La contratación para la mejora del hospital
tacneño se celebró el 23 de diciembre de 2015. Foto: Gobierno Regional de
Tacna.
Gustavo Salazar, implicado en pagos de coimas al exgobernador Jorge
Acurio, sigue prófugo en EE.UU. y la próxima semana la Corte Suprema decide el
pedido de extradición del empresario
Por Gonzalo Torrico
Publicado el 17 de agosto de 2017
Agendas,
cuadernos, sobres, fólderes: la mañana del miércoles 17 de mayo agentes
policiales y representantes del Ministerio Público incautaron centenas de
documentos en los inmuebles de Lima del prófugo Gustavo Salazar Delgado,
investigado por facilitar el presunto pago de coimas de la constructora
brasileña Odebrecht en Cusco. El empresario, que se encuentra en Estados
Unidos, atesoraba documentos sobre posibles negocios de infraestructura con los
gobiernos regionales de Tacna y Cusco que, sin figurar él de manera directa,
conocía al detalle antes de que se formularan y se firmaran los contratos
con el Estado.
Convoca.pe revela hoy parte del contenido de los papeles
recogidos en el allanamiento de la oficina de su empresa Trust Comunicaciones,
en San Isidro. Son cerca de 70 documentos ‘deslacrados’ y cientos de páginas
analizadas que han empezado a hablar por el ejecutivo.
Gustavo
Salazar ya es uno de los personajes del escándalo de Lava Jato en Perú por ser
el nexo de los sobornos de Odebrecht con el exgobernador de Cusco, Jorge
Acurio, por 3 millones de dólares. Por este caso, la próxima semana
la Corte Suprema decidirá sobre el pedido de extradición que la Fiscalía ha
solicitado para el empresario, según pudo conocer este medio. (Ver: ‘Pagos
indebidos por obra en Cusco proceden de banco comprado por Odebrecht’)
Pero estos
no son los únicos indicios que apuntan a Salazar.
Convoca.pe revela en este informe el detalle de sus apuntes y
cómo se vinculan a contrataciones estatales ganadas por constructoras peruanas,
españolas y una argentina. Estos trazos a mano y documentos obtenidos pueden
abrir nuevas líneas investigativas para las autoridades, como ya advertía el
juez brasileño Sergio Moro en una entrevista con los periodistas que
participamos en el proyecto colaborativo ‘Investiga Lava Jato’ (Ver: 'Moro:
Hay que investigar a empresas locales, no solo brasileñas').
El hospital de Tacna
Cuando
estaba en Perú, Salazar Delgado era un hombre metódico. Anotaba ideas,
programaba reuniones y mantenía un archivo nutrido. Pero son los folios de un
borrador de contrato de “prestación de servicios de asesoría” –sin firmas- los
que resaltan entre los numerosos papeles incautados.
Según este
documento, su compañía uruguaya Wircel S.A. —representada por el abogado José
Francisco Zaragozá y ahora vinculada al pago de coimas de Odebrecht— ayudaría a
las empresas peruanas Constructora Mediterráneo SAC, Mantto SAC y Neso
Constructora SAC a participar en una licitación pública convocada por el
gobierno regional de Tacna.
El modelo de contrato contempla una retribución
solo si "los futuros consorciados o el consorcio fueran adjudicados con la
buena pro de la licitación pública".
El acuerdo
señala que estas empresas pagarían a Wircel 11 millones 400 mil soles por el
servicio de “buscar, seleccionar, y conseguir” a otras compañías nacionales o
internacionales con las que puedan unirse en consorcio. Según se puede leer, se
esperaba la suscripción del contrato en octubre de 2015.
De hecho,
poco después de octubre, dos de estas compañías —las peruanas Neso y Mantto—
terminaron postulando dentro del Consorcio Salud Tacna, y se les adjudicó la
elaboración del expediente y la obra de mejoramiento del Hospital Hipólito
Unanue, en Tacna.
Las
españolas Assignia Infraestructura, Eductrade S.A., Árgola Arquitectos y la
argentina Riva S.A. también formaron parte de esta agrupación empresarial que
el 26 de noviembre de ese año ganó la buena pro. El monto adjudicado fue 279
millones 291 mil 107 soles, según el Organismo Supervisor de Contrataciones del
Estado (OSCE).
Convoca.pe preguntó al representante legal del consorcio, Martín Velayos
Arredondo, si la investigada Wircel S.A. había facilitado su conformación. Velayos,
también gerente general de la consorciada Mantto, negó haber tenido una
relación contractual con la offshore
o conocer a Salazar o a Zaragozá más allá de lo publicado por la prensa.
