Claudia Cisneros
En Julio del 2012 se aprobó el DL 1121 que
modificaba el código tributario e introducía la Norma XVI para que Perú
empezara a perseguir la elusión de impuestos de grandes empresas. Elusión no es
igual a evasión. Evasión es transgredir la ley para no pagar impuestos. La
elusión es una forma sofisticada y amañada de no pagarlos sin incumplir la ley.
Se le saca la vuelta con esquemas ficticios, inventando servicios a terceros,
inflando costos indirectos, haciendo transferencias en paraísos fiscales. Por
cada nueva ley las grandes empresas encuentran formas de eludir sus impuestos
gracias a estudios de abogados y grandes firmas cuya especialidad es “ayudar” a
las empresas a que su base imponible sea menor a la que realmente es. En el
Perú operan 4 transnacionales de consultoría tributaria conocidas como las Big
4: Ernst&Young, PWC, KPMG y Deloitte (ojo con esta última).
Por años muchas empresas han vivido amañando datos de tantas formas que se han convencido de que no es ilegal. Sino miren como contestó a Poder (http://bit.ly/1oxfhlB) el gerente legal de la Cámara de Comercio, Víctor Zavala, cuando la Norma XVI salió: “Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que la ley no prohíbe (…) Si estoy yendo en mi auto y de pronto en una parte de la carretera me cobran peaje, y yo lo que hago es pasar por un costado, ¿es eso acaso delito?”.
Por eso cuando supieron de la Norma XVI y la “Clausula Antielusiva Tributaria”, los que se creen dueños del país hicieron pataleta pública (http://bit.ly/1dSWxy2) y presionaron al gobierno para suspenderla. Confiep y la CCL arguyeron públicamente que la Norma XVI sería usada arbitraria y políticamente, “que generaba inestabilidad jurídica”. Temblaban porque la Norma XVI facultaba a la SUNAT a revisar ejercicios fiscales no solo del año en curso sino de hasta 4 años anteriores. ¿Se imaginan las ingentes cantidades de dinero eludidos al fisco?
Botón de muestra: la investigación del periodista Raúl Wiener y Juan Torres (próxima a presentarse en la FIL, “La Gran Minería: ¿paga los impuestos que debería pagar? El caso Yanacocha”), concluye que las utilidades de Yanacocha están “subestimadas contablemente, declarando un monto de 5,700 millones de dólares en 21 años, cuando fácilmente pueden superar los 10,000 millones de dólares si se les descarga el gasto ficticio (…) Solo por el concepto de sobrecostos se estaría produciendo una elusión de 1,186 millones de dólares durante el período 1993-2013.”
Es curioso que a la Norma XVI el empresariado nacional le impute sospechas de uso político o inestabilidad jurídica. Porque resulta que es una iniciativa nacida de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) por mandato del G-20. La BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) está siendo exigida en las más grandes economías mundiales para luchar contra las trampas de elusión tributaria de transnacionales. Esto también explica por qué un gobierno sometido al empresariado, y el MEF de Castilla, la impulsaron. Lo que no responde es por qué fue suspendida la Norma XVI en Julio de 2014 (mediante Ley Nº 30230) y por qué nunca se ejecutó desde 2012.
No solo Luis Iberico, desde el Congreso ayudó a los empresarios elusores proponiendo que la Norma XVI no fuera retroactiva y exigiendo que se reglamentaran los casos específicos de elusión (tremenda mañosería cuando la elusión precisamente es sacarle la vuelta a cualquier ley). Sino que la mismísima jefa de la Sunat, Tania Quispe, se sumó al coro: “No aplicaremos la norma general anti elusión sin reglas claras.” (set. 2014)
Y aquí es donde la firma Deloitte que mencioné antes es pieza clave. Quispe, antes de Jefa de Sunat, fue por 10 años encargada de la división de Precios de Transferencia (http://bit.ly/1OeMwYg) de Deloitte. ¿Qué hace esa área? Sustenta las transacciones entre empresas del mismo grupo para efectos tributarios. Pocos imaginaban que la persona que se encargaría de la Sunat sería alguien con una carrera “exitosa” en asuntos que para algunos podrían confundirse peligrosamente con la elusión. Desde que ella es Jefa de la Sunat, su antigua área en Deloitte ha pasado a ser una de las más grandes de las Big 4. Dato adicional, no solo dirigió esa área sino que era socia de Deloitte (Linkdn). La pregunta es si tras su paso por la SUNAT volverá por las oscuras puertas giratorias a su antiguo puesto.
