14/03/2017
El próximo 16 de julio se conmemoran los 50 años de
la promulgación de la Ley 16.640, de Reforma Agraria. Esta Ley que fue
sancionada durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, permitió profundizar
la Ley 15.040 dictada durante el gobierno conservador de Jorge Alessandri. Como
se sabe, en los hechos la llamada “Reforma del Macetero” solamente permitió
expropiar unas pocas haciendas en manos de familias que obtuvieron un buen
precio por las tierras cedidas al Estado. Con la nueva ley se crearon nuevas
causales de expropiación que incluían aquellos predios mayores de 80 hectáreas
de riego básicas (HRB); cuyos propietarios fueran personas jurídicas de derecho
público o privado salvo excepciones contempladas por la legislación
(cooperativas campesinas y de reforma agraria); que las tierras se encontrasen
abandonadas o sub-explotadas; los predios que estaban en arrendamiento o
mediería y que infringieran la legislación que regula los correspondientes
contratos; los predios que se encontraban comprendidos dentro del área en que
el Estado estuviere realizando obras de riego o de mejoramiento del mismo; etc.
En las tierras expropiadas se organizaba un sistema
transitorio de expropiación – llamado asentamiento – en el cual el Estado
apoyaba a los campesinos que allí habían estado trabajando por un periodo no
inferior a tres años. El objetivo del asentamiento era establecer un sistema
planificado de explotación en el cual se estudiara un plan de subdivisión de la
tierra y se analizaran las mejores inversiones a ser realizadas en cada
explotación, junto con la preparación y capacitación de los campesinos (a
través de ICIRA) para que ellos realizaran una mejor gestión del asentamiento.
Al final de dicho proceso, se contemplaba asignar la tierra a los campesinos
bajo la forma de parcelas individuales o unidades familiares indivisibles, en
forma de cooperativas de producción o en forma de sistemas mixtos, siendo una parte
de propiedad familiar y la otra de propiedad cooperativa.
La Reforma Agraria de Frei (1965-1970) consiguió
expropiar 3.4 millones de hectáreas correspondientes al 30% de las
explotaciones y 40% de la tierra, beneficiando aproximadamente a 28 mil familias
campesinas organizadas en cooperativas o asentamientos de Reforma Agraria. Sin
embargo, la meta que se había planteado el gobierno de Frei Montalva en
términos de expropiaciones no pudo ser cumplida. Debido a la frustración
generada por las promesas incumplidas, al final de la administración Demócrata
Cristiana una serie de movilizaciones y tomas de fundos se desataron en el
país, presionando al gobierno para acelerar el programa de expropiaciones, lo
cual solo sería posible con del triunfo de la coalición denominada Unidad
Popular y de su abanderado, el socialista Salvador Allende.
Con el triunfo de Allende en las elecciones de
1970, la Reforma Agraria experimentó un ciclo de notable profundización. En
respuesta al fracaso del programa de cambios conocido como “revolución en
libertad” y como respuesta a su propia decepción sobre la lentitud y burocracia
del proceso, los sectores más progresistas de la Democracia Cristiana
declararon que solamente una alianza de todas las izquierdas – marxista y
cristiana- tendría la fuerza suficiente para impulsar las transformaciones que
el país requería urgentemente, en oposición a la derecha política y a los
grupos más conservadores que deseaban mantener sus privilegios económicos y su
poder político.
El triunfo de Allende en las elecciones de 1970
significó pensar dicho proceso no solamente como una política destinada a
ampliar el mercado interno, a través de la incorporación de vastos sectores de
la población que se encontraban sin poder de compra de bienes industriales,
fenómeno especialmente agudo en el caso de los trabajadores rurales, inquilinos
y pequeños productores familiares. La Reforma Agraria era pensada sobretodo
como una estrategia para hacer justicia social y también para socavar los
cimientos del poder de las oligarquías agrarias que se mantenía casi incólume
en el país desde los tiempos de la colonia.
