Red
Voltaire | 4 de noviembre de 2015
Los observadores del Consejo de Europa y de la OSCE
emitieron duras críticas sobre las elecciones legislativas turcas del 1º de
noviembre de 2015. Pero, por ser Turquía miembro de la OTAN, ninguno
se ha atrevido a sacar las conclusiones que se imponen sobre el carácter
ilegítimo de los resultados de esa consulta.
«La campaña electoral se vio desgraciadamente
empañada por la desigualdad y, en cierta medida, por el miedo»,
declaró Andreas Gross, jefe de la delegación de la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa.
«Los hechos de violencia en el sudeste del país,
de población mayoritariamente kurda, han influido tremendamente en el
escrutinio y las recientes agresiones y arrestos de candidatos y militantes,
principalmente del HDP, son preocupantes en la medida en que dificultaron su
posibilidad de hacer campaña», declaró Margareta Cederfelt, jefa de la
delegación de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE. También señaló: «Para
que un proceso electoral sea realmente democrático, los candidatos tienen que
tener la impresión de que pueden hacer campaña y los electores tienen que
tener la impresión de que pueden ir a las urnas con total seguridad»
En realidad:
A numerosos ciudadanos
se les impidió votar con el pretexto de que no habían cumplido su
servicio militar obligatorio o de que habían sido condenados por alguno de
los delitos que figuran en una larga lista de actos censurables, aunque
a veces de menor importancia. También se vieron
privados del derecho a votar los reclutas del servicio militar y los
ciudadanos sujetos a medidas de detención preventiva. Los medios de prensa de
la oposición estuvieron amordazados: los importantes diarios Hurriyet
y Sabah así como el canal de televisión ATV fueron atacados
por los matones del partido en el poder; se abrieron investigaciones
judiciales contra periodistas y órganos de prensa bajo acusaciones de respaldar
el terrorismo o de difamar al presidente Erdogan; numerosos sitios web fueron
bloqueados; proveedores de servicios numéricos cancelaron sus servicios a
varios canales de televisión; 3 de los 5 canales de televisión con
alcance nacional –incluyendo la televisión pública– fueron en sus
programas claramente favorables al partido en el poder. Los otros canales
de televisión con cobertura nacional fueron simplemente cerrados por la
policía. Una potencia extranjera,
Arabia Saudita, aportó 7 000 millones de dólares en «donaciones»
para «convencer» a los electores de que tenían que respaldar al
presidente Erdogan. 128 oficinas del partido
de izquierda HDP fueron atacadas por los matones del partido del presidente
Erdogan. Numerosos candidatos y miembros de sus equipos de campaña sufrieron
golpizas. Más de 300 comercios pertenecientes a personas de la etnia
kurda fueron saqueados. Decenas de candidatos del HDP fueron arrestados y
sometidos a detención provisional en plena campaña electoral. Más de 2 000 opositores
fueron asesinados durante la campaña electoral, tanto en atentados como
durante la represión gubernamental desatada contra el PKK (Partido de los
Trabajadores del Kurdistán). Varias localidades del sureste de Turquía fueron
parcialmente destruidas por los blindados del ejército turco. A los observadores
internacionales se les invitó a abandonar 7 colegios electorales y a los
observadores de la ciudadanía acreditados por los partidos políticos se les
impidió el acceso en varios colegios electorales. La disposición que exige
que una lista obtenga como mínimo el 10% de los sufragios para estar
representada en el parlamento limita el pluralismo político y el sistema
utilizado para determinar la cantidad de escaños por circunscripción
impone importantes desequilibrios en el número de electores representados por
cada diputado, favoreciendo escandalosamente al AKP (partido del
presidente Erdogan). La Corte Constitucional
anunció que no pueden revisarse las decisiones de la Comisión Electoral,
ni siquiera en los casos en que dichas decisiones violan las libertades y
los derechos fundamentales. No existe, por consiguiente, ninguna
posibilidad de recurrir a la justicia para cuestionar el carácter injusto
de la campaña, ni las restricciones del derecho a presentarse como
candidato, ni las restricciones del derecho al voto, todas
violatorias de los compromisos internacionales contraídos por Turquía.
Tampoco hay posibilidades de recurrir a la justicia para denunciar los
fraudes realizados mediante la utilización de urnas llenas de votos antes del
inicio de la consulta.
El resultado proclamado atribuye al AKP el 50,81%
de los sufragios.
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