.
Tacna, 26 Feb 2020
EBM
LA DEFENSA DE UNA PRENSA LIBRE: EL MEJOR ANTÍDOTO
CONTRA EL AUTORITARISMO
Posicionarse en contra de la extradición de Assange a EEUU es defender
la libertad de información.
Actualizado
Jack
Taylor via Getty Images
El tribunal
de Woolwich (Londres) está siendo testigo estos días de las audiencias del
juicio donde se decidirá si Assange es extraditado o no a Estados Unidos. Este
pasado lunes fue el primer día de dichas audiencias, y supuso una jornada
crucial, no solo por ser el inicio formal del proceso, sino también porque la
Administración Trump ha explicado sus argumentos para pedir esta extradición.
Recodemos
que Estados Unidos reclama la extradición de Assange y le acusa de conspiración
y espionaje por su participación en una serie de filtraciones que fueron
fundamentales para desvelar graves delitos, como crímenes de guerra y
violaciones de derechos humanos que el ejército estadounidense cometió durante
las guerras de Irak y Afganistán. Uno de los episodios más conocidos fue el
llamado “daño colateral”, en el que tropas estadounidenses abrieron fuego
contra la población civil en Irak. No deja de ser paradigmático que Assange se
encuentre ahora en una prisión de máxima seguridad por haber revelado al mundo
uno de los mayores escándalos políticos de violación de los derechos humanos, y
que los responsables no solo no estén en prisión, sino que no parece que ni tan
siquiera vayan a ser juzgados.
Se trata
además de un juicio polémico y profundamente cuestionable. Una de las
cuestiones más lamentables es, sin duda, la propia acusación: la extradición
por espionaje y conspiración. Además de las razones obvias de por qué esta
acusación no debería de tener ningún tipo de legitimidad por existir un derecho
superior (el derecho a la información y a la libertad de prensa), es
problemática también desde el punto de vista de la propia legislación
norteamericana. Como hemos denunciado los que defendemos a Assange y la
libertad de información, la famosa primera enmienda anularía la aplicación de
cualquier ley que impidiese la libertad de prensa y de expresión. Desde esta
perspectiva, las acusaciones para su extradición podrían ser incluso
inconstitucionales en EEUU.
Otro
elemento es que, durante esta primera audiencia, la Administración Trump se ha
empeñado en atacar la imagen de Assange como periodista y presentarlo como un
peligroso hacker informático. Sin embargo, como hemos escuchado hoy, todos y
cada uno de los y las profesionales de la información allí presentes defendían
que lo que ha hecho Assange -encriptar información- no es más que la práctica
habitual de cualquier periodista de investigación que se precie y que trabaje
en la era de la digitalización de la información.
Los abogados
de la acusación también han dedicado gran parte de sus esfuerzos a justificar
las acciones y crímenes de guerra que destapó la filtración de Wikileaks.
Recordemos que la información que revelaron tanto la soldado Chelsea Manning
como el propio Assange, jugándose su propia libertad, no solo defendía el
derecho a la información, sino que atacaba la impunidad de los crímenes de
guerra de un ejército que se cree al margen del derecho internacional y de los
derechos humanos.
Posicionarse en contra de la extradición de Assange
a EEUU es defender la libertad de prensa y de información.
Relacionado
también con la cuestión del derecho y la legislación, es fundamental recordar
que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU ha reclamado en
varias ocasiones la libertad de Assange al Gobierno británico, al tiempo que ha
criticado severamente que se mantenga al periodista en una prisión de alta
seguridad que no corresponde a los delitos por los que es acusado en el Reino
Unido. Y tampoco se puede olvidar que la nueva directiva europea sobre
denunciantes e informadores, aprobada mientras el Reino Unido todavía formaba
parte de la UE, añade como elemento esencial: el interés público. Es decir,
establece que cuando un profesional de la información descubre secretos de interés
público, éste “no debe de ser procesado” por esta causa. Una norma que debería
de haber sido vinculante en el Reino Unido para invalidar el proceso de
extradición a los EEUU. Una invalidación que, de hecho, este país decidió no
hacer efectiva al mantener a Assange en la cárcel cuando Ecuador le retiró el
estatuto de refugiado. Todo, supuestamente, por no pagar la fianza que se le
había impuesto.
Por otro
lado, no es menos polémico y cuestionable que la propia ley de espionaje que se
está utilizando para intentar justificar la extradición del fundador de
Wikileaks date de 1917, y que sea una ley que se creó, precisamente, para
acallar voces disidentes de líderes socialistas que se manifestaron en contra
de la participación de EEUU en la Primera Guerra Mundial. Parece que la
historia se repite y que acallar a la disidencia contra la guerra y los abusos
se vuelve a poner en el centro de la administración norteamericana.
Y más allá
de las cuestiones polémicas, están los escándalos políticos que han salido a
relucir de forma reciente y que reflejan hasta dónde puede llegar la defensa de
los intereses de la Administración Trump. Estamos hablando de las escuchas
ilegales que habría sufrido Assange durante su estancia en la embajada de
Ecuador, a instancias del propio Gobierno de los EEUU. O de los intentos de
soborno de la administración Trump al propio Assange, ofreciéndole el indulto a
cambio de que negara las supuestas injerencias rusas en las elecciones del
2016.
Todo ello no
hace sino añadir más peso al argumento principal que sostenemos los que hemos
venido como observadores a las audiencias: que este juicio es un caso de
persecución y de censura política, y que posicionarse en contra de la
extradición de Assange a EEUU es defender la libertad de prensa y de
información. Por lo tanto, mantenerse al margen y no reclamar la paralización
de la acusación y del juicio de extradición, mandaría un mensaje directamente
contrario al derecho a la información y la defensa de la democracia. El mensaje
vendría a decir algo así como que, aunque te juegues la vida para defender
estos principios, al final nadie te va a proteger. Sin embargo, la impunidad y
la persecución de la prensa no se pueden conjugar de ninguna manera con la
democracia. Hay que tomar partido.
Miguel Urbán es cofundador de Podemos, eurodiputado y responsable de la
Secretaría de Memoria Histórica.
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