Autor(es):
Almeyra, Guillermo
Almeyra,
Guillermo . Marxista argentino que vivió durante muchos años en México. Doctor
en Ciencias Políticas y Master en Historia, recibido en la Universidad de París
VIII, enseñó Política Contemporánea en la Universidad Nacional Autónoma de
México y en el Posgrado Integrado en Desarrollo Rural de la Universidad
Autónoma Metropolitana de México, donde se especializó en movimientos sociales
y en las consecuencias de la mundialización. Es editorialista y comentarista
internacional del diario La Jornada.
Según cifras del censo de 2013, la población de
México llegaba a 122.300.000 habitantes, con un crecimiento demográfico del
1,2%, lo cual daría para el 2015 una población superior a 125 millones de
habitantes. De éstos, casi tres millones están desocupados (hay que advertir
que las estadísticas no registran como desocupados a quienes trabajan en
régimen salarial más de dos horas por semana) y más de 30 millones de
mexicanos, contando a sus familias, residen y trabajan en Estados Unidos, donde
aportan anualmente 500 mil millones de dólares y desde donde envían 27 mil
millones de dólares a sus familias residentes en el territorio nacional.
Según el INEGI (Instituto Nacional de Estadísticas
y Geografía), 23 millones de habitantes no habrían tenido acceso en 2008 a una
“alimentación adecuada”. Esa cifra aumentó en 2012 a 28 millones de mexicanos
y, desde entonces, sigue en aumento. El Consejo Nacional de Evaluación
(CENEVAL), por su parte, informó a principios de este año que el 49,2% de los
mexicanos no pueden comprar los bienes que forman la canasta alimentaria
básica. El setenta por ciento de los mexicanos está por debajo de la línea de
la pobreza.
El país tiene, además, una deuda pública
insoportable, que hace que al nacer cada mexicano deba 563 mil dólares. Esta
deuda aumenta cada año y, si en el año 2000 equivalía al 25% del Producto
Interno Bruto, en 2015 ya supera el 39% (aunque la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos, de la que México es socio, fija un tope
del 35%). Por otra parte, el PIB creció apenas 1,4% en 2013 y en 2014 el 2,1%,
mientras que este año, con la caída del precio del petróleo y la disminución
del turismo extranjero debido a la inseguridad en México, el crecimiento será
sin duda bastante inferior.
Dado que, como hemos mostrado, el crecimiento
demográfico es casi igual al del PIB, la economía mexicana no puede reabsorber
la desocupación, siquiera la desocupación disfrazada de “economía
informal” (que abarca al 68% de la Población Económicamente Activa), y tampoco
puede incorporar al mercado de trabajo a los más de un millón y medio de
jóvenes que se agregan cada año a la población en edad de trabajar. Debido a
esto y a los bajos salarios, la emigración constituye la única válvula de
escape: un peón gana en EE.UU. por una hora de trabajo más que por ocho horas
en su región natal, siempre y cuando consiga trabajo allí. Para satisfacer al
gobierno de EE.UU., el presidente Enrique Peña Nieto acaba de declarar que
México “está por conseguir un índice 0 de emigración”, lo que hace prever que se
intensificará la represión no solo hacia a los centroamericanos, que recorren
el territorio mexicano para tratar de entrar ilegalmente en EE.UU., sino
también hacia los candidatos mexicanos a la emigración. Esto, sin duda,
reducirá la cantidad de las remesas (que hoy son el primer rubro de divisas
para el país, por sobre el petróleo y el turismo en crisis) y agravará la
situación social en las regiones donde mujeres, ancianos y niños dependen de
los envíos de sus familiares emigrados para sobrevivir.
