Por Jorge
Agurto
Servindi, 5
de junio, 2015.- Las causas que desencadenaron el Baguazo siguen intactas e
inalterables. Así se desprende del análisis de La
Verdad de Bagua. Informe en minoría de la Comisión Especial para investigar y
analizar los sucesos de Bagua (1) y que realizaron el líder indígena Jesús
Manasés y la religiosa Maricarmen Gómez Callejas, del Vicariato de Jaén.
El informe
de 262 páginas publicado el 2013 señala que entre las causas del denominado
Baguazo está el “progresivo deterioro de la seguridad jurídica” de los
territorios indígenas con el argumento de fomentar la inversión privada, tal
como ocurre en la actualidad.
Cabe
recordar que el conjunto de decretos legislativos que ocasionó la protesta
indígena se produjo luego de otorgarse facultades legislativas al Ejecutivo
como el Ejecutivo actual lo solicita al Congreso de la República y con la misma
finalidad.
Tales
medidas legislativas expedidas por el gobierno de Alan García fueron expedidas
sin ninguna explicación a la ciudadanía y sin consulta a la población indígena
afectada (2).
La respuesta
del Estado fue desviar la atención sobre los cuestionamientos jurídicos a las
iniciativas legales y responsabilizar por la protesta a instituciones civiles y
religiosas, gremios, partidos y medios de información solidarios con las
demandas indígenas.
El saldo del
conflicto fue: 33 personas muertas (23 policías y 10 civiles), un policía
desaparecido (Felipe Bazán Soles), 205 personas heridas (172 entre indígenas y
mestizos, 50 de ellos con impacto de bala, y 33 policías); y más de 100
personas detenidas entre nativos y mestizos.
Problemas estructurales por resolver
Las causas
mediatas del conflicto se mantienen intactas pues “existen problemas
estructurales por resolver en la relación Estado y los Pueblos Indígenas,
principalmente, la adecuación de su Constitución, su normativa y sus
instituciones a los estándares fijados por el sistema internacional de los
derechos humanos” (p. 176).
A ello cabe
agregar que los pueblos indígenas “no cuentan con mecanismos jurídicos
adecuados para definir, proteger y gobernar sus territorios frente a la
iniciativa económica de terceros”.
Tampoco se
han desarrollado “los mecanismos de diálogo democrático, consulta y
participación al acceso de los pueblos indígenas en el Perú, tal como se señala
en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas”.
Un operativo innecesario y mal planificado
Cabe
precisar que el informe Manasés-Gómez Callejas concluye que el operativo
policial que desencadenó el Baguazo “fue mal planificado, equívoco, improvisado
e irresponsable” (p. 183) y la forma en que fue conducido “solo podría llevar
al desastre” (p. 176).
El operativo
“fue desproporcionado y pudo desatar una masacre innecesaria”. Además, “se
prescindió por completo de los acuerdos previos y de la voluntad explícita de
los ocupantes de la Curva de que iban a desalojar pacíficamente sus
emplazamientos (…).”
Dicha
observación coincide con la tesis expuesta por el ex congresista Guido
Lombardi, autor de otro informe en minoría, quien sostiene que el operativo no
era necesario y solo tuvo el fin de “escarmentar a los indígenas” (3).
El informe
concluye que “las razones que fundamentaron el conflicto permanecen
inalteradas, manteniéndose las condiciones de inseguridad jurídica para los
pueblos indígenas” (p. 186)
Recomendaciones no atendidas
El informe efectúa
una serie de recomendaciones que el Estado peruano aún no atiende de manera
plena y efectiva. Entre estas se encuentra garantizar el derecho a la consulta,
construir políticas públicas de manera dialogante y fortalecer la
institucionalidad indígena.
Asimismo,
promover la reconciliación con los pueblos Awajún y Wampis a quienes el ex
presidente Alan García Pérez en algún momento se refirió como “perros del
hortelano” y ciudadanos de segunda categoría.
A lo
anterior se suman una serie de modificaciones del marco jurídico a fin de
eliminar normas que amenazan la seguridad jurídica territorial de los pueblos y
comunidades indígenas y “evitar provocaciones con la concesión” de
megaproyectos que no cumplen el requisito de la consulta y consentimiento
previo, libre e informado.
El documento
concluye recomendando al Ministerio Público y Poder Judicial respetar un
proceso justo que “tome en cuenta las condiciones de interculturalidad” y tomar
en consideración la conveniencia de “peritajes antropológicos”.
Recomiendan
también que el Estado cumpla “con atender la reparación de los heridos y sus
familiares a través de un plan integral de reparaciones con enfoque
intercultural”, que sea expresión de la justicia transicional y un paso hacia
la reconciliación.
Notas:
(1) La
Verdad de Bagua. Informe en minoría de la Comisión Especial para Investigar y
Analizar los sucesos de Bagua, por
Jesús Manacés Valverde y Carmen Gómez Calleja, junio 2013, 262 páginas.
(2) Otra
mirada: ¿Facultades legislativas para qué?, en Servindi: http://servindi.org/?p=130883
(3) Guido
Lombardi: “El Baguazo tenía la intención de escarmentar a los indígenas”, en
Servindi: http://servindi.org/?p=26569
Fuente: http://servindi.org/?p=132567
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