Además, aseguró que desconocía el documento incautado.
Fuentes de la
fiscalía confirmaron la autenticidad de este.
Este medio
también intentó comunicarse con Catalina Arriaga Rospigliosi, representante
legal de la peruana Neso. En su oficina aseguraron que devolvería la llamada,
pero no sucedió al cierre de esta nota.
Pero el
interés de Gustavo Salazar por este hospital venía de antes.
Una hoja
tipeada dentro de una agenda verde, que explica qué “se requiere” para
“viabilizar” el proyecto de este centro de salud, es un ejemplo explícito.
La
anotación, que debe presumirse anterior, refiere cómo tenía que conformarse el
“comité especial para el concurso” que daría la buena pro del proceso.
La empresa IBT Group se repite en la agenda. Rocío
Salazar, funcionaria, mencionada en este papel, llegó a integrar el comité
especial de adjudicación como miembro titular.
Pero el documento
va más allá y contempla incluso la creación de un “equipo de apoyo para
facilitar información” para el “armado” de las bases con las que se selecciona
al ganador. Así, este equipo informante lo integrarían la "Sra.
Margarita", que sería Margarita Rosales Alvarado, entonces jefa de
infraestructura del gobierno regional, y Javier Sainz, gerente de desarrollo de
negocio de la empresa IBT Group, dedicada al negocio de la infraestructura.
Como se
sabe, la elaboración de bases y términos de referencia (TDR) son una función
exclusiva del sector público. Y así lo reconoció Sainz —en diálogo con
Convoca.pe—, quien dijo además no haber participado en este asunto. Afirmó que
conoció a Salazar cuando era gerente general de la aseguradora La Positiva.
Sin embargo,
otros apuntes a mano en una de las agendas de Gustavo Salazar vuelven a repetir
las siglas de esta empresa en el caso del Hipólito Unanue. “Inicio de TDR IBT
(...)”, se lee debajo de los rótulos “Tacna” y “hospital”.
Por su
parte, Margarita Rosales Alvarado, entonces jefa de infraestructura del
Gobierno Regional de Tacna y también señalada en uno de los documentos como
parte del equipo “facilitador” de información de las bases, afirmó que sí había
participado en la elaboración de estos TDR pero rechazó cualquier injerencia
privada. “Lo que hagan después ya es responsabilidad del comité”, señaló.
Por otro
lado, en la misma agenda del empresario prófugo, se advierten tratativas con
“Omar”.
El nombre
“Omar J” aparece al lado de un número telefónico que utiliza hoy una compañía
de salud a nombre del médico Omar Jiménez Flores, actual gobernador regional de
Tacna.
Omar Jiménez Flores postuló al cargo de
gobernador regional desde 2015. Foto: Correo.
“Lo
conocemos del año 2015 y 2016 porque él [Salazar] llegó a Tacna con una empresa
[corredora] de seguros, Trust, y nos dio todo el tema de seguros en la región”,
reconoció el político de forma oficial a través del jefe de prensa
institucional, Christopher Azevedo.
Comentó que
le había llamado la atención las referencias al hospital, pero que no haría
declaraciones sobre ello por el momento.
“Reunión de
Omar con el Presi el (...). Marita va con él. Hospital ya está todo para formar
el comité [sic]”, aparece en una página de la misma agenda.
El comité
que adjudicó la buena pro del hospital fue presidido por Yván Dulanto Santa
Cruz. También lo integró la funcionaria Rocío Salazar Bazán y Marcos Bejarano
Maza.
No nos fue
posible comunicarnos con los dos últimos.
El abogado
Yván Dulanto no solo fue el presidente de este comité. Su nombre también
aparece anotado en un papel incautado en las oficinas de Gustavo Salazar, como
consta en un documento firmado por la fiscal a cargo de la diligencia y los
abogados del empresario y de Zaragozá, que hace referencia a la segunda etapa
de Vía de Evitamiento del Cusco -una obra distinta a la ya concluida e
investigada-. "Yvan Dulanto -ya hizo TDR -> LKS pago? [sic]", se
lee.
“No sé de
qué me hablas”, dijo Dulanto cuando preguntamos si conocía a Salazar. Prefirió
no declarar más en ese momento y pidió que se le solicite una reunión para
cuando vuelva de un viaje.
Esquirlas en Cusco
Otro caso es
el de la ciudad imperial. Edwin Licona, actual gobernador de Cusco, resolvió el
contrato de la obra del Hospital Antonio Lorena en marzo de 2015, luego de que
la brasileña OAS, también investigada por pagar sobornos y financiar campañas
electorales, incumpliera los plazos establecidos.
Adjudicado
por 291 millones de soles, ya se sabe que el costo será de 487 millones de
soles, por lo menos.
Como se
recuerda, Licona solicitó la declaración de emergencia sanitaria para conseguir
una exoneración que permitiera volver a adjudicar el proceso de la obra
inconclusa. Sin embargo, solo se le autorizó para la contratación de la
elaboración de los expedientes técnicos del equipamiento y del saldo de obra,
que fue otorgado a la española Árgola Arquitectos por 2 millones 44 mil soles,
empresa que también participa en el consorcio del hospital de Tacna.
Los TDR con
los que se licitó este servicio —de contratación directa— fueron alterados sin
consentimiento del área correspondiente, denunció entonces la ex directora de
supervisión regional Nelly Castañeda.
Por otro
lado, el programa televisivo ‘Palabra de Mujer’ del Cusco, destacó que en estos
TDR se consigna, por descuido, el número de un proceso de Tacna en lugar
de la licitación del Cusco.
La también
española GOC S.A. supervisó a Árgola en este trabajo.
En las
oficinas de Trust, en el sexto piso de un edificio de San Isidro, la mañana del
allanamiento el Ministerio Público también encontró una copia del contrato del
Hospital Lorena y una cédula de notificación fiscal a nombre de Héctor Durrels
Pérez, representante legal de GOC S.A.
En esta
disposición de la fiscalía, que da cuenta de una investigación a empresarios y
funcionarios —incluidos Licona y el entonces ministro de Salud, Aníbal
Velásquez— por esta contratación, se lee que el gobierno regional “de manera
deliberada habría realizado las invitaciones para presentación de propuesta y
adjudicación de los servicios a contratar a los 94 días”. Es decir, fuera de la
emergencia declarada por 90 días.
En un
‘post-it’ incautado, alguien consignó este dato: "Contrato 90 días y se
firma 94 días". Y como punto aparte, en el mismo papel escribió “salir en
programa para hablar de OAS que ellos han mejorado [sic]”.
Esto último
coincide con otra anotación de la agenda: “Equipamiento Lorena (OAS)".
Asimismo,
los medios cusqueños también fueron los primeros en advertir sobre el presunto
interés de Gustavo Salazar por coordinar con el propio Licona el asunto del
hospital. Alertaron de una inscripción que expresa el deseo de que la
adjudicación del saldo por construir y del equipamiento se entregue en un solo
paquete.
Edwin Licona
no respondió nuestras llamadas.
Otra hoja
que contiene un manuscrito con una grafía diferente, dentro de un folder del
Plan Copesco del Cusco, confirma la intención de agrupar procesos y da más
detalles.
Al lado de
las siglas MINSA (Ministerio de Salud), según se desprende del escrito, se
propone que un “especialista” recomiende que la adjudicación de la obra y del
equipamiento se hiciera dentro de un solo proceso.
De acuerdo
con el documento, este especialista tenía que ser puesto por “Chanamé”, a quien
medios del Cusco han señalado como César Chanamé Zapata, ex viceministro de
Prestaciones y Aseguramiento en Salud entre enero y agosto de 2015. Le
escribimos para solicitarle información, pero no conseguimos respuesta al
cierre de esta nota.
Hoy la
comisión Lava Jato del Congreso anunció que convocará a Licona, junto con René
Concha Lezama, ex presidente regional, a informar respecto a los casos de la
Vía de Evitamiento y de este hospital. Licona responderá además por las
inscripciones encontradas en las agendas de Salazar.
La supervisora
Los
documentos incautados a Salazar Delgado son testimonio de una inquietud
especial por las contrataciones del gobierno regional de Cusco. Entre ellas, la
Vía Expresa tiene su propio lugar, destacada más de una vez en los apuntes.
Alaín Alanoca,
consejero regional, advirtió que uno de los consorcios que postula para
supervisar los avances de esta obra tiene relación con José Francisco Zaragozá,
implicado en el presunto soborno a Jorge Acurio y aspirante a colaborador
eficaz.
Se trata de
Consorcio SEG-Proyecto, integrada por Sondeos, Estructuras y Geotecnia Sucursal
Colombia. Según la base de datos de la Sunat, Zaragozá es representante de la
sucursal peruana.
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