En esta segunda etapa de la reforma, el gobierno de
Allende intensificó y amplió el proceso de expropiaciones con una velocidad tal
que con la misma ley 16.640 promulgada durante el gobierno anterior, a mediados
de 1972 la casi totalidad de la tierra expropiable se encontraba en manos del
Estado o de asentamientos campesinos. En el periodo que se ubica entre enero de
1971 y junio de 1972 se habían expropiado 6.4 millones de hectáreas que
correspondían al resto de los predios (70%) y al 60% de la tierra. De esta
manera se concluyó en 18 meses una tarea que el gobierno planificaba realizar
en 6 años de mandato. Es decir, la reforma agraria en ese periodo fue realizada
de una manera tan drástica y devastadora que el latifundio que había dominado
por muchas décadas el Chile rural, prácticamente ya no existía en el país.
Entre las medidas tendientes a colectivizar la
propiedad de la tierra, el gobierno popular se preocupó de desarrollar
diferentes formas de organizaciones sociales en el mundo rural. Entre dichas
organizaciones los Centros de Reforma Agraria (CERA) tomaron un nuevo impulso
al asumir el gobierno. Los CERA eran formas asociativas generadas al interior
de los asentamientos y su función principal consistía en proporcionar un apoyo
organizado a las modalidades colectivas de pose y producción. Por su parte, las
cooperativas campesinas también recibieron una fuerte sustentación desde el
Estado ya fuera entre los sectores de pequeños propietarios y minifundistas
tradicionales, ya fuera entre los asentados del sector reformado.
Si bien desde los tiempos de la Democracia
Cristiana el proceso de Reforma Agraria logró suscitar enconadas polémicas a
favor y en contra, fue durante el gobierno popular que dicha política provocó
graves conflictos generando un clima de polarización acentuada entre los
diversos actores políticos y sociales que la apoyaban o la rechazaban. El tema
de la Reforma Agraria no dejaba a nadie indiferente e incluso entre los propios
defensores del gobierno popular las disputas fueron cada vez más virulentas y
frecuentes entre quienes querían construir un proyecto planificado y quienes
deseaban acelerar aún más el poder popular de los sectores campesinos e
indígenas.
Hoy sabemos perfectamente como las fuerzas de
izquierda que apoyaban al gobierno fueron prácticamente pulverizadas ya desde
el mismo día 11 de septiembre. Lo que se siguió a esa jornada representa un
genocidio sin precedentes en la historia política chilena. El nivel de
consciencia política y social y de claridad ideológica alcanzado por los
sectores populares durante el gobierno popular fue duramente reprimido,
aniquilando físicamente a los principales líderes de izquierda, tanto en la
ciudad, como en las zonas rurales.
La tragedia chilena continuó durante muchos años
suscitando innumerables debates sobre cuales habrían sido los caminos más
adecuados para conquistar el socialismo en el país. Con la derrota del gobierno
popular por medio de un golpe, la tesis de que Allende fue muy ingenuo al
confiar en los militares ganó mucho aliento. También fue predominante entre una
parte de la izquierda la idea de que el gobierno tenía necesariamente que armar
al conjunto de la población para resistir a la agresión militar. Sin embargo,
con el pasar del tiempo fueron adquiriendo mayor destaque otras
interpretaciones que insistieron en la importancia de haber construido un
bloque o alianza histórica entre todos los sectores políticos empeñados en
realizar cambios en las estructuras económicas, políticas y sociales imperantes
en el país, utilizando para ello los instrumentos y las acciones que eran
permitidas en el marco de una convivencia democrática.