La fuga de los brazos jóvenes dejó la producción
agrícola en mano de mujeres y ancianos, disminuyendo su productividad; se
suprimieron los subsidios a los fertilizantes y otros insumos, a los precios de
garantía y a las empresas distribuidoras de productos campesinos, así como el
crédito a los productores, en suma, se la dejó a merced de los efectos letales
sobre el campo del Tratado Norteamericano de Libre Comercio, que introdujo en
México los granos altamente subsidiados por Washington. Cabe recordar que, con
el Plan Alimentario Mexicano, hacia 1980, México era un exportador neto de
alimentos y productos agrícolas, en cambio, hoy en día es importador neto de
dichos productos, tan solo exporta a EE.UU. primicias fuera de estación o
frutas tropicales. El campo aporta tan solo el 7% del PIB y mantiene a una
población muy pobre que representa cerca del 15% y que incluye a las 56 etnias
indígenas, muchas de las cuales son brutalmente explotadas para los cultivos
capitalistas de exportación en el norte del país. El desarrollo del cultivo de
amapola, del narcotráfico y de las bandas de sicarios del crimen organizado
tiene sus raíces tanto en la impunidad con que los narcotraficantes lavan su
dinero en los bancos sin control alguno como en la destrucción de la economía
campesina para favorecer las exportaciones de alimentos de las transnacionales
estadounidenses.
Los bancos están en manos extranjeras, salvo uno, y
prácticamente no pagan impuestos. La inmensa mayoría de la gran industria
también pertenece a transnacionales que exportan las ganancias a sus casas
matrices. La política oficial favorece a estos sectores de todos los modos
posibles, por ejemplo, ha privatizado el petróleo: PEMEX dejó de ser la
principal fuente de ingresos del Estado mediante los impuestos, y no solo
redujo el personal, sino también los salarios reales, dando por tierra con las
conquistas de los trabajadores. Los sectores más lucrativos de la explotación
petrolera pasaron a manos de empresas estadounidenses. La destrucción de la Ley
Federal del Trabajo, la cual daba garantías relativas de estabilidad en el
empleo, hacía difícil los despidos arbitrarios y reconocía algunas conquistas
de los trabajadores, ha dejado a éstos sin amparo legal. El resultado es una
ulterior caída de los ingresos reales, que reduce aún más el mercado interno y
castiga sobre todo a la población urbana, ya que los campesinos de subsistencia
al menos, en su miseria, pueden lograr fuera del mercado capitalista una parte
de su alimentación básica. Un resultado de la nueva legislación laboral,
indirecto e indeseado por el gobierno, es el debilitamiento del aparato
burocrático sindical integrado en el Estado y en el Partido Revolucionario
Institucional oficialista, puesto que esa burocracia no tiene ya nada que
ofrecer. La combinación entre el aumento de la explotación y de la inseguridad
en el empleo, por un lado, y el menor peso de los aparatos de mediación y de
dominación será, sin duda, un factor de unidad, democratización y lucha de los
asalariados en los tiempos que vienen.
La economía mexicana entra en recesión y el Estado
mexicano, otrora el más estable y sólido de América Latina desde 1936 hasta
1988, está en disolución mientras el país sufre profundas modificaciones
sociales. El coeficiente de pobreza (52,3)[1] es comparable
solo con el de Guatemala y Honduras, mientras que entre los hombres más ricos
del mundo el segundo es mexicano y los capitales mexicanos en el exterior
ascienden en 2015 a 424 mil millones de dólares.
Por otra parte, las fuerzas armadas mexicanas
contaban, en 2013, con 266 mil efectivos entre ejército, marina y aviación, de
los cuales desertaron, en muchos casos con sus armas y para unirse al
narcotráfico, como el grupo de élite de los Zetas, 55.125. El número de
“soldados” de los diversos grupos de narcotraficantes ha sido estimado en 2010
en 30 mil[2], pero en los
últimos cinco años esa cifra debe haber aumentado en varias decenas de miles
según cálculos de especialistas en la materia. En actividades relacionadas con
el narcotráfico (empresas que realizan el lavado de dinero, transporte,
cultivos, distribución, sicarios) se calcula trabajan 468 mil personas, o sea
tres veces más que en PEMEX la petrolera con mayor personal del mundo[3]. La
delincuencia se ve favorecida por el altísimo índice de impunidad, ya que 97%
de los procesos judiciales a delincuentes jamás llegan a sentencia[4]. A este
respecto hay que tener en cuenta que el mercado mundial de estupefacientes es
mayor que el del petróleo y su capital depositado en los paraísos fiscales
corresponde el 15 por ciento del PIB mundial y los capitales que provienen de
ese delito ascienden al 40 por ciento del total de las finanzas mundiales.[5]
Si consideramos que los poco menos de 300 mil
soldados y marinos enfrentan un ejército clandestino del crimen (armado hasta
los dientes con armas pesadas y antitanques estadounidenses e israelíes) y que
en los estados de Michoacán, Guerrero y Jalisco se estima el número de
integrantes de los grupos de autodefensa, que funcionan en decenas de
municipios, en 25 mil miembros armados, y que en Guerrero crece el número de
policías comunitarias elegidas en asambleas comunales, que ascienden a varios
miles más, el Estado ha perdido el monopolio de la violencia legítima (frente a
los grupos de autodefensa y las policías comunales) y de la violencia tout
court frente al narcotráfico. El país vive una situación parecida a la
existente en China en tiempo de los señores de la guerra, ya que muchas
guarniciones y mandos locales en sus regiones llegan a acuerdos con un cartel
determinado del narcotráfico y los mismos jefes militares encargados de
reprimir el delito y algunos gobernadores forman parte de esas alianzas[6].
