14/03/2017
Lava Jato es un escándalo importado de Brasil con
múltiples efectos en el Perú, no solo entre los políticos implicados sino en el
modelo económico mismo y la república que lo defiende.
Este sistema tiene dos polos: (a) un Estado
ciertamente permisivo, por ratos coimero, facilitador de proyectos a cualquier
costo, y (b) grandes empresas políticamente conectadas, que logran contratos
gracias a que financian las campañas, hacen lobby y usan la puerta giratoria.
Lo confirma el caso de las obras de Odebrecht y Chinchero.
Los dos polos están siendo cuestionados y tenemos
un clima económicamente y políticamente incierto.
Es el sistema
Más allá de políticos corruptos, Lava jato está
generando, al menos para el sector del país que ve más allá de los titulares,
un destape mayor. Comenzamos a discutir los mecanismos legales favoritistas y
colusivos que entran en acción, y que son conducentes en varios grandes casos a
la corrupción, los presupuestos inflados, la falta de supervisión, la debilidad
regulatoria que auspician los neoliberales y el blindaje mediático de grandes
empresarios.
En efecto, observamos la falla sistémica no solo de
los políticos comprometidos de los últimos 25 años (de Fujimori a Humala), sino
de los más altos aparatos tecnocráticos del Estado (MEF, Proinvesión, MTC),
grandes estudios de abogados (Monroy, el emisor de informes delivery),
periodistas y gran prensa (grupo El Comercio) que se benefician y por lo mismo
defienden en este sistema.
El aeropuerto en Chinchero es otra muestra del
sistema que está detrás de los escándalos. Aquí el tiempo dirá qué mecanismos
entraron en acción para firmar tamaño entuerto, si hubo corrupción o colusión y
si participaron lobistas. Todavía no lo sabemos, pero ciertamente es otro caso
donde gana el peor postor. La responsabilidad la tiene el “gobierno
tecnocrático” de PPK, que enfrenta su primera crisis de gabinete.
La pobre Graña y Montero
Decimos que es el sistema porque Lava Jato sacude
el usualmente sereno campo de las élites económicas, la gente que corre menos
riesgos en este país y que en realidad lo maneja desde sus sedes corporativas,
estudios de abogados, think tanks y prensa concentrada.
Odebrecht (un grupo que no está entre los más
grandes grupos de poder económico del Brasil), resultó siendo el principal
constructor de obras públicas del Perú a partir de los 90 y hasta la
actualidad. Su preferencia por el Perú es tema de investigación incluso en
Brasil, y la conclusión es obvia: es el país más permisivo de la región para
los grandes capitales, además, no planifica, de modo que cualquier obra de
infraestructura puede ser aprobada a punta de influencias o coimas. La
hipótesis la sostiene el ex congresista Juan Pari que presidió la Comisión Lava
Jato en el anterior gobierno.
Fue tan regular y fuerte este sistema de Odebrecht
que llegó al colmo de organizar una División de Operaciones Estructuradas a
cargo de Jorge Barata para gerenciar todo lo irregular. Pero el asunto no queda
ahí pues el principal socio de Odebrecht en seis megaproyectos en el Perú en
todo este periodo es la constructora “peruana” Graña y Montero (grupo G y M).
El grupo ha sido dirigido por José Graña Miró Quesada desde 1986. Desde 1991
hasta el 2014 ha sido parte del directorio de El Comercio.
Graña Miró Quesada ha tenido de cerca durante
décadas a Roberto Abusada, considerado el economista más influyente del país.
Abusada es el fundador y director de la poderosa consultora Instituto Peruano
de Economía (IPE) principal asesor del ministro constructor Camet en los años
1990. En 1994 fundó el IPE con financiación del MEF de Camet, el Banco Mundial
y la CONFIEP. Este personaje fue asimismo por un largo tiempo director de G y
M. En la actualidad es accionista de Graña y Montero Digital (5.47%),
presidente del directorio de GMD, director de G y M Petrolera y miembro de la
“plana gerencial” del grupo G y M.
Aunque tanto Graña como Abusada son personajes
importantes, están en una escala menor de poder pues son solo accionistas
minoritarios con roles gerenciales importantes, de los cuales pueden ser
removidos. Aquí estamos frente a otro episodio de desnacionalización económica.
Los verdaderos dueños de G y M son el JP Morgan Chase con 38.46% de las
acciones, Bechtel Enterprises Inc. con 17.8%, y las cuatro AFP peruanas (en su
mayoría dependientes de grupos donde predomina el capital extranjero, incluyendo
Credicorp de AFP Prima). Entonces, son los inversionistas institucionales
quienes decidirán quién gerencia el grupo.
