Por Herbert Mujica
Rojas
17-8-2017
Sostiene la
ministra de Energía y Minas, Cayetana Aljovín, que las operadoras que brindan
el servicio de energía eléctrica, tienen hasta 45 días para devolver lo que a
nadie consultaron y que se refiere al gasoducto del sur (Cobro de
Afianzamiento de Seguridad Energética, CASE). Ese dinero no hay que
buscarlo porque está en las cuentas corrientes o a plazos de estas empresas que
discretamente se allanaron a exaccionar al contribuyente durante largos meses.
Entonces si el
caballazo que hicieron para incluir un concepto que era un auténtico robo –no
hubo acuerdo, aquiescencia ni conformidad de ninguna especie por parte de los
usuarios- fue sistemático, mes a mes, paciente y cínicamente, ¿por qué hay que
aguardar tantos días para que sea devuelto?
¿O hay plazos
fijos que honrar en depósitos bancarios o cuentas secretas en que fueran
depositados aquellos ingentes fondos? ¿Quién o quiénes se benefician de este
negociado?
Años atrás ocurrió
lo mismo y los peruanos fueron víctimas de asalto en sus recibos de luz cuando
se trató de Camisea. Y muy poco o nada hicieron políticos, congresistas,
gobernantes, ministros, alcaldes o autoridades regionales.
¿Qué es lo que
invierten las grandes empresas que se hacen de concesiones si se trata de
enchufar a los usuarios un costo que ¡NUNCA MAS! debiera hacerse?
De repente alguna
gente cuerda en el Congreso se anima a investigar y determinar quién o quiénes
resultaron favorecidos con estos cobros ilegales. ¡Más aún, el detalle de los
mecanismos asaltantes tiene que salir a la luz: depósitos, plazos, gerentes,
operarios, burócratas de ministerios involucrados! El que las empresas de luz
sean privadas, no enerva ni inhibe que el escrutinio sea severo y castigador de
estos asaltos masivos.
Un conjunto de ley
o leyes debería preceptuar que no hay “impuestos” ficticios si no salen del
acuerdo expreso, escrito y razonado de los millones de usuarios que NO tienen
por qué reemplazar las carencias o pasar por alto las vivezas de supuestos
inversionistas en combinación con funcionarios del Estado en contratos claves.
La cárcel es el
destino de quienes le roban al Perú. Y la corrupción muta, refina sus métodos,
cambia de apellidos, pero igual roe, destruye anemiza y anquilosa a la Nación.
Pulverizarla y a sus portaestandartes es obligación de la ciudadanía sin
distinción de credo, raza o ubicación.
Así de simple.
¿Por qué 45 días para devolver lo robado?
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