La pérdida del control de la violencia legítima y
de sus propias fuerzas armadas e instituciones es una de las características
principales de la descomposición del Estado. Ésta supera de lejos el
debilitamiento común de los Estados y la pérdida de independencia de los mismos
mediante la cesión parcial del control de sus fuerzas armadas y de su
producción de armamentos, así como la subordinación de su legislación a
resoluciones de organismos supranacionales y la gravitación de grandes
inversiones de transnacionales extranjeras en sectores claves de cada país,
fenómenos que se acentuaron en todo el planeta a partir de los años ochenta con
la mundialización.
México, en efecto, en el campo militar forma parte
de la política del Comando Sur del Pentágono, que abarca también Centroamérica
y Colombia: su armamento y sus técnicas militares son estadounidenses; agentes
oficiales del Departamento de Estado y del Pentágono circulan libremente por el
país controlando todo y “asesorando” a sus subordinados locales. En lo
económico, depende del mercado estadounidense para vender su petróleo y ha
cedido a empresas estadounidenses el control real de la otrora potente empresa
petrolera nacional. Los productos agrícolas que México exporta van a EE.UU., y
de EE.UU. provienen los alimentos que los mexicanos consumen, la inmensa
mayoría de la tecnología y los insumos industriales, la bazofia intelectual que
alimenta a sus clases dominantes y se enseña en las universidades para las
élites.
El mercado estadounidense consumidor de drogas (el
mayor del mundo) estimula y arma al narcotráfico en México, cuyas ganancias
fabulosas se reinvierten en empresas lavadoras de dinero. La caída del precio
del petróleo redujo a menos de la mitad los ingresos de lo que queda de PEMEX,
que era la fuente principal de ingresos del Estado mexicano. La segunda fuente
de ingresos (el turismo) se redujo drásticamente debido a la inseguridad
producida por el narcotráfico y la disolución del Estado (que causó 77 mil
muertos y 28 mil desaparecidos sólo en el gobierno de Felipe Calderón, anterior
al actual, el cual a su vez aumentó brutalmente esa cifra). La tercera (las
remesas de los emigrantes) cayó también por los efectos combinados de las
medidas contra ellos en EE.UU. y de la caída en EE.UU. de los salarios reales.
Aunque el país, como hemos dicho, necesita un
crecimiento anual del 5% para absorber a los jóvenes que se incorporan cada año
a la PEA y uno del 7% para reducir gradualmente la pobreza y la desocupación
disfrazada, con los gobiernos neoliberales que se suceden desde 1982 no llegó a
crecer ni el 2%.
Un semi Estado
México es un semi Estado[7]. La extrema
dependencia del país de su vecino del Norte, del cual constituye un problema
interno y un anexo económico, se añade al dominio total de las grandes empresas
extranjeras (que controlan los bancos, las finanzas, el petróleo, la formación
de la opinión mediante las televisoras, las exportaciones industriales) sobre
la economía mexicana y a la clásica sumisión de tipo colonial de las clases
dominantes mexicanas que en el pasado las llevaron a oponerse a la
independencia de la colonia española, después a pedirle un emperador austríaco
a Napoleón III y a defender la monarquía contra Benito Juárez y la República,
posteriormente a apoyar la dictadura de Porfirio Díaz y hoy a adoptar las ideas
y las costumbres de EE.UU., en cuyas Universidades forman sus élites.