Grupo El Comercio y líos de familia
Tanto Graña Miró Quesada como Abusada tienen
importantes influencias en el grupo El Comercio. El primero acciones (6.17%,
contando a sus hijos, siendo el principal entre 243 accionistas) y jefe de la
facción dominante compuesta por Alejandro Miró Quesada y los hermanos Bernardo
y Álvaro Roca Rey. Aunque en medio del escándalo este diario ha intentado
presentarlo como un accionista más, ha sido un poder detrás del trono. En
alianza con otras facciones de esta, Graña Miró Quesada ha influido con sus
parientes para colocar a varios directores, empezando por Fritz Dubois, del
IPE, brazo derecho de Abusada, que falleció siendo director de El Comercio.
Abusada difunde sus ideas en artículos editoriales
y eleva propuestas a través de los múltiples medios de ese conglomerado
mediático del país, incluyendo la televisión. Es un favorito del programa “La
Hora N” de Jaime de Althaus. Abusada destacó en la reciente campaña contra la
“tramitología” que exige, sintomáticamente, menos trámites y más facilidades
para las grandes empresas, y últimamente defendiendo las propuestas de ampliar
hasta donde sea posible el sistema de Asociaciones Público Privadas (APP). Este
sistema favorece a las grandes constructoras privadas como G y M. Al ser
afectado su grupo por el caso Lava Jato, Abusada destaca por una curiosa
interpretación del caso. Afirma que la principal fuente de la corrupción y el
“descomunal daño” que causa es el “imperialismo brasileño” de Lula y el PT (El
Comercio, marzo 8, 2017). De acuerdo a esta post verdad, el pobre Graña Miró
Quesada sería entonces una víctima ingenua de un socialista desalmado, el
presidente Ignazio “Lula” da Silva, que quiso colonizar el país, plan
imperialista del cual recién se da cuenta.
La protección mediática a Graña Miró Quesada ha
terminado generando una disputa en esta grande y complicada familia limeña. Escribiendo
en Expreso, propiedad de Luis García Miró Helguero, otro miembro desafectó de
esta grande familia limeña, en un artículo titulado “El gran papelón”, Marta
Meier Miró Quesada, ex columnista de El Comercio, sostuvo: “la agonizante gran
prensa se inmunda tratando de tapar la corrupción de los suyos…indigna que se
quiere limpiar a empresas peruanas consorciadas con la brasilera” (enero 28,
2017).
Nadine, Cosas y El Comercio
En medio del escándalo Lava Jato acaba de salir a
la luz un hecho poco conocido a raíz de una entrevista de Cosas, propiedad del
grupo, a Nadine Heredia. Cuando la entrevista salió finalmente publicada el 30
de abril del 2014, se descubrió que Heredia quiso bloquearla recurriendo a
Graña Miró Quesada, pero este personaje, a pesar de su peso y conexiones, no
quiso o no pudo impedir su publicación. La ofendida primera dama, gracias a sus
influencias en el MEF de Castilla y Segura, bloqueó la participación de G y M
en varios proyectos (destacando la vía expresa La Molina-aeropuerto). Graña,
para no enredarse más en estos líos, se retiró del directorio El Comercio, pero
la vinculación siempre se mantuvo.
Citamos el caso porque tiene que ver con una
interesante secuencia mediática a favor de G y M. Hace poco en “La Hora N”
(canal propiedad del mismo grupo) Jaime De Althaus entrevisto primero el 14 de
febrero a Abusada, quien condenó a Segura calificándolo de “perrito faldero de
Nadine”. Luego, al día siguiente, De Althaus invitó a Segura, quien criticó las
alusiones personales. En la tercera entrevista llegamos al fondo del asunto. El
16 de febrero, entrevistan, al ministro Thorne, narrándole la saga de G y M
durante la gestión de Castilla y Segura. De Althaus le informa a Thorne del
bloqueo y le sugiere que desbloquee el proyecto La Molina-aeropuerto. El
ministro opinó lo siguiente: “Hemos tenido conversaciones con G y M… nos parece
que el proyecto de Javier Prado es excelente, puede reactivarse” (video en
Youtube). De modo que en pleno escándalo el MEF sigue en tratativas con una firma
cuestionada y se presta al lobby realizado Abusada y Althaus en el Canal N.
