(10 de enero de 2017)
Por Miguel Aragón
Los sobornos, en gran escala, de funcionarios
públicos (como el sonado caso de ODEBRECHT), son un
complemento necesario e inevitable de la competencia en el mercado, entre
grandes empresas. Y la competencia entre empresas es una característica propia
de la propiedad privada sobre los medios de producción.
O dicho de otra manera, mientras exista propiedad
privada sobre los medios de producción, necesariamente existirá competencia en
el mercado, y mientras exista competencia entre propietarios, inevitablemente
se promoverá el soborno de funcionarios.
Entonces ¿dónde está la novedad de las denuncias que
ahora están ocupando las primeras planas noticieras en las últimas
semanas?
En el caso peruano, desde los inicios de la época
republicana, y con mayor intensidad desde el periodo de apogeo de la
explotación y exportación en gran escala del guano y del salitre (entre 1845 y
1879), ha habido soborno y corrupción de funcionarios en el manejo de la
política pública peruana, incluso a escalas muy superiores a las
actuales. Se recomienda revisar los escabrosos sucesos narrados por el
historiador Jorge Basadre y las encendidas y asqueadas denuncias del
escritor radical Manuel Gonzáles Prada (“donde ponemos el dedo,
salta la pus”).
A diferencia de la situación actual,
durante el siglo XIX los corruptores predominantemente eran los banqueros
y grandes comerciantes ingleses; y posteriormente, durante la mayor parte
del siglo XX, esa función de promotores del soborno de funcionarios públicos,
la desempeñaron los contratistas de obras públicas (puertos y
carreteras) y los empresarios mineros norteamericanos (vinculados
principalmente a la explotación del petróleo y del cobre).
Lo "novedoso", en estos comienzos del
siglo XXI, es que los corruptores de turno, son principalmente empresas
brasileñas, grandes empresas de un país que a nivel continental forma parte
de UNASUR, y a nivel mundial forma parte de los países emergentes
llamados BRICS, es decir de los países que están compitiendo contra el
tradicionalista hegemonismo norteamericano.
Con la circunstancia adicional, que en el
Brasil de las últimas décadas han estado en el gobierno tímidos disidentes del
hegemonismo norteamericano, como han sido el ex presidente Lula, y
la actual presidenta democráticamente elegido Dilma, que ahora se
encuentra destituida ilegalmente.
Esa, y no otra, es la razón, por la cual el grupo
periodístico dirigido por el diario El Comercio, se ha puesto a la
cabeza de las actuales denuncias. Si las empresas involucradas en la corrupción
de grandes obras públicas fueran norteamericanas, como lo fueron durante la
mayor parte del siglo XX, podemos estar seguros que El
Comercio “no diría nada”, y sería el primer encubridor, como siempre lo fue
en el pasado reciente.
Llamar a "movilización nacional" para
"acabar con la corrupción", me parece una reverenda tontería, que
puede ser producto de la ignorancia o la ingenuidad, o peor todavía, resultado
del premeditado sometimiento a los planes de un sector de la propia clase
dominante, que nos quiere hacer creer en la posibilidad real de VIVIR
SIN CORRUPCIÓN en una sociedad capitalista semifeudal y semicolonial,
como todavía continua siendo el Perú.
Las necesidades vitales y las reivindicaciones
urgentes del pueblo peruano son otras. Para distraer nuestra
atención, sería mejor que nos cuenten “un chiste de condorito”.
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