Entre ese pequeño sector oligárquico ligado al
capital financiero internacional y el pueblo mexicano hay un abismo social,
étnico, cultural. Los mexicanos ricos consideran inferiores a los “indios,
nacos, patas rajadas” que componen la mayoría de los trabajadores, visten de
modo diferente, no utilizan jamás los medios de transporte público, no comen lo
mismo ni van a los mismos lugares, utilizan otro lenguaje y viven en barrios
exclusivos custodiados por la vigilancia privada de mercenarios armados.
México está gobernado desde hace más de 35 años por
una oligarquía que se enriquece en el usufructo del Estado, y a costa de éste,
y está aliada estrechamente con esa gran parte del capital nacional y
extranjero proveniente del narcotráfico y la delincuencia y con las empresas
líderes del capital financiero internacional. La interacción entre los
gobernantes y las grandes empresas extranjeras es normal: el ex presidente
Ernesto Zedillo, por ejemplo, quien privatizó los ferrocarriles, terminado su
mandato pasó al Consejo de Administración de los ferrocarriles estadounidenses,
beneficiarios de esa venta lesiva para el país. La oligarquía dominante es tan
servil ante Estados Unidos y está tan integrada en el capital financiero
internacional que privatizó el petróleo, rebajó los salarios reales,
destruyendo el mercado interno para favorecer a los exportadores, y subordinó
la producción de energía a las necesidades de California y busca privatizar el
agua, dándole un nuevo golpe a la economía rural y a los consumidores.
En las clases dominadas, la resistencia a esa
oligarquía asume diversas formas, desde el abstencionismo endémico en las
elecciones estadales (60% en promedio) o a diputados federales (55% promedio),
con picos algo menores en las presidenciales hasta el desconocimiento del
Estado mismo, como en el caso de los zapatistas cuya autonomía regional es
también prescindencia del Estado estadal y central, o en el caso actual del
Estado de Guerrero en el que vastos sectores manifestaron no reconocer al
gobierno ni a sus elecciones (sobre lo cual volveremos más adelante).
La emigración masiva es también una manifestación
clara de que millones de familias deciden cotizarse para enviar al exterior a
sus miembros en mejores condiciones para sobrevivir y enviarles remesas, porque
no ven ningún futuro ni en la agricultura ni en los sectores industriales mexicanos
ni confían en una mejora de la situación política ni en un cambio social en un
futuro previsible.
Las formas de resistencia activa (huelgas rurales,
paros cívicos comunales, elección de autoridades autónomas, como las policías
comunitarias) se dan en forma dispersa y esporádica, aunque algunas (como la
resistencia de los neozapatistas chiapanecos desde 1994 o la de las comunidades
guerrenses) duran ya varios años. Los sucesivos intentos de coordinación de
esas luchas son también efímeros y, por lo general, reúnen direcciones
sindicales combativas o populares sin que sus iniciativas lleguen a
movilizar contingentes importantes. Las luchas se concentran, además,
esencialmente en el México central (Distrito Federal, Morelos, Pueblo,
Michoacán, Guerrero, Oaxaca), es decir, en las zonas con mayor peso de las
comunidades rurales e indígenas y de los sectores más radicalizados de las
clases medias urbanas, como los estudiantes, y tienen escaso éxito en el Norte,
en el Este y en el Sur del país, con excepción del núcleo que en Chiapas
apoya al EZLN neozapatista.
Los movimientos sociales
Las características mismas de los estudiantes
universitarios y secundarios (su falta de organización gremial en centros o
agrupaciones permanentes y el carácter transitorio de los estudios) dificulta
la continuidad de las luchas de ese sector aguerrido que, sin embargo,
reaparece a cada rato ante cada nuevo atentado contra la soberanía popular,
contra la democracia o ante toda aberración judicial o violencia del aparato estatal.
