17-12-2015
Familiares de los normalistas Jorge Alexis Herrera
Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, asesinados en un operativo policiaco para
desalojar a los estudiantes de Ayotzinapa de la autopista del sol el 12 de
diciembre del 2011, así como Gerardo Torres Pérez, víctima de tortura.
Solicitaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
intervenga para iniciar un proceso contra el Estado mexicano por los hechos
cometidos durante el desalojo. A cuatro años de los hechos los agraviados piden
castigo a los responsables y garantías de no repetición, cabe señalar que a la
fecha no hay ningún procesado por el caso.
Los peticionarios solicitan que la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos declare la admisibilidad de esta petición y responsabilice
al Estado mexicano por la violación del derecho a la vida, a la integridad y
libertad personal, al derecho a no ser sometido a torturas, ni a tratos
crueles, inhumanos y degradantes y al derecho a las garantías judiciales y a la
protección judicial.
Elizabeth Pino, Jorge Herrera, María de Jesús,
Gabriel Echeverría y Martha Echeverría, padres y hermana de los estudiantes
asesinados, expresaron su inconformidad al manifestar que a cuatro años de los
hechos no hay justicia al no detener a los culpables. El caso está archivado y
en total impunidad, no hay actores intelectuales del hecho que estén presos. Y
la defensa ha determinado que las instancias nacionales están agotadas.
Los abogados de los agraviados; Vidulfo Rosales
Abel Barrera Hernández, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña
Tlachinollan; Manuel Olivares, del Centro de Derechos Humanos José María
Morelos, y Luis Carlos Buob, del Centro por la Justicia y el Derecho
Internacional (Cejil), señalaron que nunca se cumplió la recomendación
1VG72012, que determinó que en los actos de represión de ese día contra
estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, se
registraron graves violaciones a los derechos humanos.
Rosales Sierra expresó en conferencia de prensa en
el Centro de Comunicación Social (CENCOS) que hay 4 expedientes judiciales por
el caso, uno por homicidio en el caso de Alexis y Gabriel, otro por tortura en
agravio de Gerardo Torres, y dos por tortura en el fuero común y el federal
contra seis estudiantes. “ En el expediente está debidamente acreditado que el
día de los hechos del 12 de diciembre del 2011 participaron almenos 90
elementos de la policíacos entre Estatales, Ministeriales y Federales; y
dispararon por lo menos 60 armas. Sin embargo solo fueron procesados 2
ministeriales. Y hoy ya están en libertad”.
En cuanto a las deficiencias en las investigaciones
en el caso ésta que en su debido momento no se resguardo la escena del crimen y
las pruebas de radisonato de sodio para encontrar rastros de pólvora en los
inculpados se realizó dos días después de los hechos y nunca se efectuaron los
exámenes de balística para determinar el origen y trayectoria de las balas.
“El Tribunal Colegiado, resolvió que no había
pruebas en su proceso, metieron un amparo y lograron su libertad. La
Procuraduría del Estado de Guerrero, los volvió a recontratar a Ismael
Matadamas Salinas y Rey David Cortez Flores.” Señaló en abogado.
Los funcionarios que fueron sancionados el entonces
procurador Alberto López Rosas y el exsubprocurador de procedimientos penales
Alejandro Paz, “no fueron procesados por las agresiones a los normalistas, sino
por el delito de evasión de presos, porque pusieron en libertad a los
normalistas que fueron detenidos sin enviar un desglose a la Procuraduría
General de la República (PGR) para que determinara si se cometieron otros
delitos, como ataques a las vías de comunicación” denunció Rosales Sierra. En
ningún momento se ha sancionado a algún funcionario por el asesinato de Alexis
y Gabriel
En cuanto al caso de tortura a Gerardo Torres no se
ha recabado la prueba técnica conforme al protocolo de Estabul, para determinar
la tortura pese a que el estudiante lo solicitó en su denuncia, pero hasta
marzo del 2013 la CNDH envió el estudio que se le practicó al normalista y
demuestra su calidad de víctima.
Carlos Boub integrante del Centro de Justicia y
Derecho Internacional (CEJIL) mencionó que el uso excesivo de fuerza en el
operativo del 2011 así como los hechos de Iguala el 26 y madrugada del 27 de
septiembre del 2014, “son casos distintos pero forman parte de un mismo
contexto y de agresiones contra un mismo grupo de estudiantes de la rural de
Ayotzinapa”.
Asimismo el integrante del CEJIL enunció los
motivos de enviar el caso a instancias internacionales: “la falta de
diligencias y de un retardo injustificado del Estado para dar respuesta, con
las debidas garantías del debido proceso, a los familiares de Jorge, Gabriel y
Gerardo, una respuesta efectiva de lo que pasó, determinar lo que llamamos una
verdad histórica y eventualmente una sanción de los responsables de las
violaciones a derechos humanos”.
Por último Vidulfo enfatizó que al enviar el caso
ante la CIDH se pretende “generar un análisis” sobre el trato que el Estado
mexicano da a los estudiantes de las escuelas rurales y que tiene su máxima
expresión en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos y
asesinados, desde el 2011 a la fecha”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario