Adital
Víctor Liza Jaramillo
Desde el inicio del presente siglo, los conflictos
sociales por minería y medio ambiente en el Perú han sido una constante. Una
historia que puede cambiar de lugar y protagonistas, pero que mantiene el mismo
guión aún en el actual mandato del presidente Ollanta Humala, quien durante la
campaña electoral del 2011 prometió resolver dichos conflictos con diálogo y
respetar la voluntad de las comunidades.
Los casos de Conga en Cajamarca y Espinar en Cusco
(2012) son la muestra que los presidentes cambian, pero la lógica de muertos y
heridos se mantiene. En el primero, el gobierno pretendió darle el visto bueno
al proyecto minero Conga, impulsado por la minera Yanacocha, que fue
ampliamente rechazado por la población cajamarquina. Las protestas continuaron
y hubo gran represión policial, que terminó con cinco muertos. En Espinar, los
habitantes de esta provincia cusqueña, encabezados por su entonces alcalde
Óscar Mollohuanca, se movilizaron contra la contaminación producida por un
proyecto de la minera suiza Xtrata-Tintaya. Aquí también hubo muertes por la
represión.
El más reciente conflicto social ocurre en la
provincia de Islay, en el sureño departamento de Arequipa. La población,
mayormente campesina, se encuentra en paro indefinido desde el 23 de marzo
contra el proyecto minero Tía María, impulsado por la minera Southern Copper,
de capitales mexicanos, debido a que afectará los ríos y la actividad agrícola
y ganadera. Los enfrentamientos han producido tres muertes (dos civiles y un
policía), además de centenares de heridos. Pese a esto, el presidente Humala ha
optado, en un reciente mensaje a la nación, por dejar que la empresa
"decida” si sigue o no con el proyecto, la cual anunció luego que lo
suspenderá por 60 días, hecho que ha generado más indignación en los manifestantes.
Al respecto, el abogado y activista de derechos
humanos Wilfredo Ardito, comentó a Noticias Aliadas que este problema "se
está dando con mucha fuerza en los últimos 10 o 12 años, en los cuales se toman
medidas para neutralizar a los opositores a los proyectos, tratándolos como
delincuentes, pero también se producen acciones contra estos, que llegan a ser
verdaderos crímenes”.
A fines de marzo, Julio Morriberón Rosas, vocero de
la empresa minera Southern Copper, calificó a los manifestantes como
"terroristas antimineros”. El término ha sido repetido por la prensa,
diferentes líderes de opinión y parlamentarios de derecha, como Juan Carlos
Eguren, del Partido Popular Cristiano (PPC), quien incluso se atrevió a
vincular a los opositores al proyecto con el grupo terrorista Sendero Luminoso.
A esto se añade la "carga discriminatoria” que
según Ardito existe en la represión de las protestas. "En Lima los
manifestantes son golpeados o heridos y ninguno ha muerto hasta hora; pero en
el interior hay actos de violencia mayores que terminan con muertos, cuya
abrumadora mayoría son de zonas andinas o indígenas. Esto pasa porque en Lima
no se reprime con el mismo nivel de violencia que en otros lugares del país”,
explicó, agregando que los medios de comunicación contribuyen a la
discriminación en el sentido de estigmatizarlos como "manipulados o
insensatos, haciendo que los campesinos sean vistos como necios, tercos,
ignorantes y violentos”
Imposición de la bala
Más allá de la descalificación de la protesta
social, que influye en la opinión pública, los principales dirigentes de las
organizaciones opositoras a los proyectos extractivos son responsabilizados de
supuestos actos vandálicos, y por ende denunciados ante la Fiscalía y el Poder
Judicial. Esto gracias a que durante el segundo gobierno de Alan García
(2006-2011) se pusieron en vigencia una serie de decretos para criminalizar la
protesta. En eso consiste la imposición de la bala.
En el 2007, fue aprobado por mayoría el Decreto
Legislativo 982, que modifica el artículo 20 del Código Penal, declarando
inimputables a los integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que
durante "el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma
reglamentaria” causen lesiones o muerte a cualquier persona. Vale decir, tienen
carta blanca para herir o y hasta matar.
El decreto también considera que la extorsión,
entendida como la obtención de una ventaja económica basada en una amenaza,
incluye "ventajas de otra índole”, en palabras de Ardito, como las
protestas y bloqueos de carreteras, lo cual distorsiona el término. Quienes
toman estas acciones son sancionados con penas de entre cinco a 10 años de
cárcel; y si se actúa en grupo, como ocurre normalmente, puede llegar a los 25
años.
Otras normas son la Ley 30151, que permite la
impunidad del personal militar y policial en caso de violaciones a los derechos
humanos, y el Decreto Legislativo 1095, que autoriza a las Fuerzas Armadas a
intervenir en los conflictos sin necesidad de la declaración de estado de
emergencia.
En el caso de los funcionarios públicos que
participan en las protestas, como alcaldes o gobernadores regionales, no sólo
se exponen a la penalización, sino a la inhabilitación pública. En el caso de
Mollohuanca, este fue detenido y trasladado a una cárcel ubicada a 800 kn de
Espinar. La Fiscalía pidió 10 años de prisión para el exalcalde.
Además de las autoridades, numerosos dirigentes de
organizaciones sociales, también tienen pedidos de prisión. Por ejemplo, hay 53
acusados —entre los que figura Santiago Manuin, dirigente de la comunidad
awajún— por lesiones y muerte de los efectivos del orden durante el llamado
"Baguazo”, la protesta de comunidades amazónicas ocurrida el 5 de junio
del 2009 en la localidad nororiental de Bagua, contra una serie de decretos
legislativos que permitían el reparto de la Amazonia bajo la forma de grandes
concesiones mineras, petroleras y madereras que se sobreponen a territorios
indígenas y reservas naturales y que causó la muerte de 23 policías y 10
civiles, señala Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL).
"Por una presión política se esta llevando a
juicio a personas que no tenían nada que ver con estos actos vandálicos
derivados del desalojo en la Curva del Diablo”, cuestionó Quispe, y que tanto
la entonces ministra del Interior, Mercedes Cabanillas; el general de la
Policía a cargo del operativo, Luis Muguruza; y el exdirector de la Policía,
José Sánchez Farfán, sólo figuren como testigos en otro de los procesos.
Decretos inconstitucionales
En el caso de las recientes protestas en Islay, uno
de los dirigentes sociales, Pepe Julio Gutiérrez, ha sido detenido por supuesto
delito de cohecho, luego que aparecieran dos audios en los que presuntamente un
abogado de la Southern Copper, impulsora del proyecto Tía María, intentara
sobornarlo a cambio de que detenga las protestas. Al respecto, Quispe indicó
que esa detención "es extraña, porque si se hace esto con quien
presuntamente está negociando para dejar sin efecto una medida de protesta contra
una empresa privada, el abogado también debió ser detenido”.
Gutiérrez fue expulsado de su organización
partidaria, el izquierdista Tierra y Libertad, en rechazo por su conducta
presuntamente delictiva.
Las organizaciones no se han quedado de brazos
cruzados ante estos hechos. Ardito destacó que se están realizando campañas de
recolección de firmas para que los polémicos decretos sean declarados
inconstitucionales, así como la exposición de esta situación en foros como
Naciones Unidas. Además, recordó que también se ha denunciado esta situación
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Por su parte, Quispe añadió que tanto el IDL junto
a otras organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado su
preocupación respecto a un decreto que, en caso el Congreso otorgue facultades
al Poder Ejecutivo solicitadas por el jefe de gabinete Pedro Cateriano,
permitiría que el uso de la fuerza fuera igual tanto con el crimen organizado
como contra las personas que protestan.
"Ese decreto debe ser modificado porque no
diferencia ese tipo de empleo de la fuerza, teniendo en cuenta que el uso de
cualquier arma de fuego o granada no puede ser utilizado en un control de
disturbios en una protesta social”, sostuvo.
Pese a estas iniciativas, la cancha parece estar
inclinada a favor del gobierno —y las empresas extractivas— gracias a las
polémicas normas.
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