Revista Insurrección
Más de 5 millones de toneladas de escombros, en un área de 75 hectáreas, se removerán de la Escombrera, un vertedero ubicado en la parte alta de la Comuna 13 de Medellín, luego del fallo jurídico dictado por la confesión de varios paramilitares, entre ellos “Don Berna”, jefe del bloque Cacique Nutibara de las AUC, que ubica ese lugar, como una de las fosas comunes que utilizaron en la década del 2000.
La investigación en la Escombrera, es un logro de la lucha persistente de las víctimas, organizaciones defensoras de Derechos Humanos y populares; quienes mantuvieron viva la búsqueda de verdad y justicia, a pesar del silencio y la negación del gobierno departamental y nacional durante estos trece años.
La remoción de escombros y la identificación de las personas asesinadas y desaparecidas por los grupos paramilitares, es el primer paso en la búsqueda de verdad. Sin embargo, la construcción de una paz estable y la no repetición de hechos como los vividos en esta Comuna, requieren el compromiso real del Estado para reconocer su responsabilidad directa y esclarecer las dinámicas propias de los conflictos urbanos y la urbanización del conflicto armado, para poder superarlos.
Para el modelo urbano que se quiere imponer con el proyecto paramilitar, el control sobre el sector de la comuna 13 y sus 22 barrios resultaba estratégico, por ser corredor para la salida del narcotráfico y por considerarse un territorio en resistencia popular contra el paramilitarismo, que ya invadía gran parte del territorio antioqueño.
Las operaciones Mariscal y Orión, que son el inicio del periodo de desapariciones y asesinatos masivos en las esas comunas, fueron ordenadas directamente por el presidente Álvaro Uribe Vélez y dirigidas por el comandante de la IV Brigada, el General Mario Montoya, hoy implicado en las investigaciones sobre los falsos positivos. Estas grandes operaciones de las Fuerzas Armadas, obedecen a la estrategia estatal de “despeje” del territorio urbano, para su posterior copamiento con sus fuerzas paramilitares.
El 21 de Mayo de 2002 se desarrolla la Operación Mariscal, con un despliegue de casi 900 efectivos de la policía, las Fuerzas Militares, la Fuerza Aérea, con el acompañamiento de la Fiscalía y el CTI. Bajo el discurso de retomar el control de la zona en manos de la insurgencia y “pacificarla”, se atacó a la comunidad durante doce horas. La rápida respuesta de organizaciones defensoras de Derechos Humanos y de la comunidad, impidió que la operación se desarrollara plenamente y que los paramilitares que esperaban la orden de entrada, tuvieran que replegarse.
Para el 16 de Octubre del mismo año, la operación Orión inicia con el despliegue de 3.000 efectivos, sincronizados con cientos de paramilitares encapuchados y uniformados. La toma de los barrios Belencito, El Corazón, 20 de Julio, el Salado, Independencia, Nuevos Conquistadores, se hizo utilizando helicópteros Black Hawk, ametralladoras M60, fusiles, tanquetas y acordonando la zona para impedir el ingreso de organismos defensores de Derechos Humanos y medios de comunicación. El día terminaba con un saldo de 8 desaparecidos, un civil muerto, 38 heridos y 355 detenidos, acusados de ser milicianos.
A partir de estas operaciones y bajo la militarización absoluta de la zona, se inicia el asesinato y la desaparición sistemática de los habitantes, muchos de ellos líderes comunales. Los enfrentamientos se reducen a cero, pero las muertes se mantienen e incrementan, así como las detenciones masivas y señalamientos públicos a habitantes de ser milicianos o colaboradores de la insurgencia.
De esta forma, Uribe traslada el destierro masivo a las ciudades, fenómeno de despoblamiento que se venía aplicando para el campo. Las viviendas desocupadas, fueron ocupadas por paramilitares activos y “desmovilizados”.
Contrario a la versión de los medios de comunicación y del mismo presidente Uribe, lo que hubo fue un ataque indiscriminado a la población, un desmembramiento del tejido social y la implantación, mediante el terrorismo, de un estado paramilitar urbano que aún hoy pervive.
La presencia del paramilitarismo en las ciudades garantiza la modernización urbana que se busca imponer. Centros de desarrollo financiero y administrativo, atractivos para la inversión privada y extranjera, manteniendo en la marginalidad y el control militar a la mayor parte de la población urbana, que subsiste en la informalidad de la economía del rebusque y bajo el miedo de las redes que ha generado el narcotráfico y las bandas de sicarios, prestos a eliminar cualquier asomo de inconformidad social o política.
Éste es un momento importante, donde las víctimas y sus organizaciones han logrado que, literalmente, no se le eche más tierra a la injusticia y debe ser un momento importante para que el pueblo colombiano exija la verdad sobre las acciones terroristas del Estado en asocio con sus grupos paramilitares, contra la población.
También es el momento para que, se reflexione profundamente, en las instancias institucionales y políticas, sobre los problemas que se viven en las ciudades, los conflictos profundos que se han generado allí, producto de las grandes desigualdades sociales y la guerra sucia, que sustentan el modelo de desarrollo urbano en el país.
La paz implica erradicar la doctrina terrorista del Estado y sancionar a los criminales de guerra que la impulsan, como los autores materiales e intelectuales que masacraron a quienes se encuentran en la gran fosa común de La Escombrera.
Fuente: Revista Insurrección N° 488
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