Me limito a citar tres publicaciones más que
refrendan el argumento de las inclinaciones del grupo Miró Quesada a favor de G
y M en medio del escándalo Lava Jato. Uno, en el editorial del 30 de enero del
2017, “Los Socios de Odebrecht”, se le da el beneficio de la duda a G y M, al
afirmar: “También están las empresas que se asociaron con Odebrecht… Como se
sabe, muchas firmas participaron… Desde luego, el haber participado de una
sociedad con Odebrecht no constituye una prueba de complicidad”. Dos, el grupo
El Comercio salió en defensa de Graña Miroquesada luego de unas declaraciones
de García. El ex presidente había insinuado responsabilidades de G y M al
declarar sobre las adendas a la Interoceánica, sosteniendo que los datos “los
maneja… el que fue ministro (Enrique Cornejo) y también el señor Graña Miró
Quesada”. El editorial calificó el intento del ex presidente de “vano y
bravucón”, afirmando que el empresario constructor era solo uno entre cientos
de accionistas y sosteniendo que su línea era que todos los socios de Odebrecht
“deben ser investigados” pero omitiendo mencionar quién era el principal (El
Comercio, febrero 23, 2017). Tres, una vez que estalla el escándalo G y M negó
conocer los sobornos y El Comercio intentó morigerar las noticias, llegando
incluso a presentar a José Graña de manera favorable. Ver al respecto el
artículo laudatorio de Marcela Mendoza, “¿Quién ese José Graña más allá de
Graña y Montero?” (Marzo 2, 2017).
Estos escándalos, y las vinculaciones G y M con El
Comercio han remecido también a este importante grupo, que ahora intenta
manejarse con más miembros “independientes” en su directorio y desprenderse de
los líos de familia. De continuar las tensiones pueden elegir a otro director
de El Comercio, buque bandera del grupo. En los últimos 12 años ha tenido
cuatro directores, indicio de fuerte inestabilidad. De acuerdo a un reportaje
de Eloy Marchán en Hildebrandt en sus Trece (10-16 de marzo 2017) los ingresos
del grupo “ha disparado las alertas de la familia… sería la recaudación más
baja en los últimos 15 años”.
Ruidosa caída
Gy M, a través de Mario Alvarado, Gerente General,
alegó el 20 de enero de este año en un programa de RPP donde se le quebró la
voz que su empresa no tuvo ningún conocimiento alguno de pagos de corrupción.
La declaración llamó la atención porque escondía algo y contradecía a Barata.
Una revisión cronológica dio la clave y aquí
entramos a otro capítulo del drama empresarial que tocan a otros miembros de la
élite limeña. En realidad, ahora sabemos que G y M volvió a asociarse con
Marcelo Odebrecht luego de su arresto, adquiriendo una participación de 20% en
el Gaseoducto Sur Peruano (GSP), teniendo Odebrecht la titularidad. Pero el
intento de desmarcarse cayó pronto por los suelos y comenzó a complicar las
cosas. Cuando Barata declaró sobre sus socios, afirmó a inicios de marzo del
2017 que Odebrecht pagó el soborno de $20 millones a Toledo por la
Interoceánica (proyecto apoyado por PPK, el entonces ministro de economía).
Sostuvo que sus socios menores, entre ellos G y M, le dieron luego su parte de
la coima a Odebrecht. G y M, por lo tanto, estaría directamente implicada y el
nexo podría comprobarse al revisar sus pagos a Odebrecht. En eso trabajan los
fiscales.
Mientras Graña Miró Quesada, blindado con gracia y
señorío por El Comercio, declaraba que no sabía nada de los sobornos, el grupo
ganó tiempo y comenzó a vender activos. Destaca entre ellos, más por su valor
de mercado que por el simbolismo que encierra, el Cuartel San Martín. La
empresa se hizo del valioso terreno miraflorino ($50 millones) gracias a que el
presidente García, uno de los más destacados bandidos presidenciales, con el
fin de “promover el desarrollo urbano”, decidió privatizarlo. Otra muestra del
sistema: comprar activos del Estado autorizados por presidentes amigos que
pueden ser de uso público (áreas verdes) para seguir cementando la ciudad,
porque “primero es la inversión”.
Hasta que, cuando se cayeron las acciones de G y M
en Nueva York y Lima, le llegó la hora a Graña Miró Quesada y Alvarado. En
realidad, fueron los accionistas de G y M que compraron acciones en las dos
bolsas quienes precipitaron su caída. Las declaraciones de Alvarado en RPP no dieron
ninguna tranquilidad, más bien aceleraron la tendencia. Varios grandes estudios
de abogados de los EUA, especializados en class action law suits (juicios de
colectivos afectados) comenzaron a recoger demandas de todos los accionistas
desinformados por G y M que ahora ven perder sus ganancias. El martes 28 de
febrero terminaron de caer las acciones, perdiendo G y M alrededor de 60% de su
valor de mercado, pasando de $1,100 millones a $440 millones.