Además, el proyecto de Allende y la vía chilena al
socialismo era una experiencia inédita, no existía ninguna referencia o un
modelo histórico que permitieran ver las huellas sobre los caminos a ser
recorridos en el marco de una transición pacífica, institucional y democrática
hacia el socialismo. El sistema presidencialista imperante en Chile le otorgaba
a Allende ciertos grados de libertad para comandar el proceso de
transformaciones estructurales, no obstante, durante el transcurso del mismo
fue quedando cada vez más en evidencia, que tanto en la división interna de la
coalición gobernante como en el rechazo violento de las fuerzas contrarias a
tales cambios, el programa de la Unidad Popular y la reforma agraria en
particular, comenzaron a sufrir serios tropiezos y contradicciones, lo cual
finalmente significó que el Ejecutivo solo se dedicara a administrar una crisis
que aumentaba cotidianamente.
Es que al final de cuentas nadie tenía certeza
hasta donde la reforma agraria podría llegar y cuál era la verdadera meta a ser
alcanzada dentro del programa de expropiaciones impulsado desde el gobierno
central, el cual muchas veces fue cuestionado por las organizaciones campesinas
y de izquierda. Los primeros concebían una reforma agraria con objetivos y
aspiraciones limitadas, intentando moldear la realidad de una determinada
manera. Pero, por otra parte, este era un campo de disputas ideológicas
complejas, en que diversos actores se propusieron imponer sus respectivas
visiones sin percibir que esto podría agudizar tremendamente los conflictos que
desaguarían en un clima de enfrentamiento sin retorno.
Pensamos que el caso chileno ilustra de manera
expresiva, la importancia que representa la construcción de una gran alianza
nacional o “bloque histórico” que permita ir sustentando un proyecto de
transformaciones substantivas para el conjunto de la sociedad y especialmente
para los más desposeídos. En ese sentido, el programa socialista en democracia
y libertad que Allende aspiraba instaurar en el país no era una utopía surgida
de una mente voluntarista, sino que por el contrario, se apoyaba en una lectura
lúcida y consciente de la realidad, en la certeza de que era posible utilizar
las instituciones republicanas para lograr impulsar con éxito el conjunto de
las medidas incluidas en su programa de gobierno, especialmente, la reforma
agraria, la nacionalización de los recursos naturales, la construcción de un
área de propiedad social y la estatización de la banca y del sistema
financiero.
Lamentablemente el desenlace de la vía chilena y
las relevantes disputas teóricas e ideológicas que se presentaron en su seno,
fueron interrumpidas por el cruento Golpe de Estado de septiembre de 1973. No
obstante, permanece el gran legado de la Reforma Agraria que no solamente le
entregó la tierra a los que la trabajan -a los campesinos y peones del campo
que la hacían producir con su esfuerzo de “sol a sol”-, sino que les
proporcionó sobretodo la calidad de ciudadanos y la dignidad que se les había
negado desde tiempos remotos.
Por lo mismo, con motivo de la conmemoración de los
50 años de la Ley de Reforma Agraria (16.040) en Chile, el Centro de Estudios
Territoriales Urbano-Rurales del Maule (CEUT) decidió organizar un Seminario
con la participación de diversos expertos, académicos y actores que
participaron el proceso de Reforma Agraria iniciado con la promulgación de la
Ley 16.640 el día 16 de julio de 1967. El objetivo de este encuentro consiste
en generar un amplio y rico debate sobre el impacto que tuvo la Reforma Agraria
sobre la sociedad chilena y de reflexionar en perspectiva histórica sobre las
transformaciones que experimentó la agricultura chilena a partir de este
periodo primordial de la historia nacional y su impacto sobre la construcción
de aquello que somos actualmente como país. Ello no solo en el ámbito de la
producción silvoagropecuaria sino que fundamentalmente en términos de identidad
nacional y de una voluntad para construir una sociedad más justa, inclusiva y
fraterna.
Fernando de la Cuadra
Doctor en Ciencias Sociales. Académico del Depto.
de Sociología de la Universidad Católica del Maule. Investigador del Centro de
Estudios Urbano Territoriales (CEUT) de la misma Universidad.
http://www.alainet.org/es/articulo/184102
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