La inmensa mayoría de los explotados y oprimidos
rurales o urbanos no lee sino excepcionalmente libros y diarios y depende, por
lo tanto, de la llamada “información” que le da la televisión y la radio, en
manos de grandes grupos empresariales ligados al gobierno y muy reaccionarios.
México, por ejemplo, tiene 122 millones de habitantes (90 millones de los
cuales residen en el país), pero el único diario que informa con objetividad y
no está financiado por los grandes capitales ni por el gobierno (La Jornada)
tira sólo 70 mil ejemplares diarios y, con sus varias ediciones estadales y sus
lectores por Internet, llega a un poco más de 200 mil personas, además de sus
respectivas familias.
Dado que los centros industriales están dispersos
en diversos estados del país (D.F., Puebla, Monterrey, estados del Norte) la
organización nacional de los trabajadores industriales es difícil y el peso
político y social de los mismos es escaso en las zonas urbanas. Hay que
recordar al respecto que la mayoría de los sindicatos mexicanos son sindicatos
por empresa y que los grandes sindicatos por ramo de actividad (educación,
salud, electricistas) por lo general agrupan a trabajadores estatales y son
excepciones. La creación reciente de la Nueva Central de Trabajadores, formada
por sindicatos combativos y en lucha, es un progreso en un país donde los
sindicatos han estado subordinados al gobierno o han sido miembros del partido
de gobierno y en el cual jamás hubo una huelga general nacional.
Pero los sindicatos afiliados a la NCT tienen
influencia local, no nacional y, como el Sindicato Mexicano de Electricistas o
los aeronáuticos, luchan por su existencia misma ya que el gobierno les ha
cerrado sus fuentes de trabajo lo cual convierte a sus afiliados técnicamente
en desocupados que luchan por su reincorporación al trabajo.
Como hemos dicho anteriormente, hay 56 etnias
indígenas, con sus respectivas lenguas, pero sólo el 15% de la población es
indígena y forma el sector más pobre de esa parte del 15% de habitantes
mexicanos, campesinos en su mayoría, que residen en las zonas rurales. El
Consejo Nacional Indígena, luchador y partidario del EZLN, es más bien un
sello, una agrupación de direcciones, aunque reúne a muchas comunidades. En
cuanto al EZLN ha perdido buena parte de su influencia inicial y está encerrado
en el sector Las Cañadas de Chiapas, que el PRI desgasta desde las otras
regiones chiapanecas que controla, provocando una guerra cotidiana de
comunidades indígenas priístas contra comunidades zapatistas. El EZLN ha optado
por encerrarse en la parte de Chiapas donde es influyente y, cada tanto, hacer
un acto cultural, pero ha abandonado en la práctica toda veleidad de actuación
en el plano nacional e internacional. Por ejemplo, ante la entrega de PEMEX y
del petróleo a las transnacionales y la próxima privatización del agua y ante
las elecciones intermedias y la represión contra los maestros, no hizo nada, y
prefirió organizar en Chiapas un homenaje al filósofo Luis Villoro,
recientemente fallecido, con algunos intelectuales zapatistas sin partido.
Villoro, sin duda, merece muchos homenajes a pesar de que en el pasado reciente
no siempre tuvo posiciones justas (como en la ocupación de la UNAM), pero lo
urgente para los trabajadores y oprimidos de México es comprender la fase en
que están viviendo, cómo la ofensiva mundial y nacional del capital contra
ellos es general y va a fondo y discutir qué hacer en lo inmediato.
El gobierno aprovecha esta situación en el mundo
indígena para reprimir a los grupos indígenas uno por uno (en este momento
están ilegalmente presos dos dirigentes de la tribu yaqui, que también resistió
a Porfirio Díaz antes de la Revolución mexicana). Este escaso peso numérico y
político de los indígenas y de los campesinos en general refuerza, por otra parte,
la ceguera política de la oposición de centroizquierda que en sus
reivindicaciones y programas no da respuesta alguna a los problemas de los
campesinos en general y de los indígenas campesinos en particular, que reclaman
además derechos culturales y políticos que se les niegan.
Los partidos políticos del establishment
(PRI, Partido de Acción Nacional -PAN-, Partido Verde Ecologista) actúan unidos
y sólo se dividen durante los períodos electorales para obtener posiciones en
el aparato estatal (y mejores condiciones para negociar con los grandes grupos
económicos y con la delincuencia organizada). Existe una autoproclamada
oposición de centro izquierda (el Partido de la Revolución Democrática y sus
aliados, el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano) que desde hace años
apoya con sus votos en el Parlamento las leyes propuestas por el PRI/PAN y sus
aliados pues comparte con ellos la ideología capitalista.
La lucha política de oposición se realiza
fuera del ámbito parlamentario, por el EZLN y su Otra Campaña y por los
movimientos sociales, aunque desde hace un año funciona un pequeño partido
obrero independiente -la Organización Política de los Trabajadores- formado por
los sindicatos combativos, como el SME ya citado, el cual tiene un programa
nacionalista y anticapitalista.
Del viejo México subsisten actualmente la
ignorancia bestial de la oligarquía dominante, el conservadurismo, la apatía
política, la resignación de muy amplios sectores sociales, principalmente en
las clases medias pobres pero incluso entre los explotados, la desinformación
masiva. Esa costra espesa acumulada en las conciencias de millones por los
continuos desastres, derrotas, invasiones, traiciones, matanzas, miseria,
incultura y por el engaño permanente que caracterizan la trágica historia
mexicana empieza, sin embargo, a resquebrajarse.
Desde hace rato un México nuevo trata de afirmarse,
en particular desde 1968, las luchas de los setenta, la movilización tras
Cuauhtémoc Cárdenas y su victoria electoral robada en 1988, la rebelión
zapatista en 1994 y la movilización popular que impidió su aplastamiento
militar, la huelga en la UNAM en 1999, las movilizaciones para evitar el
desafuero de López Obrador o, en el 2006, contra el fraude que le robó las
elecciones presidenciales, por mencionar sólo las acciones masivas.
El salto que se produjo en las conciencias de cada
vez más vastos sectores populares ha sido muy grande. Baste recordar que la
Marcha del Color de la Tierra del EZLN, apoyada por los votantes del PRD
entonces cardenista, tenía como objetivo presionar al Estado y a sus
instituciones parlamentarias y judiciales para que incorporasen a la
Constitución los derechos de los pueblos indígenas y que las enormes acciones
contra el fraude electoral buscaban que el gobierno y el aparato judicial
respetasen la ley que acababan de pisotear.
Estas ilusiones no existen ya por más que haya
algunos que quieran mantenerlas. El Estado trazó una honda zanja llena de
sangre entre la camarilla oligárquica en el poder y las conciencias de los que eran
meros súbditos. Fuerzas armadas, instituciones, Justicia entrelazadas con la
parte más dinámica del capital (la narcodelincuencia) hicieron desaparecer y
asesinaron en Ayotzinapa a los normalistas (futuros maestros bilingües de
indígenas y campesinos, constructores de un México mejor) y, anteriormente, a
tantos otros miles.
Hoy millones de personas se movilizan
sabiendo que el asesino es el Estado capitalista y no solamente sus
representantes o sus órganos de mediación como los partidos de los patrones,
y concentran su lucha en unir los movimientos de resistencia, organizar la
resistencia civil, derribar a Peña Nieto, preparando una huelga general
nacional con el objetivo de imponer un gobierno de transición que convoque a
elecciones generales para una Asamblea Constituyente que reconstruya el país
devastado.
Bertolt Brecht decía: “¿De quién depende que siga
la opresión? De nosotros. ¿De quién, que acabe? También de nosotros”, y añadía
“¿Quién puede contener al que conoce su condición?”. Esa toma de conciencia por
parte de la mitad de los mexicanos es lo nuevo, el aporte riquísimo de este año
feroz y funesto que acaba, la promesa de un México nuevo y libre.
La auto-organización, las luchas por las autonomías
en las comunidades, la ruptura con el Estado de los opresores, formando
policías comunitarias, grupos de autodefensa, defendiendo con el furor popular
a quienes sufren atropellos, injusticias, crímenes; la creciente tendencia a
cerrar los dedos en un puño para golpear unidos, venciendo los sectarismos
forma parte de una corriente que recorre desde siempre el subsuelo del pueblo
de este país y explica los aparentes “estallidos” y las “bolas” en su
historia, pero que ahora tiende a tomar conciencia teórica y política, y a
organizarse.