El robo sistemático de tributos y fondos al país no es un descuido de las autoridades ni una deferencia al empresariado de poderes fácticos, es más bien de una nauseabunda y descarada complicidad.
Por años muchas empresas han vivido amañando datos de tantas formas que se han convencido de que no es ilegal. Sino miren como contestó a Poder (http://bit.ly/1oxfhlB) el gerente legal de la Cámara de Comercio, Víctor Zavala, cuando la Norma XVI salió: “Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que la ley no prohíbe (…) Si estoy yendo en mi auto y de pronto en una parte de la carretera me cobran peaje, y yo lo que hago es pasar por un costado, ¿es eso acaso delito?”.
Por eso cuando supieron de la Norma XVI y la “Clausula Antielusiva Tributaria”, los que se creen dueños del país hicieron pataleta pública (http://bit.ly/1dSWxy2) y presionaron al gobierno para suspenderla. Confiep y la CCL arguyeron públicamente que la Norma XVI sería usada arbitraria y políticamente, “que generaba inestabilidad jurídica”. Temblaban porque la Norma XVI facultaba a la SUNAT a revisar ejercicios fiscales no solo del año en curso sino de hasta 4 años anteriores. ¿Se imaginan las ingentes cantidades de dinero eludidos al fisco?
Botón de muestra: la investigación del periodista Raúl Wiener y Juan Torres (próxima a presentarse en la FIL, “La Gran Minería: ¿paga los impuestos que debería pagar? El caso Yanacocha”), concluye que las utilidades de Yanacocha están “subestimadas contablemente, declarando un monto de 5,700 millones de dólares en 21 años, cuando fácilmente pueden superar los 10,000 millones de dólares si se les descarga el gasto ficticio (…) Solo por el concepto de sobrecostos se estaría produciendo una elusión de 1,186 millones de dólares durante el período 1993-2013.”
Es curioso que a la Norma XVI el empresariado nacional le impute sospechas de uso político o inestabilidad jurídica. Porque resulta que es una iniciativa nacida de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) por mandato del G-20. La BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) está siendo exigida en las más grandes economías mundiales para luchar contra las trampas de elusión tributaria de transnacionales. Esto también explica por qué un gobierno sometido al empresariado, y el MEF de Castilla, la impulsaron. Lo que no responde es por qué fue suspendida la Norma XVI en Julio de 2014 (mediante Ley Nº 30230) y por qué nunca se ejecutó desde 2012.
No solo Luis Iberico, desde el Congreso ayudó a los empresarios elusores proponiendo que la Norma XVI no fuera retroactiva y exigiendo que se reglamentaran los casos específicos de elusión (tremenda mañosería cuando la elusión precisamente es sacarle la vuelta a cualquier ley). Sino que la mismísima jefa de la Sunat, Tania Quispe, se sumó al coro: “No aplicaremos la norma general anti elusión sin reglas claras.” (set. 2014)
Y aquí es donde la firma Deloitte que mencioné antes es pieza clave. Quispe, antes de Jefa de Sunat, fue por 10 años encargada de la división de Precios de Transferencia (http://bit.ly/1OeMwYg) de Deloitte. ¿Qué hace esa área? Sustenta las transacciones entre empresas del mismo grupo para efectos tributarios. Pocos imaginaban que la persona que se encargaría de la Sunat sería alguien con una carrera “exitosa” en asuntos que para algunos podrían confundirse peligrosamente con la elusión. Desde que ella es Jefa de la Sunat, su antigua área en Deloitte ha pasado a ser una de las más grandes de las Big 4. Dato adicional, no solo dirigió esa área sino que era socia de Deloitte (Linkdn). La pregunta es si tras su paso por la SUNAT volverá por las oscuras puertas giratorias a su antiguo puesto.
El robo sistemático de tributos y fondos al país no es un descuido de las autoridades ni una deferencia al empresariado de poderes fácticos, es más bien de una nauseabunda y descarada complicidad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario