Foto: Servindi
– Pena por
este delito puede ser superior a los doce años, sostiene abogado.
Servindi, 15 de
diciembre, 2015.- El Gobierno peruano impone ilegítimamente la figura legal de
“asociación ilícita para delinquir” con el fin de contrarrestar las protestas
sociales que surgen en el país que se oponen a proyectos extractivos.
Así lo sostuvo
David Velazco, abogado de la organización Fedepaz, durante la presentación del 17° Reporte del
Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, que presentan
cada semestre las asociaciones CooperAcción,
Fedepaz y Grufides.
Según explicó el
abogado, la citada figura penal se viene aplicando contra personas o líderes
sociales que se movilizan en el marco de la ley y que sienten que sus voces de
reclamo no son escuchadas.
“Lo que sucede es
que ahora se está aplicando ilegítimamente (la figura de ‘asociación ilícita
para delinquir’) para situaciones de conflictividad cuando antes no se hacía”,
indicó.
Al respecto,
puntualizó que “ahora todo frente de defensa, toda organización que se genere
alrededor de una posición, de una colectividad puede ser catalogada como una
asociación ilícita para delinquir, y por lo tanto pasible de una sanción penal
superior a los doce años”.
Explicó que la
hipótesis que manejan los que denuncian es que los frentes de defensa y
organizaciones similares son criminales porque bloquean carreteras y protestan
públicamente. Se cree entonces -otra vez, según la lógica de los denunciantes-
que ellos “se unen para delinquir”.
Velazco Rondón
explicó que este mecanismo se está usando desde mayo de 2015, cuando resurge la
conflictividad por el proyecto minero Tía María, en Arequipa. Recordó que por
este caso están procesados todos los dirigentes sociales que se oponen al
proyecto de la empresa Southern Perú.
Ante ello, Velazco
anunció que se tiene previsto presentar lo que está pasado, en una audiencia
temática, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los muertos y heridos del Gobierno
En otro momento el
abogado señaló que en lo que va del gobierno de Ollanta Humala se han
registrado cerca de 1700 heridos por conflictos sociales.
Al respecto
precisó que no existen procesos judiciales abiertos por estos casos, apenas la
cuarta parte, unos 400 casos aproximadamente, contaron con investigaciones
fiscales que terminaron todas en archivamiento.
El abogado
cuestionó los argumentos esgrimidos por las autoridades que señalan que no es
posible establecer responsabilidades directas por las agresiones policiales que
sufren quienes salen a las calles a protestar.
Sobre este punto,
el abogado explicó que sí es factible establecer competencias, “existen las
pericias balísticas, las pericias físico-químicas, existen las declaraciones y
existen también registros fotográficos y de video respecto a esas acciones”,
precisó.
De otro lado
recordó que durante el gobierno de Humala, 51 personas han perdido la vida en
el marco de los conflictos sociales.
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