El equipo de agentes de la oligarquía y las
transnacionales prepara meses de enormes dificultades y de aumento de la
represión y la injusticia. Ni las remesas ni el turismo se recuperarán de los
golpes que les infligió la ilegalidad organizada desde el poder. La venta
de los recursos naturales al igual que la caída del precio del barril crudo que
Pemex exporta agravará la situación económica, con la consiguiente reducción de
los salarios reales y el aumento de la desigualdad social brutal e intolerable
y de la miseria.
¿Qué queda, después de que Fox ofreciera vender
mexicanos como jardineros a Estados Unidos? ¿Venderlos como mercenarios y carne
de cañón para las aventuras imperialistas de Washington? ¿Vender pedazos del
territorio tras haber vendido la soberanía y convertido al Estado mexicano en
un semi Estado que garantiza los bienes de las transnacionales?
Con Peña Nieto se prepara un estallido futuro
sangriento y caótico. Esperar su sucesión mediante futuras elecciones limpias
es utópico y hunde a los oprimidos en el pantano de la pasividad. Una
Constituyente, construida sobre las ruinas de las instituciones actuales, en
cambio, podría salvar la oportunidad, como sucedió en Bolivia, de otro orden
(no el de los narcoestadistas, sino el de los trabajadores), de otra justicia,
de otras fuerzas armadas, las milicias populares, garantías de la democracia.
Es hora de unir el repudio del EZLN al Estado y a sus instituciones con el
repudio a este Estado y este gobierno de los millones que depositan sus
esperanzas en Morena y con el de los estudiantes y demócratas de todo tipo
hartos de las atrocidades cotidianas. Como piden los familiares de los
normalistas de Ayotzinapa, es hora de que el Estado pague y de echar del
gobierno a Peña Nieto. Es hora de unirse.
Los trabajadores mexicanos, como todos los
explotados y oprimidos del mundo, anhelan un cambio social logrado con
métodos pacíficos y democráticos, pues, conocen en carne propia y por la
historia el precio en sangre y en sufrimientos de los cambios violentos. Pero
cuando no pueden mantener su modo anterior de vida ni asegurar su existencia
misma pueden verse obligados a reaccionar colectivamente y a responder a la
violencia criminal del Estado y de los delincuentes y a la injusticia con la
autodefensa y con una acción violenta liberadora.
Para que hoy en México un cambio por vía electoral
fuese posible debería imperar un grado mínimo de legalidad y de democracia, y
el Estado de la oligarquía y del capital financiero internacional debería ser
capaz de respetar lo que dicen las urnas aunque el veredicto le fuese
desfavorable. Pero ¿quién puede creer en la posibilidad de elecciones limpias,
con resultados honestos, cuando la violencia desenfrenada decapita, como en
Guerrero, candidatos, decidiendo así por anticipado quiénes representarán al
Estado capitalista, y cuando la llamada Justicia y las fuerzas “del Orden” a su
servicio consolidan la alianza entre el aparato estatal y un narcotráfico
sostenido y alimentado desde EE.UU. para someter y dominar a México y obtener
mano de obra y recursos baratísimos?
Si EE.UU. amenaza hoy a Venezuela porque ese país
es políticamente independiente, aunque siga siendo dependiente en materia
económica, ¿es posible creer que aceptaría pasivamente en México (que está
integrado a la economía y la sociedad estadounidenses) un gobierno con
veleidades de independencia? Si cuando la Revolución Mexicana, cuando
Washington no tenía aún un ejército, EE.UU. invadió México y ocupó Veracruz
¿permanecería ahora pasivo, cuando es la primera potencia mundial y decide sin
apelación quién “amenaza su seguridad interna”? ¿No es mejor prepararse con
realismo para la eventualidad de que un proceso de cambio social, resultante de
un estallido o de grandes movilizaciones futuras, provoque una intervención
estadounidense como las que marcan toda la historia de México que esperar
honestidad y elecciones limpias de un gobierno de corruptos y asesinos?