En ese momento se decidió finalmente la suerte de
Graña Miró Quesada y Alvarado. Las AFP peruanas salieron a la escena y
exigieron una Junta de Accionistas. Un día antes de realizarse la junta, los
dos renunciaron. Alvarado, en una entrevista amigable de “Cuarto Poder” (Canal
4, otra empresa del grupo), del domingo 5 de marzo, se reafirmó en su
inocencia. Lo que lleva a preguntarnos: ¿si Barata miente, por qué no lo
demanda?
Las arriesgadas AFP
El acta de la junta anual de accionistas de G y M
del 29 de marzo del 2016 informa de la inversión en GSP y revela algunos
detalles. Resulta interesante remarcar que, a pesar que las AFP que participan
en su directorio estuvieron enterados de “los sucesos judiciales que
actualmente ocurren en Brasil”, aprobaron este proyecto.
La extraña decisión de los guardianes de nuestras
pensiones la intenta explicar José Larrrabure, de Prima AFP (grupo Romero),
quien participa en el directorio de G y M. Según declara, la inversión en GSP
la veían bien, lo que resulta extraño. “Identificamos el factor de riesgo”
afirma sin dar detalles, y continúa su insólita declaración afirmando (ex post)
que creían que lo que pasaría es que “Odebrecht salga” (La Republica, marzo 2,
2017). De modo que, en lugar de desmarcarse de un socio comprometido en el escándalo
mejor probado de nuestra historia empresarial, y empezar a exigir explicaciones
directamente a Graña Miró Quesada, para determinar si estaba o no coludido con
Odebrecht en el pago de sobornos, las cuatro AFP peruanas creyeron que “su
riesgo” no existía y profundizaron todavía más su relación con G y M. Larrabure
afirmó además algo sorprendente: “En todo caso, hasta esa fecha no había nada
concreto con respecto a temas reputaciones de Odebrecht en el Perú”.
Cuando cayeron las acciones en las bolsas, recién
entonces los directores de las AFP en G y M empezaron a cambiar de tono. Aldo
Ferrini (AFP Integra, director de G y M) dijo entonces en tono alarmado:
“Tenemos la obligación y el derecho de exigir aclaraciones” (El Comercio,
febrero 27, 2017). Resulta que con las inversiones de las cuatro AFP en G y M
el valor de fondo de estas empresas ha caído en S/. 700 millones (Peru21, marzo
3, 2017). Cabe el siguiente comentario. Los que verdaderamente pierden, no son
en realidad ellas, sino los pensionistas por la irresponsabilidad mostrada por
las AFP. Debería dar lugar a litigios (como en EUA).
Colofón
Mientras tanto el escándalo sigue y se configura un
escenario de crisis, empezando por la probable caída del gabinete Zavala. A los
sobornos se suma el caso Chinchero, que complica la gestión de PPK, quien
además de aprobar el proyecto Interoceánica también se sabe ahora que tenía
relaciones cercanas con Barata y negocios con Odebrecht a través de una de sus
firmas.
Terminamos comentando que su estrategia de
“desbloquear inversiones” y aprobar decretos legislativos para incentivar las
APP va empantanándose al discutirse las adendas , el rol poco profesional y con
escaso sentido nacional y profesional de ProInversión en Chinchero, y las
investigaciones de las procuradoras independientes, que incluyen al propio
presidente.
Todo ello viene frenando los grandes proyectos de
infraestructura en momentos que la inversión privada pierde fuerza al caer los
mercados mundiales y las regiones reciben menos canon. El sistema se sacude,
los remezones y oleaje continúan, teniendo como mar de fondo la desaceleración
económica. Por todos estos motivos el gobierno está resquebrajado a menos de un
año de mandato y el presidente parece cada vez más desconectado del país y del
proceso político.
Finalmente, justo ahora ocurren cambios en la
presidencia de CONFIEP. Sale un gerente del grupo Romero (Martín Pérez, que
debe regresar a sus bases) y entra el jefe del poderoso grupo Buenaventura,
socio importante de Yanacocha y Cerro Verde, Roque Benavides. El cambio es
significativo en tanto en los últimos tiempos no veíamos un jefe de peso asumir
el mando del sindicato de grandes corporaciones.
http://www.alainet.org/es/articulo/184101
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