¿Podría ser garante de elecciones libres un
gobierno, como el de Peña Nieto, nacido del fraude y derivado de otro gobierno igualmente
fraudulento que militarizó el país, mató decenas de miles de personas y metió
al narcotráfico dentro de las fuerzas armadas?
Si en Guerrero, los comuneros, los campesinos, con
el apoyo de los demás explotados y oprimidos, eligen actualmente el camino de
la autodefensa porque no creen en los aparatos del Estado ni en su Justicia
tuerta que ve sólo los intereses de los poderosos y por eso se auto-organizan y
arman para garantizar sus vidas y la democracia, ¿es sensato y moralmente
aceptable dejarlos solos para colaborar en la farsa de elecciones
regionales, imposibles de realizar en las actuales condiciones?
Durante mucho tiempo los capitalistas negaron el
voto a los trabajadores y a las mujeres, los cuales conquistaron con duras
luchas su derecho a sufragar. El voto es algo que debe defenderse. No se trata
hoy, pues, de negar las elecciones por principio sino de contraponer a toda
farsa electoral las elecciones democráticas, en asamblea, de los representantes
populares y de los ciudadanos en armas designados por esas asambleas para
combatir los delitos y los abusos de todo tipo; se trata de garantizar el
derecho democrático de seleccionar, y revocar si es necesario, los propios
representantes elegidos por voz popular.
Contraponer la participación en la farsa electoral
del 7 de junio pasado favorable al PRI a aquello que están votando ya los
guerrerenses equivale a condenar al olvido a los 43 desaparecidos de
Ayotzinapa, es políticamente incorrecto y es éticamente inaceptable y
condenable porque equivale a un sostén indirecto al régimen oligárquico.
El tiempo y los recursos humanos, y de todo tipo,
que se utilizaron para avalar y legalizar unas elecciones que no reúnen las
condiciones mínimas para ser consideradas democráticas y válidas (se votó en estado
de sitio, con ocupación militar del territorio, bajo la coacción permanente del
terror estatal y de los narcos y en medio de asesinatos) deberían ser
utilizados mejor para reforzar y difundir lo que hacen los trabajadores
guerrerenses y oaxaqueños y exigir, apoyándose en los movimientos sociales,
como el de los maestros de Guerrero, Oaxaca y Chiapas en defensa de sus
sindicato y de la educación pública, y dándoles pleno sostén, las
reivindicaciones más elementales de los trabajadores mexicanos: castigo a los
culpables de la desaparición de los 43 normalistas, paz, derecho a un trabajo
digno en el país, justicia y pleno respeto por los derechos humanos y del
trabajador, anulación de todas las leyes reductivas de los derechos laborales y
lesivas contra la propiedad nacional de los recursos naturales, como el agua
que el gobierno quiere privatizar, así como un plan de empleo que esté
financiado por la reducción drástica de los privilegios de gobernadores,
legisladores, políticos y banqueros y por el control de la tremenda corrupción
estatal.
En vez de servir al Estado narco ligado al
imperialismo corresponde crear los gérmenes de un nuevo Estado democrático
mediante asambleas resolutivas y ejecutivas, planes locales de desarrollo y
reconstrucción del territorio llevados a cabo por organismos elegidos,
organizados y controlados por asambleas populares. La auto-organización, la
autonomía, la autogestión, la autodefensa son los instrumentos para eso.
Buenos Aires, marzo 2015
[2] Paul Oquist, consultor de las Naciones Unidas, en
conferencia a mandos del ejército mexicano en Oaxaca, en 2009 (cit.en Verduga,
2010).
[6] Gallardo, José Francisco (Gral.), “El Ejército
está corrompido hasta la médula, Generales comprometidos con el narcotráfico”.
En: La Jornada, 10 junio 2012.
[7] Almeyra, Guillermo, “Notas sobre la crisis del
Estado en México”. En: Thwaites Rey, Mabel (edit.), El Estado en América Latina:
continuidades y rupturas. Santiago de Chile: Editorial Arcis-CLACSO, 2012,
págs. 169-189.
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